Continuando con la ola de confiscaciones ilegales de los bienes de las más de tres mil organizaciones no gubernamentales (ONG) cerradas en los últimos cinco años, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó la toma del Centro Recreativo Xilonem, ubicado en el municipio de Condega, departamento de Estelí.
La activista y defensora de derechos humanos, Haydeé Castillo, denunció que la confiscación ilegal de este centro ocurrió la tarde de este martes 20 de junio.
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«La Policía orteguista acompañada de la operadora Mery Johana Hernández T. se toma el Centro Recreativo Xilonem, propiedad de la Asociación pro Recreación, Educación y Orientación Juvenil (Aproroj)», donde funcionaron por 16 años las oficinas de la Red de Mujeres de Condega, denunció Castillo.
A finales de mayo de 2022, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de la Asamblea Nacional canceló la personería jurídica de la Asociación Red de Mujeres de Condega para la Formación y Desarrollo Integral (Red de Mujeres de Condega) y de la Asociación Pro Recreación, Educación y Orientación Juvenil (Aproroj).
Constitución Política prohíbe confiscaciones
La confiscación de los bienes de estas empresas y organismos es una clara violación al artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua que “garantiza el derecho de propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles, y de los instrumentos y medios de producción”.
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Ese artículo también establece que estos bienes solo “pueden ser objeto de expropiación de acuerdo a la Ley”. Y lo que la ley establece es que en los casos necesarios esta se realice “previo pago en efectivo de justa indemnización”.
El artículo 44 de la Carta Magna también establece que “se prohíbe la confiscación de bienes” y que los funcionarios que infrinjan esta disposición “responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos”.
Más de 3 mil ONG han sido canceladas en Nicaragua
A partir de diciembre de 2018 el régimen orteguista comenzó la cancelación de ONG que eran dirigidas por personas críticas a su gobierno, en medio de un contexto de represión contra las protestas civiles que estallaron en abril de ese año.
Desde 2018 a la fecha han sido canceladas más de 3,300 ONG, entre las que se cuentan más de 40 por “disolución voluntaria”.
