El monitoreo Azul y Blanco que se dedica a registrar las violaciones a derechos humanos cometidas por el régimen de Daniel Ortega en contra de ciudadanos opositores, reporta un total de 181 incidentes ocurridos entre 1 y el 16 de mayo.
Según cifras divulgadas en el reporte especial elaborado por el organismo, en Nicaragua se registraron 80 procesos de judicializaciones arbitrarias, 65 detenciones de expresos políticos, 19 casos de hostigamientos, 11 casos de amenazas y 6 allanamientos.
En esas semanas, el régimen realizó una redada en contra de opositores y periodistas a quienes mantuvo encarcelados por horas, fueron interrogados y posteriormente liberados bajo la condición de que deben presentarse a firmar todos los días.
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Por otro lado, el organismo aclara que, del total de incidentes registrados hay algunos en que se presentaron más de un tipo de característica violatoria a los derechos humanos, por ejemplo, casos en los que hubo hostigamiento y agresiones.
De igual manera, el reporte señala que las cifras aún continúan en verificación. “Debido a la falta de información y al clima de represión, puede que las cifras expuestas sean mayores”, advierte el organismo.
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Terrorismo de Estado en Nicaragua
Por su parte, el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (CALIDH) señaló en un comunicado que el régimen de Ortega está implementando el terrorismo de Estado en contra de los ciudadanos que se oponen a la administración orteguista.
“El terrorismo de Estado es propio de los regímenes cuya finalidad es actuar al margen de las herramientas legales en perjuicio de la población del Estado con actos sistemáticos que producen temor en los ciudadanos”, señaló CALIDH.
El organismo señala que esta medida ya la había aplicado el régimen para acallar las protestas en 2018 y que actualmente la está utilizando para consumar un Estado totalitario sin ningún tipo de disidencia a lo interno del país y para producir “efectos profundos de quebrantamiento moral de los ciudadanos con el fin de imponer una falsa noción de normalidad y paz”.
Según CALIDH, el terrorismo de Estado se ha acentuado desde 2022. “Cada acto, aunque parezca dirigido a una persona o sector, busca producir efectos en el conglomerado”, se lee en el comunicado.
Ejemplos de esos actos que buscan enviar un mensaje serían los ataques a la Iglesia Católica, que tratan de amedrentar a los religiosos y feligreses, expone CALIDH, así como el destierro de los 222 excarcelados políticos que busca hacerle saber a la población que quien se oponga al régimen, además de ser encarcelado, puede ser expulsado del país.
De igual manera, CALIDH considera que las detenciones generalizadas y la presentación periódica de los afectados para firmar, es para enviar el mensaje de que “en Nicaragua no puede existir ni oposición, ni disidencia, so pena de cárcel”.
