Este martes 16 de mayo se cumplen cuatro años del asesinato del reo político Eddy Montes Praslin, de 57 años, a manos de un centinela del Sistema Penitenciario Jorge Navarro, La Modelo, de Tipitapa, y pese a que funcionarios del régimen de Daniel Ortega aseguraron a nivel nacional e internacional que había una “investigación abierta” desde el mismo día del asesinato, a la fecha no han esclarecido el caso y ni siquiera hay un solo acusado por dicho crimen.
La abogada de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Leyla Prado, defensora de Montes desde que fue ilegalmente detenido por participar en marchas de protesta contra el régimen en Matagalpa, afirma que existe “una complicidad total entre el Gobierno, la Policía, el Ministerio Público y el Sistema Penitenciario Nacional” para que el asesinato de Eddy Montes permanezca en la impunidad.
“Desde que este crimen ocurrió, porque fue un asesinato, una ejecución, CPDH a través de mí, fue a poner la denuncia con la familia al Ministerio Público, solicitando la investigación. La primera vez nos recibieron el escrito de la denuncia, pero las siguientes veces que tratamos de interponer otros escritos ya no nos permitían ni siquiera el ingreso. La negativa era desde la entrada del Ministerio Público”, recordó Prado.
Esta acción en su momento fue denunciada por la abogada ante los medios de comunicación, “cuando todavía se podía hacer ese tipo de denuncias públicas”, señaló desde su exilio en Estados Unidos.
La abogada hace hincapié en que la CPDH estaba instando a una investigación, cuando el Ministerio Público tiene la facultad de investigar delitos de manera oficiosa, es decir, “aún sin que la víctima gestione, ellos por ley están obligados a investigar”, porque el asesinato de Montes ocurrió bajo la responsabilidad de las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional y del Estado. Sin embargo, “no lo hicieron y ninguna autoridad dio respuesta”, lamentó Prado.
Régimen se burló de la familia y de la OEA
Montes fue asesinado el 16 de mayo de 2019, entre la Galería 16 y 17 de la cárcel La Modelo —que en ese momento formaban una sola— por un custodio de esa institución que disparó su arma de reglamento (AK-47) contra los presos políticos, que en ese entonces eran más de cien.
El régimen, a través del Ministerio de Gobernación, confirmó la muerte de Eddy Montes esa misma tarde, pero indicó que se dio durante un “amotinamiento” donde Montes supuestamente trató de arrebatar el arma de reglamento a un funcionario y que en medio del forcejeo el guardia disparó. Esta versión ha sido desmentida por los más de cien excarcelados políticos que compartían celdas con él.
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Mientras que cinco días después de los hechos, el exvicecanciller de Ortega, Valdrack Jaentschke, afirmó en una sesión ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) que “un equipo técnico de investigadores policiales y peritos de Criminalística se hizo presente el mismo día a las 6:20 de la tarde, donde se mantiene realizando las investigaciones en el establecimiento penitenciario”, pero hasta el momento no existe ninguna conclusión pública sobre esa investigación.
Incluso Prado señaló que luego de las declaraciones de Jaentschke ninguna instancia estatal ha contactado a los familiares de Eddy Montes.
“Jamás se le dio parte a la familia, jamás se le dijo que esa investigación había iniciado. Lo que ellos dijeron en ese foro es una total falsedad, porque lo que hay es una total impunidad, falta de justicia y una complicidad total entre el Gobierno, la Policía, el Ministerio Público y el Sistema Penitenciario Nacional. A cuatro años, la falta de acceso a la justicia está más que palpable y evidente en el caso de Eddy Montes”, expresó Prado.
Nunca investigaron
Un exembajador nicaragüense opinó que “el régimen nunca investigó y nunca informó más que su mentirosa versión” que a su criterio “es parte de una brutal deuda que tiene el gobierno de Ortega con la justicia nacional e internacional, por miles y miles de casos de muertos, presos, desaparecidos, en los últimos cinco años”.
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“Lo que pasa es que el asesinato de Montes tiene el agravante que lo mataron estando en la cárcel, estando bajo la responsabilidad del Sistema Penitenciario y del Estado, y eso es una grave violación al derecho internacional humanitario”, agregó el exembajador, quien prefiere mantenerse en el anonimato.
Terrorismo de Estado
El exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, coincide en que la impunidad campea en Nicaragua y tristemente, el caso de Eddy Montes es una muestra más de ello.
