El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, además de perseguir, secuestrar y encarcelar ilegalmente a diversos críticos de sus crímenes de lesa humanidad, ha arremetido contra sus derechos civiles y políticos para suprimir cualquier participación de estos opositores en el país como ciudadanos nicaragüenses.
Actualmente el régimen mantiene en las cárceles a 37 opositores privados de libertad, sin embargo Daniel Ortega afirmó en un acto público que estos se encontraban detenidos “por otras razones”, no “políticas”. El abogado Carlos Guadamuz afirmó a LA PRENSA anteriormente que esta actitud del régimen es para demostrar fortaleza.
“Debe dar señales a sus bases que todavía conserva (presos políticos) para mostrar algún signo de fortaleza, que en estos momentos evidentemente está debilitado por el reciente contexto que no le favorece”, dijo el abogado y también defensor de derechos humanos del Colectivo Nicaragua Nunca +.
Ex presos que perdieron la oportunidad de continuar con sus estudios
Algunos de los exprisioneros políticos fueron expulsados de sus recintos universitarios porque estudiaban en universidades públicas que son controladas por el régimen. Otros no pudieron continuar con sus estudios porque luego de su participación política en los espacios organizados temían por su integridad física.
En el caso de John Cerna y Kevin Solís, habían obtenido la oportunidad de continuar sus estudios luego de haberlos dejado a raíz de la crisis política en abril de 2018. Sin embargo, la dictadura los detuvo en 2020 privándolos de sus sueños de convertirse en profesionales. Aunque estos jóvenes, ahora en exilio, han afirmado que no han abandonado su meta de culminar sus carreras.
John Christopher Cerna, conocido como el Tigrillo, entró a estudiar en el IES, la parte privada de la Universidad Nacional de Ingeniería. Participó en la toma de su antigua alma mater, fue herido de gravedad en mayo de 2018; estaba a dos clases de culminar su carrera, pero las autoridades universitarias dieron por perdido su registro académico. Por suerte pudo conseguir sus registros por medio de unos amigos.
La Universidad Centroamericana (UCA) le dio la oportunidad de darle continuidad a sus estudios en sus aulas de clases. Sin embargo, fue detenido en febrero 2020 y trasladado al Chipote, donde permaneció casi tres años en la celda de máxima seguridad conocido como el Infiernillo, en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, La Modelo.
Asimismo, el exreo político Kevin Solís fue recapturado el 6 de febrero de 2020, tres días después de haber entrado a la UCA. El primer año ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-Managua), y el segundo en la Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (Unicyt) para cursar la carrera de Derecho.
En 2018, Solís estaba trabajando en la Corte Suprema de Justicia y se involucró en las protestas. En julio de ese año fue detenido, permaneciendo casi nueve meses en prisión. En la segunda detención, en 2020, estuvo en el Infiernillo.
Sin embargo, el régimen orteguista ha atentado contra la libertad académica estatizando y cerrando centros de pensamientos. Expertos y académicos que han hablado en diversas ocasiones con LA PRENSA han señalado que esto atenta contra la educación superior y que podría repercutir directamente en otras áreas.
Exprisioneros políticos a quien les anularon sus títulos universitarios
La dictadura también arremetió contra las carreras profesionales de algunos ex presos políticos y parte de los 94 a quienes también despojó de su nacionalidad. El pasado 11 de mayo la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió la profesión de abogados y notarios públicos a 25 nicaragüenses. Anteriormente, estos habían sido despojados de su nacionalidad por considerarlos “traidores a la patria”.
“De conformidad con el ordenamiento jurídico nicaragüense y normativas que rigen la profesión de abogado y notario público, estas personas no pueden ostentar el título, ni ejercer la profesión de abogado y notario público, ya que perdieron el derecho de ejercer dicha profesión, en virtud de haber perdido la nacionalidad nicaragüense”, destacaron las resoluciones.
En esta lista figuran los ex reos políticos Edgard Francisco Parrales Castillo, José Bernard Pallais Arana, Noel José Vidaurre Argüello, Ana Margarita Vijil Gurdián, María del Socorro Oviedo Delgado, Róger Abel Reyes Barrera y María José Camacho Chévez.
Estos siete ex reos políticos desterrados fueron detenidos en lo que se consideró la cuarta etapa de represión de la dictadura orteguista. Agentes de la Policía y grupos de choque al servicio de Ortega y Murillo capturaron a más de 60 críticos, entre ellos estaban líderes estudiantiles, empresarios, exprecandidatos presidenciales, defensores de derechos humanos, líderes campesinos y periodistas.
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Estos siete abogados que fueron suspendidos de su carrera profesional fueron enjuiciados y sentenciados a entre 8 y 13 años de cárcel por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”. Luego de más de 18 meses en prisión, fueron desterrados el pasado mes de febrero.
