Una resolución del Parlamento Europeo pidió este jueves que el gobierno de Nicaragua proporcione pruebas de vida del obispo católico Rolando Álvarez, y demandó que la Unión Europea incluya a Daniel Ortega en la lista de sancionados.
El documento aprobado en el Parlamento Europeo, sin carácter vinculante, demanda “que se demuestre que el obispo Rolando Álvarez está vivo”, y refuerza el “llamamiento en favor de su liberación inmediata e incondicional” así como a “todos los presos políticos”.
En marzo, medios oficialistas divulgaron fotografías y un corto video donde se puede ver al obispo Álvarez recibiendo la visita de familiares en la cárcel La Modelo, de Tipitapa.
En febrero de este año, Álvarez fue condenado a más de 26 años de cárcel y además privado de su nacionalidad nicaragüense y sus derechos ciudadanos a perpetuidad.
Tensiones entre el régimen y el Vaticano
El caso de Álvarez es motivo de tensiones entre Ortega y la Iglesia católica, en un contexto en que las relaciones de Nicaragua con el Vaticano están al borde de la ruptura total.
El encargado de negocios del Vaticano en Nicaragua, Marcel Diouf, abandonó el país el 17 de marzo. Hace un año Ortega expulsó al nuncio, Waldemar Stanislaw Sommertag.
Insisten en sanciones
La resolución adoptada este miércoles por los eurodiputados (la séptima de este legislatura sobre Nicaragua) condena la “comisión generalizada de violaciones sistemáticas y deliberadas” de derechos humanos en ese país.
Los legisladores también piden que la UE “amplíe la lista de personas y entidades sancionadas para incluir a Daniel Ortega y su círculo más cercano”.
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La UE mantiene a 21 funcionarios nicaragüenses en su lista de sancionados.
El paquete original de sanciones de la UE contra Nicaragua había sido adoptado en 2019 e incluía a seis personas, aunque la lista de sancionados fue gradualmente aumentando, incluyendo a hijos de Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Todas estas personas tienen vetada la obtención de visas para ingresar a la UE, y eventuales activos que posean en la Unión Europea resultan congelados.
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La resolución insta a activar la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación UE-Centroamérica y anima a la UE y los Estados miembros a incluir garantías específicas de respeto de los derechos humanos en lo que respecta a los fondos europeos asignados, también cuando se canalicen a través de instituciones multilaterales como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Deportación y privación de la nacionalidad de presos políticos
El texto condena la deportación de 222 presos políticos el pasado febrero, así como la privación de su nacionalidad y de sus derechos civiles y políticos. El PE recuerda que la privación arbitraria de la nacionalidad está prohibida por el Derecho internacional y pide la revocación inmediatamente de estas medidas y que se ponga fin a la persecución y represalias contra los disidentes.
El Parlamento insta por último a los Estados miembros a iniciar, a partir de las pruebas recopiladas por el Grupo de Expertos de la ONU sobre derechos humanos, investigaciones formales sobre crímenes contra la humanidad, ejerciendo la jurisdicción universal.
Entre otros crímenes, el GHREN ha documentado ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y actos de tortura física y psicológica, que incluían violencia sexual y de género, en el contexto de la detención, el interrogatorio y la reclusión de opositores políticos.
El régimen nicaragüense debe, a juicio del PE, rendir cuentas ante la Corte Internacional de Justicia por la violación de la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Con información de AFP