“Lo que es peor aún, es que además de ser un prisionero de conciencia, hasta ahora la familia no conoce la manera en la que Eddy murió, el gobierno de Daniel Ortega que tiene el control total de los poderes en Nicaragua, no realizó hasta ahora ninguna diligencia por esclarecer realmente lo que le sucedió a Eddy, y a otras tantas personas privadas de libertad que han sido sometidas a torturas y malos tratos en el país”, comentó Abrão.
“No me cansaré de repetir que en Nicaragua existen todas las características de un terrorismo de Estado y esto no puede continuar así. Duele, porque además esta situación le impide a la familia, amigos y compañeros de Eddy dar un cierre real a toda esta pesadilla que están viviendo hace años”, agregó el exsecretario ejecutivo de la CIDH en su mensaje por los cuatro años del asesinato del matagalpino.
Régimen no permitió una investigación privada
El Instituto de Medicina Legal negó los resultados de la autopsia y otras pruebas a la familia de Montes, que a través de la CPDH inició una investigación con forenses privados por no creer en la versión estatal, pero que también fue bloqueada por las instancias del régimen.
Prado relató que varios presos políticos que fueron excarcelados bajo la Ley de Amnistía —promovida por el régimen para buscar la impunidad de los policías y parapolicías—, y que presenciaron el asesinato de Montes se acercaron a la CPDH para proporcionar voluntariamente sus testimonios de lo que pasó ese día.
La abogada indicó que a partir de esos testimonios, el secretario ejecutivo (de CPDH), Marcos Carmona, dispuso que se iniciara una investigación autónoma que contó con el acompañamiento y apoyo de la embajada norteamericana, al ser Eddy Montes también ciudadano estadounidense.
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“En estas gestiones CPDH dispuso con la ayuda de la embajada americana que se nombrara un forense independiente porque no había confianza de la autopsia que se le realizó en el Instituto de Medicina Legal, porque obviamente, ellos estaban queriendo tapar el crimen, no iban a dar una autopsia apegada a la ley, transparente, todo lo contrario. Entonces, esa gestión se hizo, pero todo fue boicoteado, siempre se pusieron trabas a todas las diligencias que tratábamos de realizar, nos intimidaron, nos persiguieron, para obstaculizar y que no pudiéramos recabar más elementos para nuestra investigación autónoma”, manifestó la abogada.
Prado se exilió en Estados Unidos en septiembre de 2019, luego de recibir amenazas de muerte y secuestros contra su familia por paramilitares.
La instancia internacional
Tras intentar agotar sin éxito todas las vías internas, Prado indica que lo que queda es presentar formalmente una demanda ante la CIDH para que el Estado de Nicaragua responda ante instancias internacionales por el asesinato de Eddy Montes.
“Lamentablemente no íbamos a agotar las vías internas como manda la ley para ocupar las instancias internacionales, porque incluso con la hija de Eddy, Eddy Jafet Montes, casi nos llevan detenidas, las patrullas siempre andaban detrás de nosotros, en esos días yo sufrí un atentado en mi vehículo, fue una situación que hasta expusimos nuestra propia vida con este caso. Entonces, ahora desde el exilio y las demandas de justicia de la familia que están siempre permanentes, estamos haciendo esa valoración de acudir a las instancias internacionales”, dijo Prado.
Según la abogada, quien mantiene contacto permanente con la hija mayor de Montes, la familia del matagalpino tiene “mucho coraje e impotencia por ver un gobierno tan indolente y de cómo actúa con impunidad ante la muerte de su padre, es decir, el sentimiento que ella ha tenido es de impotencia, frustración ante el actuar del Gobierno. Pero sí tiene fortaleza por no cansarse de pedir justicia por el asesinato de su padre y a cualquier instancia a la que sea necesario que ella comparezca, ahí estará”, agregó la abogada.
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Al tomar está decisión, Prado está segura de que el Gobierno estadounidense apoyará las gestiones que hagan desde CPDH y la familia de Montes, como el apoyo que recibieron en Managua.
Por su parte, Abrão expresó su “compromiso y convicción para apoyar en todos los procesos necesarios para volver a la vía democrática y de Estado de derecho en Nicaragua”. “Le digo a la familia de Eddy y de tantas otras personas que han dado la vida por volver a tener un país donde se viva con dignidad y en libertad que la esperanza es lo último que muere, y lo más importante: es lo primero que nace. En Nicaragua todavía hay esperanza”, afirmó el exsecretario ejecutivo de la CIDH.