La condena a más de 26 años de prisión que impuso la dictadura de Daniel Ortega al obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez— quien fue enviado a la cárcel La Modelo (penal de Tipitapa) hace más de un mes—, llevó al abogado mexicano Carlos Ramírez, director jurídico para Latinoamérica de la Asociación Abogados Cristianos, a elevar el caso del jerarca católico ante tribunales internacionales.
En entrevista con LA PRENSA, Ramírez explicó que luego de analizar el proceso judicial que se llevó en contra de monseñor Álvarez, concluyeron que “hay una serie de irregularidades al proceso interno, una clara violación flagrante a sus garantías constitucionales y a los derechos humanos”.
Por ello, a través de Abogados Cristianos decidieron “tomar el asunto y llevarlo a las instancias internacionales pertinentes. No nada más por la flagrancia en la violación de los derechos y garantías constitucionales, sino para salvaguardar la integridad y la vida de monseñor Álvarez”.
Lea además: Rolando Álvarez cumple 12 años de haber sido nombrado obispo de Matagalpa
Mediante la asociación que trabaja en la estrategia jurídica, Ramírez indicó que agotarán todas las vías y acudirán ante la Organización de Estados Americanos (OEA), la ONU y la Corte Interamericana para poder presentar una denuncia.
Ramírez habló con LA PRENSA y explicó qué procedimiento seguirá para la defensa de monseñor Álvarez, tomando en cuenta el régimen totalitario que gobierna Nicaragua.
¿Cuál es el procedimiento y mecanismos que usarán para llevar el caso de monseñor Álvarez ante los tribunales internacionales?
Hay cuatro instancias que vamos a agotar, las primeras son independientes, las últimas dos necesitamos que se agoten las instancias nacionales, que todavía siguen vigentes en Nicaragua.
Vamos a solicitar la intervención de la Organización de los Estados Americanos, vamos a solicitar la intervención de la ONU, esto a través de las medidas precautorias que en su momento se puede solicitar para la salvaguarda de los derechos humanos, de los perseguidos políticos o de los reos que han sido violentados en sus derechos y garantías constitucionales, y también lo haremos valer ante la Corte Interamericana, esto una vez que se agoten todas las instancias locales en materia judicial.
Posteriormente ejerceremos, a través de las vías diplomáticas que nos permiten nuestros países, que se solicite al Gobierno de Nicaragua exponga de manera pública la información del obispo, que eso es también una situación que se debe de poner a la visión pública. Datos por ejemplo sobre en qué cárcel está, cuál es su condición, cuál es su estado de salud, qué condiciones de convivencia está teniendo. Eso es hasta ahorita lo que hemos planteado y vamos a ejecutar.
¿Cuánto tardará este proceso?
El proceso ante la Corte Interamericana depende de la resolución que hagan los tribunales locales, que hasta donde entendemos están atrasando arbitrariamente la resolución de la impugnación a la sentencia que en su momento se hizo, después de la impugnación viene el recurso de casación que también lo deben de resolver los tribunales locales, y una vez hecho esto, nosotros podríamos solicitar la intervención de la Corte Interamericana, estaríamos hablando en un proceso ordinario de semanas, pero quizás por lo polémico del asunto lo retrasen a meses.
Estamos al tanto del proceso en Nicaragua, a través del seguimiento de los medios (de comunicación independientes), pero no tenemos una injerencia directa (en el caso).
Lea también: Así han escalado las tensiones entre la dictadura de Ortega y el Vaticano
En el sitio web de Abogados Cristianos está colgada una petición dirigida al secretario general de la OEA, Luis Almagro, en que lo instan a hacer uso de su cargo para frenar la violencia en Nicaragua. La petición ya suma más de 5 mil firmas.
Todavía no se hace llegar la petición, porque va a ser una petición en dos vías, la petición informal que es la que están suscribiendo las personas que se inscriben a través de la página y la petición formal, judicial, que es la que estamos elaborando para poderla presentar y así solicitar de manera oficial la intervención de la OEA en torno a este asunto. Estimamos que lo vamos a presentar en máximo dos o tres semanas.
