Una jueza orteguista condenó en audiencia secreta y sin derecho a defensa privada a seis opositores que fueron encarcelados en abril pasado, en el marco del quinto aniversario de la rebelión cívica de 2018. Sus casos ahora se encuentran en el Juzgado Segundo Distrito Penal de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria Circunscripción Managua.
Las mujeres condenadas por el régimen son Brenda Lee Baldelomar Alemán y Hazel del Socorro Martínez Ulloa, ambas de Chinandega; Martha Lorena Centeno Marín, de Managua e Ivonne Patricia Espinoza Hurtado, de Boaco, según confirmó LA PRENSA.
Asimismo fueron condenados Luis Enrique Palma Obando y Anner Herrera. La fase del proceso se encuentra en ejecución y se desconoce el o los delitos que le imputan.
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El pasado 24 de abril fueron acusados ante la jueza Ana María Vado Miranda, titular del Juzgado Cuarto Local Penal de Managua, quien se encargó de dictar la sentencia.
Como testigos figuraron cuatro oficiales de la Policía al servicio del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo identificados como el teniente Óscar Álvarez Manzanares; el inspector Miguel Ángel López Rivas; el policía Jorge Luis Silva Espinal y los capitanes Óscar Antonio Vasquez Ramos y Harold Fernando Rosales Rosales. Este último declaró en el juicio en lugar de la perito, la ingeniera Daniela Grillo Moreno.
Como víctima u ofendido figura el Estado de Nicaragua.
Denuncian anomalías
La abogada defensora de presos políticos Yonarqui Martínez dijo a LA PRENSA que al estar condenados y pasar a ejecución en los primeros días de junio «eso te dice que ellos fueron condenados desde mayo».
Martínez subrayó que estos casos carecen de legalidad desde el momento de la detención y cuando no cumplen con lo que establece la Constitución Política y el Código Procesal Penal «porque ni siquiera tienen derecho a un abogado privado, esto indica que las anomalías cometidos contra las víctimas puedan ser documentados».
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Agregó que al no permitir que un abogado de su elección se haga cargo de la defensa «esto vulnera más los derechos de los acusados» debido a que «los abogados de oficio no van a señalar las inconsistencias y la falta de requisitos de la acusación».
En esa misma línea, Yader Morazán, exfuncionario del Poder Judicial y experto en Administración de Justicia, explicó que en estos casos la sentencia y condena quedaron firmes porque «el defensor no jugó un rol activo como abogado defensor».
En cuanto a los testigos que declararon en contra de las víctimas, Martínez denuncia que «esos policías que llegan nada más a cumplir la función de aprenderse un guión y esa es la prueba, en la mayoría de estos casos, el 90 por ciento, las pruebas son ilegales, inexistentes e insuficientes».
