Especialistas en prevención de blanqueo de capitales advirtieron que en el comunicado de la Policía sobre supuesta “actividad ilícita” de manejo de fondos en las cuentas de las Diócesis hay un señalamiento “muy delicado”, que puede tener graves consecuencias para los bancos del país.
“El resultado de las investigaciones confirmó la sustracción ilegal de recursos de cuentas bancarias que se había ordenado por Ley congelar, así como otros ilícitos que todavía están siendo investigados como parte de una red de lavado de dinero que se ha descubierto en Diócesis de distintos Departamentos,” reza el comunicado.
A criterio de conocedores del tema de prevención de lavado, es imposible que los bancos hayan permitido la sustracción de recursos “de cuentas bancarias que se había ordenado por Ley congelar”, ya que eso los expondría a fuertes sanciones.
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Ley prohíbe a los bancos incluso informar a los afectados
Contrario a lo que afirma la Policía, la queja, sotto voce, de los afectados es que los bancos no les dan ninguna explicación sobre la inmovilización de sus cuentas.
De acuerdo con lo establecido en el marco legal vigente, mientras la autoridad judicial no convalida la información, los bancos no pueden informar a los afectados que sus cuentas serán o fueron congeladas.
El artículo 25 del reglamento de la Ley 977, Ley Contra el Lavado de Activos, establece que bajo ninguna circunstancia los bancos como “Sujetos Obligados y demás destinatarios de las listas podrán revelar a las personas y organizaciones designadas que procederán o han procedido a inmovilizar sus fondos u otros activos a partir de la recepción de las listas remitidas por la Unidad de Análisis Financiero, hasta que sea convalidada por la autoridad judicial.
Por lo tanto, “bajo ninguna circunstancia y mucho menos en el actual contexto de acoso gubernamental al sector privado, los bancos ni ningún otro sujeto obligado se habría prestado a violentar la ley. Eso los expondría a recibir sanciones severas y en este momento nadie se expondría a eso”, asegura un especialista en prevención de lavado de activos que por temor solicita anonimato.
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Imposible que bancos se expusieran a sanciones
Ante las prohibiciones que establece la ley, los especialistas consideran imposible que los bancos hayan permitido que se retirara dinero de cuentas que las autoridades ordenaron congelar, ya que esto expondría a la institución involucrada a sanciones severas.
“Eso es imposible a menos que fuese previo al congelamiento, una vez congelada la cuenta queda inactiva, no se puede realizar ninguna operación… Si fuese el caso, más bien podrían sancionar al banco, porque existen procedimientos establecidos en la banca”, señala otro especialista que también pidió anonimato.
A criterio de los especialistas, el señalamiento de la Policía de que se realizaron retiros de cuentas congeladas pone a los bancos como participantes de la comisión del delito en calidad de cooperadores necesarios.
“Esa es una situación muy delicada, es un problema también para el banco. Estos son señalamientos muy graves y los bancos no se prestarían a eso”, asegura un especialista.
La Ley 977 en su artículo 42 establece que los bancos como sujetos obligados “deberán dar cumplimiento a las órdenes de inmovilización de fondos o activos que les sean notificadas conforme esta Ley y mediante el reglamento que apruebe el presidente de la República. Los Sujetos Obligados deberán informar a las autoridades competentes sobre los fondos o activos inmovilizados o las acciones emprendidas en cumplimiento de las órdenes de inmovilización, incluyendo los intentos de operaciones”.
Policía dice que encontró “cientos de miles de dólares” en bolsas
Según el comunicado que divulgó la Policía el sábado 27 de mayo, el viernes 19 de mayo de 2023 la institución recibió información sobre “la realización de actividades ilícitas en el manejo de fondos y recursos en cuentas bancarias que habían pertenecido a personas condenadas” por el supuesto delito de traición a la patria.
Hasta ahora el único líder de la Iglesia católica condenado por ese delito es el obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel el pasado 9 de febrero, después de negarse a subir a un avión en el que lo desterrarían junto con otros 222 presos políticos. Desde entonces permanece en una celda de máxima seguridad del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo.
Entre las cuentas bancarias que el régimen congeló inicialmente están las de las Diócesis de Matagalpa y Estelí.
Otro dato curioso del comunicado es que según la Policía encontraron “cientos de miles de dólares escondidos en bolsas ubicadas en instalaciones pertenecientes a las Diócesis del país”.
Esta afirmación de la Policía del régimen llama la atención ya que el edificio sede de la Curia Episcopal de Matagalpa, que es la sede del obispado, permanece ocupado por la Policía desde el 22 de agosto de 2022.
Asimismo, sacerdotes y religiosos han vivido desde hace meses bajo el constante acoso de la dictadura, lo que ha resultado en varios arrestos de sacerdotes.
Es decir que desde hace nueve meses la sede de la Curia de Matagalpa está en poder de la Policía y toda la Diócesis vive en un estado de zozobra.
