El jueves de esta semana, 23 de marzo, LA PRENSA informó que una osamenta humana encontrada en un predio baldío de San Juan del Sur, sería de la doctora en anestesiología Aracely Varela Bonilla, “quien estaba desaparecida desde el 16 de febrero de este año”. A todas luces este sería un feminicidio más cometido en Nicaragua.
El día anterior, miércoles 22 de marzo, también LA PRENSA informó que en Tipitapa fue encontrado el cadáver de una joven mujer de 26 años de edad, quien presumiblemente fue estrangulada por su pareja. O sea, otro feminicidio.
El 8 de marzo pasado, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, este mismo diario publicó la información de que para esa fecha, al menos 16 mujeres nicaragüenses habían sido víctimas de feminicidio en el presente año. Ocho de ellas fueron asesinadas en el país y las otras en Estados Unidos, Costa Rica y Guatemala, donde estaban residiendo.
Con el ritmo que llevan los feminicidios que se vienen cometiendo en lo que va del año 2023, es altamente probable que sea superada la cantidad de estos crímenes atroces cometidos el año pasado, que fueron 67 en total.
En ocasiones anteriores, al opinar sobre este grave y trágico problema hemos dicho que está bien que sean endurecidas las penas de prisión para castigar a quienes cometen feminicidio, pero que esto no es suficiente para disminuir su incidencia, mucho menos para erradicarlo. Simplemente, quienes asesinan a su pareja o cualquier otra mujer, no piensan antes de hacerlo en la pena de cárcel que les será impuesta.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la violencia de género es un problema de salud pública, en el entendido de que “salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino también el estado de bienestar somático, psicológico y social del individuo y de la colectividad”.
O sea que la violencia de género es un problema de cultura social, del patriarcalismo y el machismo que subyacen como elementos marcadamente negativos en el ser social nicaragüense. Los cuales solo se pueden erradicar, o reducir a su mínima expresión, mediante una educación integral de calidad.
Recientemente, el sociólogo Humberto Belli y el economista Carlos Muñiz, colaboradores de la sección de Opinión de LA PRENSA, han polemizado acerca de la educación que se necesita en Nicaragua, y en cuáles de sus aspectos —el religioso o el laico— hay que poner el acento para hacer de los nicaragüenses mejores personas.
Ellos se referían a las virtudes que deben tener los nicaragüenses en general, para sacar al país de la situación deplorable en la que se encuentra, para que florezcan la libertad, la democracia, el Estado de derecho y la justicia sustentada en principios y valores éticos y morales.
Pero no solo para la libertad, la democracia y el progreso socioeconómico y técnico se necesita una educación de calidad. La cual, a nuestro juicio debe fundarse tanto en el virtuosismo cívico como en la ética religiosa. También para controlar las pasiones y dominar los instintos o demonios interiores se debe procurar una educación y una formación cultural rica en valores morales, tanto laicos como religiosos.
No se trata de formar la persona perfecta, porque en ninguna parte del mundo la hay. Sino para mejorar el sistema de vida política y social, pero también y al mismo tiempo, las relaciones interpersonales, el respeto a los otros y ante todo a la vida humana, tanto de las mujeres como de todas las demás personas.