El Consejo Nacional de Universidades (CNU), informó el pasado 4 de abril a través de un comunicado que las ofertas académicas de las universidades extranjeras que se encuentran en Nicaragua, deberán implementarse “previa suscripción de convenios académicos con Instituciones de Educación Superior nicaragüenses autorizadas por el CNU y acreditadas por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA)”.
El CNU también ordena que las universidades extranjeras deberán contar con acreditación “de la institución facultada para ello de su país de origen”, para poder presentar su oferta académica en Nicaragua.
Una vez que estas universidades extranjeras suscriban acuerdos para ofrecer sus programas educativos en Nicaragua con casas de estudios autorizadas por el CNU y el CNEA, el convenio firmado debe ser inscrito ante ambas entidades recién mencionadas.
El académico Adrián Meza, exrector de la universidad ilegalizada Paulo Freire, explica que esta es una medida normal en otros países, pero en Nicaragua lo que se busca es controlar la oferta que las universidades extranjeras presentan en el país.
“Cómo la educación fue declarada un terreno de batalla ideológica, lo que en otros países puede parecer un mecanismo para controlar la calidad y es una medida natural, en Nicaragua es para controlar, pero no por calidad”, considera Meza.
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Según el Plan de Educación Universitaria del CNU 2023 – 2026 publicado el pasado mes de marzo, hasta el año 2021, en Nicaragua había una población universitaria de 194,876 estudiantes, de los cuales, 137,162 están matriculados en las instituciones inscritas en el CNU.
Estos datos permiten concluir, según las mismas estimaciones del CNU, que el régimen de Ortega controla el 70.4 por ciento del total de la matrícula universitaria a nivel nacional. “El sistema educativo en el país ha sufrido restricciones durante el período de los gobiernos neoliberales, los que se beneficiaron a costa del sufrimiento del pueblo, repercutiendo en las familias más pobres”, indica el CNU en su informe, replicando el discurso de Ortega.
Hasta la fecha, el régimen de Daniel Ortega ha ilegalizado a más de 10 universidades privadas desde inicios de 2022 y el CNU se ha encargado de reubicar a los estudiantes afectados en las otras casas de estudios que ya controla.
Por su parte, otro académico en condición de anonimato, comenta que este tipo de medidas adoptadas por el CNU “son dictadas por necesidad política para controlar la educación y no precisamente para mejorar la educación superior”.
Según este especialista, también existen antecedentes claros de que el CNU está controlado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, por lo cual, “debemos suponer que cualquier medida que se toma es dictada por la pareja presidencial”.
Meza coincide con este criterio y expone que un claro ejemplo es el hecho de que las autoridades del CNU son escogidas “por su lealtad” al régimen”, por lo cual, “todo lo que haga el régimen respecto a las universidades debe ser considerado sospechoso”.
Para el rector de la Universidad Paulo Freire, el CNU y el CNEA no son instituciones creíbles. “Es un sistema que las universidades privadas soportan porque si no las cierran y las universidades extranjeras solo pueden lamentarse, porque no pueden hacer nada más”
