El paquete de reforma al Seguro Social, que aumenta el aporte de trabajadores y empleadores, achica las futuras pensiones y crea un tributo ilegal a las pensiones del cinco por ciento, entre otras, ya es oficial y entrará de lleno a partir del próximo 1 de julio de este año, luego que esta fuera publicada este miércoles en La Gaceta, diario oficial del Estado.
Pese a la oposición del sector privado y sectores civiles, el presidente designado por el Poder Electoral Daniel Ortega estampó su firma en la propuesta de reforma que el Consejo Directivo del INSS le envió para salvar de la quiebra al Seguro Social, que en 2007 recibió con un superávit de más de 1,000 millones de córdobas y que desde el 2013 se convirtió en déficit hasta cerrar el año pasado en su quinto años en crisis.
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El decreto presidencial 03-2018 ordena modificar el decreto 975 del reglamento de la Ley de Seguridad Social e incorporar de manera íntegra todos los ajustes que anunció el pasado lunes el presidente ejecutivo del INSS, Roberto López, para que las mismas se implemente este 1 de julio.
Con ello, a partir del 1 de julio más de 900 mil cotizantes verán reducir su salario, tras el aumento de 0.75 punto porcentual de su aporte, el que pasará de 6.25 por ciento 7 por ciento.
Además el sector empresarial formal deberá pagar 2 puntos porcentuales más en su contribución este año y 1.5 puntos en los próximos dos años, el que se incrementará de 19 a 22.5 por ciento.
Y aunque López dijo ayer que solo las nuevas pensiones pagarán el cinco por ciento de su pensión para el programa de enfermedad y maternidad, el decreto no hace ninguna excepción y ordena que esta deducción se apliquen a todas las pensiones, tanto nuevas como las que ya se están pagando.
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El paquete de reforma que fue decidido de manera unilateral, ha ocasionado una ola de rechazo del sector privado, centro de pensamiento, trabajadores, pensionados y sindicatos independientes. El Consejo Superior de la Empresa Privada, que fue el único gremio privado que participó en las reuniones, ya ha anunciado que recurrirá de amparo contra el decreto.