Hace cinco años, las protestas que iniciaron por las reformas al Seguro Social se convirtieron en un estallido social, demandando la salida de Daniel Ortega y Rosario Murillo del poder; justicia por los asesinatos, libertad para los presos políticos, y respeto y cumplimiento a los derechos humanos. LA PRENSA realizó un recorrido por los diferentes momentos claves de esta historia.
De acuerdo con el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (Ghren), los hechos acontecidos en el país han sido calificados como delitos de “lesa humanidad”.
Las protestas estallaron el 18 de abril de 2018, cuando miembros de la Juventud Sandinista (JS) arremetieron contra adultos mayores que reclamaban por las reformas al Seguro Social. Un grupo de estudiantes universitarios se sumaron a las protestas, manifestándose desde los alrededores de diferentes recintos. La respuesta de la Policía fue catalogada como “uso excesivo de la fuerza”, por organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos.
Se habla de un estallido social y una de las razones es que poco a poco diferentes municipios y sectores se fueron sumando al reclamo que se hacía cada vez más generalizado. Las acciones del régimen de Ortega y Murillo contra los adultos mayores se transformaron en demandas por su salida del poder y por justicia para los que fallecían producto de impactos de bala. El reporte de la tarde del 20 de abril de 2018 en el municipio de Ticuantepe, después de casi tres horas seguidas de enfrentamiento entre lugareños y fuerzas antidisturbios de la Policía Nacional, fue de tres detenidos y varios lesionados.
En Ticuantepe los adultos mayores también se sumaron a las protestas manteniendo su reclamo por las reformas al Seguro Social, con las cuales recibirían menos dinero correspondiente a su pensión por jubilación.
Los alrededores de las universidades se convirtieron en verdaderos campos de batalla. Los universitarios se defendieron con lo que pudieron: piedras, morteros y lo que encontraban para responder al ataque de la fuerza policial y de paramilitares.
Estudiantes y pobladores se sumaban a las protestas y formaban barricadas con adoquines en diferentes departamentos del país. El cierre de las vías principales fue una de las razones por las que Ortega y Murillo intensificaron la respuesta policial, hasta la realización de la llamada “operación limpieza”.
En menos de diez días se intensificaron las protestas. Uno de los momentos claves fue el 28 de abril de 2018, cuando el Movimiento Campesino se traslada a Managua para participar en las marchas. Sus reclamos se sumaron a los de adultos mayores y estudiantes. Las consignas estaban dirigidas a la salida de Ortega y Murillo del poder, comparando su mandato con el de otro dictador: “Ortega y Somoza son la misma cosa”, se escuchaba.
Tras los primeros asesinatos en las protestas se crea el Movimiento Madres de Abril demandando justicia y no más masacres. Al brindar testimonio las madres de las víctimas mencionan que perdonan, pero no olvidan, frase que también se volvió consigna.
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Jonathan Morazán fue herido durante la Madre de Todas las Marchas, realizada el 30 de mayo de 2018. Fue trasladado a un hospital y falleció dos días después. Ese mismo día fallecieron 19 jóvenes más por las acciones del régimen de Ortega y Murillo.
Representantes de la Iglesia católica toman protagonismo en las protestas al hacer llamados a la paz y conocer la situación crítica que se enfrentaba en diferentes departamentos.
El cardenal Leopoldo Brenes y el nuncio Waldemar Stanisław Sommertag se reunieron con el comisionado Ramón Avellán, quien encabezó la represión policial en el departamento de Masaya.
El régimen llegó a un punto mayor de brutalidad con la implementación de la “operación limpieza”, bajo la orden de “vamos con todo”, atacando a estudiantes y pobladores que protestaban, incrementando también la cifra de asesinatos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en sus informes resalta el uso excesivo de la fuerza policial y parapolicial.
La situación en Nicaragua capta la atención a nivel internacional y la CIDH forma el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para conocer las violaciones a los derechos humanos en el país.
