La periodista nicaragüense Tifani Roberts, radicada en Estados Unidos, confirmó a LA PRENSA que una fuente confiable, «con indignación» le reveló que al obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, a quien la dictadura orteguista convirtió en uno de sus presos políticos, “lo tienen en una celda oscura y hace sus necesidades biológicas en un hoyo».
Como parte del trato cruel, inhumano y degradante ordenado por el dictador Daniel Ortega, el jerarca católico «se limpia con sus manos» porque «no le permiten papel higiénico», dijo la fuente a Roberts.
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El defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, señaló que esos tratos han sido la característica de cómo la dictadura ha sometido a las personas presas políticas en el país, pero contra monseñor Álvarez ha sobrepasado los niveles de crueldad.
«Si con crueldad, con saña, han tratado en general a las personas presas políticas, el caso del obispo Álvarez está confirmado que el trato contra él es un castigo al máximo nivel», señaló Carrión.
Carrión recordó que el 9 de febrero pasado, cuando monseñor Álvarez se negó a abordar el avión junto con el grupo de 222 presos políticos que fueron desterrados hacia Estados Unidos, fue el propio «tirano» (Daniel Ortega), quien acompañado de su esposa y cogobernante designada Rosario Murillo, «se refirió con nombre y apellido contra el obispo Álvarez con mucho odio».
«Lo que demuestra es el nivel de opresión al más alto nivel, ordenado por ellos, Ortega y Murillo dijeron que lo habían trasladado a La Modelo. Ordenando incluso que lo condenaran al día siguiente sin juicio y lo despojaran de todos sus derechos con una condena de más de 26 años de cárcel. En coherencia a ese estado de terror, ellos (Ortega y Murillo) son los responsables de los actos de tortura, tratos crueles e inhumanos y degradantes que está sufriendo el obispo Álvarez, tratos que constituyen crímenes de lesa humanidad», dijo Carrión.
Ortega no ha logrado doblegar la dignidad del obispo
El abogado Danny Ramírez Ayerdis, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh), coincide por separado con Carrión sobre los tratos contra monseñor Álvarez, lo que califican en el marco de terrorismo de Estado.
A lectura de Ramírez, lo que la dictadura busca «es doblegar la moral del obispo, a través de infringir tratos crueles, inhumanos y degradantes. Todo eso que está viviendo monseñor son graves violaciones del derecho internacional, son crímenes de lesa humanidad, como parte de la persecución general que está viviendo la Iglesia católica en Nicaragua».
«El régimen sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad al mantenerlo privado de su libertad bajo esas condiciones, que también han sido confirmadas por Calidh», sostuvo Ramírez.
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Carrión también considera que «todos los atropellos directamente ordenados por Ortega Murillo contra el obispo por un odio tienen esmero, porque además de esa crueldad la pretensión es humillarlo para acabar con su integridad, con su dignidad, lo cual no han logrado porque la expresión que el obispo dio hace más de un mes cuando lo exhibieron mostró a una persona sometida a malos tratos, pero que proyectó mucha dignidad».
A juicio de Carrión, la saña de la dictadura contra el obispo Álvarez se debe a «su voz de coherencia con los oprimidos, que por cierto es el único obispo dentro de Nicaragua que hasta el momento que lo privan de libertad, en agosto del año pasado, mantenía —desde su labor pastoral— una identificación clara con las personas oprimidas. Y por ser un pastor comprometido, de quedarse al lado de las personas, del pueblo, es que lo privaron de libertad, antecedió por una sistemática forma de asedio, acoso, amenaza, y hasta que finalmente lo privaron de libertad».
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La Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (Uscirf, por sus siglas en inglés), incluyó por primera vez a Nicaragua dentro de la lista de 17 Países de Especial Preocupación, en su informe anual 2023, por las violaciones “sistemáticas, continuas y atroces de la libertad religiosa”.
Desde 2019, Estados Unidos mantenía a Nicaragua bajo “vigilancia especial”, por participar o tolerar graves violaciones a la libertad religiosa. Sin embargo, “en 2022 las condiciones de libertad religiosa en Nicaragua empeoraron considerablemente”, afirmó Uscirf en su reporte.
