En su último informe Amnistía Internacional destacó la «hipocresía» de gobiernos en las Américas, indicando que realizan actividades de promoción de derechos humanos y apoyo a sectores vulnerables, mientras violentan los derechos fundamentales con actos como ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias.
Los detalles del lanzamiento de informe estuvieron a cargo de Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, quien detalló que trabajaron abordando 85 países.
«En las Américas la hipocresía de los gobiernos y su doble estándar. El informe anual pone en evidencia que pese a las promesas de prosperidad los gobiernos de la región han dado la espalda a la población, sobre todo a sectores vulnerables», señaló Guevara.
Señaló que de estos 29 países han limitado en gran medida el derecho a protestar, en 77 se realizaron detenciones arbitrarias y tienen denuncias de tortura y tratos crueles.
Para el caso de Nicaragua, destacó que hasta diciembre 2022 el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo habían cancelado la personería jurídica de al menos, 3,144 organizaciones no gubernamentales, había cerrado dos universidades y encarcelado a periodistas y opositores.
Comentó que recientemente Ortega y Murillo desterraron a 222 personas presas políticas y les despojó a estas y otras 94 de su nacionalidad.
Destacó que el Grupo de Expertos de Derechos Humanos de Naciones Unidas en informe de marzo dice que hay evidencia razonable de que en el mandato de Daniel Ortega se han cometido «crímenes de lesa humanidad».
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Guevara Rosas indicó que Amnistía Internacional se ha sumado a una campaña global para hacer frente a la «intensificación de iniciativas de los Estados» para erosionar los derechos humanos. Afirmó que «la región es la más letal para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos».
En el informe se muestra que en Cuba hay una «sofisticada maquinaria de control» de la libertad de expresión y se han dado más de 1,812 detenciones arbitrarias, 768 aún continúan en prisión; en el caso de Perú destacó el uso de la fuerza excesiva, mencionando la muerte de 49 personas por la represión estatal; en Venezuela calculan entre 240 y 310 personas detenidas por motivos políticos y cerca de 488 ejecuciones extrajudiciales.
Para el caso de El Salvador catalogó lo que ocurre en el país como «menoscabo al Estado de Derecho» y el desmantelamiento de las instituciones democráticas de defensa de los derechos humanos. Asimismo, dijo que el gobierno salvadoreño intenta «presentar un falso dilema sobre resolver el tema de seguridad a costa de los derechos humanos».
Ortega destierra y elimina jurídicamente a sus ciudadanos
Tamara Dávila, defensora de derechos humanos, y ex presa política del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo relató la situación de mujeres, madres y defensoras de derechos humanos ex prisioneras políticas.
Destacó que más de 350 personas fallecieron en el contexto de las protestas contra el régimen de Ortega y Murillo.
«En Nicaragua cualquier persona organizada es susceptible de ser perseguida y criminalizada y también su familia», afirmó Dávila.
Remarcó que el régimen ya no solo mata y encarcela, destierra y elimina jurídicamente a los ciudadanos, les quita sus registros y hasta les quita los apellidos a los hijos e hijas de aquellas personas a las que les quita la nacionalidad. «El destierro y despersonalización jurídica es la nueva práctica del régimen de Ortega y Murillo», remarcó.
Desmantelamiento de la democracia en El Salvador
Zaira Navas, jefa de seguridad y estado de derecho de Cristosal, de El Salvador, manifestó que en su país se ha pasado al «desmantelamiento de la democracia».
Destacó que la reducción en el índice de homicidios se debió a negociaciones entre el Gobierno y grupos delincuenciales.
Remarcó la detención de personas de forma arbitraria, posicionando a El Salvador como el país con más personas privadas de libertad en la región.
«Hay miles de personas detenidas que son inocentes, que no pertenecen a pandillas, que han muerto en el interior de las cárceles bajo responsabilidad del Estado», dijo.
Confirmó que en hay una campaña nacional e internacional para presentar al presidente de El Salvador como el «paladín», pero es parte de este doble discurso presentado por Amnistía Internacional.
