La más reciente arremetida del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra sus críticos y opositores, que llevó al destierro de 222 presos políticos y el despojo de la nacionalidad y bienes de 317 personas en total, ha generado una ola de condena de parte de la comunidad internacional.
Sumado a las críticas, varios países y funcionarios han propuesto una serie de acciones en contra de la dictadura para frenar los abusos.
El portavoz de Asuntos Iberoamericanos del Grupo Parlamentario Popular, Gonzalo Robles, propuso este miércoles 1 de marzo, en el Senado de España, expulsar a Nicaragua del Acuerdo de Asociación (AdA) entre la Unión Europea y Centroamérica y aplicar más sanciones individuales a funcionarios del régimen de Daniel Ortega.
Robles pidió al gobierno de Pedro Sánchez a través de una moción, debatida en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado, “liderar desde la Unión Europea todas aquellas medidas que permitan poner fin a la vulneración de los derechos humanos en Nicaragua, incluyendo la intensificación de las sanciones individuales, el impedimento de ingreso al territorio europeo, así como la congelación de bienes”.
Lea además: Monseñor Rolando Álvarez cumple 21 días en La Modelo
La moción aprobada por una amplia mayoría en el Senado, también propone pedir a los 27 Estados miembros de la UE “una revisión del Acuerdo AdA” que establece en sus disposiciones generales como principios: “El respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y al Estado de Derecho como un elemento esencial del Acuerdo”.
Excanciller de Perú exige retiro del embajador de Nicaragua
El excanciller Luis Gonzales Posada, de Perú, calificó al Gobierno de Nicaragua como una organización “criminal” que encarcela, asesina, tortura y deporta a opositores del régimen. En tal sentido, demandó el retiro del embajador en Managua y la expulsión de su representante diplomático en Lima, según informó el medio peruano La Noticia.
El exministro criticó el “silencio del gobierno de la señora Dina Boluarte, que no ha dicho una palabra de protesta ante estos actos de barbarie”, y señaló que esta postura “se convierte en ‘complicidad’ cuando se calla ante los atropellos”.
“No he escuchado una protesta firme ante los casos de barbarie que hace este sujeto que allana iglesias. Es hora de decidir una posición sobre Nicaragua, sobre una dictadura. Ortega abrió la boca para defender a Pedro Castillo”, señaló.
En tal sentido, indicó que se necesita una diplomacia firme y contundente con países como Nicaragua con el que no se tiene una relación estratégica en lo económico. “¿Gana algo el Perú al tener una relación con un gobierno de esta naturaleza? Estamos legitimando”, precisó.
Paraguay pide renovar mandato del Grupo de Expertos
Este lunes, el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Julio César Arriola, declaró ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que su país está “consternado” por el creciente deterioro de la situación de los derechos humanos en el país y pidió renovar el mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua.
“Es obligación moral del Consejo de Derechos Humanos enviar un mensaje claro a las víctimas para que ellas sepan que no están solas y que el sistema las acompaña”, dijo el canciller paraguayo durante su intervención en el 52 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que inició el 27 de febrero, en Ginebra, Suiza.
Colombia pide visita de la CICR y apela a la Corte Penal
El pasado 23 de febrero, el gobierno de Gustavo Petro pidió a la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, que solicite “autorización para visitar a los que siguen detenidos” en Nicaragua y pidió al fiscal de la Corte Penal Internacional “tomar cartas en tan alarmante asunto”, sobre la situación de Nicaragua.
“El autoritarismo que se ha impuesto en la hermana república (de Nicaragua) ha infringido normas ius cogens (Derecho Internacional). Aquellas de las cuales se ha definido que son imperantes, inderogables, absolutas, perentorias, inmutables en esencia. Precisamente aquellas de cuyas violaciones debe conocer la Corte Penal Internacional”, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.
Liberación de todos los presos políticos
En su intervención, el portavoz de Asuntos Iberoamericanos del Grupo Parlamentario Popular, Gonzalo Robles, recordó que en abril de 2018 se produjo una escalada brutal en la represión contra la población civil por parte del régimen dictatorial de Ortega. “Desde hacía muchos años se venían denunciando la supresión del Estado de Derecho y las libertades en Nicaragua ante la pasividad de la comunidad internacional”, recalcó.
A la vez reafirmó que la represión estatal a las protestas ciudadanas ese año tuvo como consecuencia el asesinato de 350 personas. “El mundo descubrió el verdadero rostro de Daniel Ortega”, añadió.
Por último, Robles pidió a la comunidad internacional continuar con todos los instrumentos a su alcance hasta liberar a todos los presos políticos, y garantizar que se acabe con el hostigamiento a toda persona que disiente de Ortega, e insistió en que “las sanciones al régimen de Ortega deben de aplicarse y ampliarse”.