Desde el estallido de la crisis sociopolítica en el país, en abril de 2018, las acusaciones de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de la Iglesia católica nicaragüense han ido en escala, desde señalar públicamente a los obispos de “terroristas, golpistas y traidores a la patria”, hasta abrir actualmente una investigación por “lavado de dinero”.
El obispo de la Diócesis de Danlí, Honduras, monseñor José Antonio Canales, y el exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, coinciden en que esta última acción del régimen demuestra al mundo que no tienen “límites”, y advierten que las consecuencias para los líderes religiosos en el país pueden ser peores en un futuro no muy lejano, si no se le pone un freno a Ortega y Murillo.
La Policía —principal brazo opresor de la dictadura orteguista— informó el pasado sábado 27 de mayo sobre la investigación que realiza y la apertura de un proceso contra la supuesta red de lavado de dinero a la que pertenecen varias Diócesis del país, cuyas cuentas bancarias han sido congeladas.
“Es toda una cadena de acusaciones y si no rectifica esta gente, porque yo siempre mantengo la esperanza de que estas personas por muy oscuro que tengan el camino puedan encontrar una luz, las acusaciones serán otras en un futuro cercano. Están tratando de ahorcar a la Iglesia, el propósito es acabar con la única institución con la que no han podido y no van a poder tampoco”, expresó el obispo hondureño.
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Monseñor Canales dijo que la Iglesia católica de Nicaragua “es la piedra en el zapato” del régimen, porque “ya han eliminado toda injerencia internacional que puedan tener en el país”, señalando que “ya eliminaron a más de tres mil ONG, incluso hasta con la Cruz Roja, siendo esta una institución a nivel mundial muy respetada, porque el proyecto del gobierno ilegal que tiene Nicaragua es instaurar un estado totalitario”, manifestó.
“Entonces la Iglesia católica de Nicaragua es una de las más grandes de Centroamérica, y ellos (el régimen) no quieren catolicismo en el país y en un estado totalitario solamente existe el gobierno y nada más”, agregó monseñor Canales.
Amenazas para el cardenal Brenes
En el marco de esas supuestas investigaciones, la Policía aseguró que hallaron “centenares de miles de dólares escondidos en bolsas ubicadas en instalaciones pertenecientes a las Diócesis”.
También detallan que la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (Siboif) solicitó a la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) y al cardenal Brenes, en su calidad de “jefe de la Iglesia”, que presenten los documentos que justifiquen los movimientos de las cuentas bancarias de las Diócesis.
A lectura del exembajador Arturo McFields, existe una “amenaza real e inminente” en contra del arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo José Brenes. “Le apuntan con todo el aparataje legal, le echan al poder judicial, a la Policía, la Fiscalía, a la unidad de análisis financiero, o sea, apuntan con toda la artillería pesada contra la Iglesia y el cardenal”, señaló.
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“Ortega está probando las aguas”, alertó McFields y agregó que al cardenal lo “pueden detener bajo cualquier excusa, (argumentando que) no lo estamos encarcelando, lo estamos deteniendo para investigación a fondo. Ortega trabaja poco a poco, primero lo señala y lo cita para que rinda cuentas, luego lo puede detener para que brinde mayores datos sobre esa investigación y finalmente un fallo ejecutorio exprés, ya lo hemos visto antes”, argumentó el exembajador.
Para McFields, el régimen “está apuntando en esa dirección para demostrar que en Nicaragua la autoridad total de la Iglesia también la tiene él y no el Vaticano, al igual que sucede en China. Ortega estaría queriéndose convertir en el primer dictador que encarcela a un cardenal en la historia de Nicaragua”, agregó.
La ONU es la última instancia que puede mediar con Ortega
Monseñor Canales recordó que Nicaragua es un Estado que vive en “permanente desacato”, como lo declaró la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en noviembre de 2022.
El obispo concluye que al régimen de Nicaragua “no le importa lo que digan los organismos internacionales”, sin embargo, apunta a que la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) podría como última instancia mediar para solucionar la crisis del país.
“Creo que la última luz de esperanza que hay en el camino sería que el secretario general de la ONU (António Guterres) tomara el asunto de Nicaragua como personal, y pudiera solicitar que una comisión de la ONU pudiera ir al país y conversar directamente con ellos, porque es la única institución que puede mediar a estas alturas, no creo que haya otra”, indicó monseñor Canales.
Persecución religiosa
La organización opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), este 31 de mayo señaló a Ortega de establecer la “persecución religiosa” como una política de Estado, luego de conocerse las acusaciones de lavado de dinero contra la Iglesia católica.
“Recientemente la dictadura ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de las nueve Diócesis y sus respectivas parroquias, al tiempo que ha acusado a la Iglesia católica de lavado de dinero y le ha abierto un proceso por ello”, indica el comunicado de la UNAB.
Además denuncian que el régimen “ordenó la confiscación de las instalaciones del Instituto Técnico Santa Luisa de Marillac en (el municipio) San Sebastián de Yalí y expulsó del país a las religiosas que lo regentaban”.
“Estas gravísimas acciones son parte del modelo represivo que la dictadura ha impuesto con un estado totalitario afianzado y que persigue aniquilar totalmente cualquier espacio mínimamente independiente”, agregan.
A la vez señalan que “el encarcelamiento del obispo Rolando Álvarez, condenado a (más de) 26 años de prisión y que está actualmente en condiciones infrahumanas, es la expresión más grave de esa política. A él se suman otros tres sacerdotes que se encuentran en prisión actualmente”.
Recuerdan también que “la dictadura ha expulsado del país a decenas de sacerdotes y religiosas, ha confiscado medios de comunicación y organizaciones vinculadas a la Iglesia católica, ha liquidado y confiscado escuelas parroquiales y órdenes religiosas”.