La petición se subió el lunes (12/03/2023). Mi meta como abogado es que el Estado de Derecho prevalezca y liberar a monseñor Álvarez.
¿Cómo ve la situación de derechos humanos y la libertad religiosa en Nicaragua?
Desde el punto de vista externo a tu país, nosotros lo vemos con preocupación. Vemos una violación flagrante a los derechos humanos, vemos una eliminación total del derecho a la libertad religiosa, una implantación de una dictadura que poco a poco va limitando más libertades de los ciudadanos nicaragüenses y es un peligro no nada más para la estabilidad democrática de una nación, sino para todos los ciudadanos que viven en ese país.
¿La reciente decisión tomada por el régimen de suspender relaciones diplomáticas con el Vaticano podría empeorar la situación del obispo? No hay información oficial de su condición.
Es grave la situación porque él (Daniel Ortega) literalmente reaccionó de una manera violenta a las declaraciones que hizo el papa Francisco, y la ruptura diplomática que hay entre el Vaticano y Nicaragua no indica nada más que hay una cerrazón a la serie de argumentos internacionales que se han expuesto en la implementación de una dictadura que es un hecho consumado en Nicaragua. Y sí puede agravar la situación judicial del obispo, y es preocupante porque sufre de diabetes, debería de tener una atención especial, recibir comida adecuada, medicamentos y hasta donde sabemos no se está cumpliendo.
No sabemos cuáles son las condiciones en las que está y tememos por su vida.
¿Qué herramientas tiene la comunidad internacional para presionar a Ortega para liberar a monseñor Álvarez?
Las principales herramientas que nosotros vamos a hacer valer son los derechos humanos y las instancias internacionales que ya te comenté, pero también hay acciones diplomáticas que algunos gobiernos están emprendiendo. Por ejemplo, México ofreció darle la ciudadanía y asilo político a los expulsados por el régimen de Nicaragua.
La presión diplomática es fuerte, la presión jurídica va a aumentar porque así como nosotros estamos ejerciendo acciones, habrán otros organismos internacionales que lo harán porque, repito, hay una violación evidente a las libertades y las garantías constitucionales al pueblo de Nicaragua.
¿Qué tanto puede lograr Abogados Cristianos, tomando en cuenta el régimen totalitario que no respeta ningún tratado internacional?
Lo máximo que podríamos lograr es que se hiciera valer el Estado de Derecho. Comentaba que hay una violación a las garantías procesales del obispo, porque el procedimiento que se siguió en contra de monseñor Álvarez es irregular, incluso lo condenan basándose en una ley que todavía no tenía vigencia y no aplicaba para él. Entonces, bajo el marco jurídico estricto deberían de eliminar la sanción que en su momento se impuso, dejarlo en libertad porque no hay un delito que perseguir comprobable de manera fehaciente.
Los testigos que en su momento presentaron ni siquiera son presenciales, son testigos de oído, y todo eso se podría impugnar de una manera ordinaria en un tribunal que fuera objetivo, y en este caso sabemos que no lo son, tienen una visión parcializada de la realidad, y eso ha derivado en este proceso irregular.
Sobre el abogado
Carlos Ramírez es licenciado en Derecho, maestro en Ciencias Políticas, especialista en marketing digital, ha escrito tres libros y fue productor de un documental en México
Podría interesarle: El Vaticano ordenó cierre de su Nunciatura en Managua y pidió al encargado de negocios salir del país
La Asociación Abogados Cristianos es una fundación española que defiende en el ámbito jurídico los valores inspirados en el cristianismo, constituida en 2021. Entre sus fines se encuentra la defensa jurídica de la libertad religiosa, de la vida, la familia y de todos los ciudadanos que ven lesionados sus derechos y libertades por razón de su fe.
La Fundación de Abogados Cristianos está formada por abogados, procuradores, juristas, profesores y estudiantes de Derecho. Tiene sede en Madrid, España, y este año está expandiendo su labor internacional en Latinoamérica, teniendo su sede la Ciudad de México.
