El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene a más de 245 secuestrados políticos en en once cárceles y sistemas penitenciarios al finalizar enero, de los cuales 202 ya han sido condenados, de acuerdo al Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
De acuerdo al nuevo listado las cárceles con mayor cantidad de presos políticos continúan siendo el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, más conocido como “La Modelo” y aunque no es un sistema penitenciario oficial, la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), mejor conocida como el nuevo Chipote.
Según el listado de los 245 presos políticos, que incluyen a 10 detenidos antes de 2018, la mayoría son hombres (205) y en menor medida mujeres (30).
En su mayoría los presos son originarios de Managua, Masaya y Matagalpa, tres departamentos que también destacaron en las protestas en contra del régimen y en los niveles de violencia con los que respondieron policías y paramilitares en lo que se conoció como “plan limpieza”.
Régimen ensañado con la juventud
De acuerdo al listado, en los grupos de edades en su mayoría los presos políticos son jóvenes. Cerca de 109 de estos detenidos tienen entre 19 y 39 años. En el caso de las personas de la tercera edad, son 40 los presos que tienen entre 60 a 80 años o más.
Con juicios que defensores de derechos humanos han denunciado como “arbitrarios” el régimen ha condenado a 202 presos políticos y al cerrar enero 33 continuaban siendo procesadas.
De hostigamientos y amenazas a judicialización de familiares de opositores
“En Nicaragua, la prisión política trasciende de las cárceles donde se encuentran recluidos los presos y presas políticas hacia sus familiares, quienes también son víctimas de la represión del Estado desde hace muchos años, cuando el régimen comenzó a utilizar mecanismos tales como hostigamientos, persecución y amenazas. Todo ello con el objetivo acallar sus voces y disuadirles de seguir con sus formas de lucha y resistencia por la libertad y justicia de sus familiares presos y presas”, indica el Mecanismo en su informe de enero.
Asimismo, indican que durante estos años las familias han sufrido asedio en sus viviendas de parte de policías, agentes paraestatales y vecinos simpatizantes del régimen. Entre las denuncias de los familiares están: persecución, vigilancia, agresiones físicas, insultos y amenazas de muerte a través de redes sociales.
“También han sufrido amenazas por medio de pintas estigmatizantes en los muros de sus casas. Asimismo, han sufrido vejámenes por parte de autoridades y custodios de los centros penitenciarios y estaciones de policías, donde están recluidas las personas presas políticas”, se lee en el documento.
Sobre estos maltratos indicaron que llegaron al maltrato físico, retenciones por varias horas, sometiéndolos a prolongados interrogatorios. En algunos casos han sido víctimas de detenciones arbitrarias y de violaciones a su derecho de libre circulación para entrar o salir del país.
“Durante el segundo semestre de 2022, el patrón comienza a cambiar, con el aumento nuevamente de las detenciones. A estas prácticas represivas se le suma también el control migratorio que afecta directamente la libertad de circulación de miembros de familias de personas presas políticas”, detalla el Mecanismo.
Sobre este control comentan que incluye la negativa de tramitar pasaportes, retenciones y/o interrogatorios en puestos fronterizos y en el impedimento arbitrario e ilegal de salir del país y retención de pasaportes. Igualmente a muchas familias le han negado la entrada al país lo que constituye un destierro de facto.
“Entre finales del año 2022 e inicios del 2023 el régimen de forma arbitraria, capturó a dos familiares de personas presas políticas por el simple hecho de demandar el cumplimiento de los derechos humanos de sus familiares retenidos y por exigir su libertad. A diferencia de otras detenciones y retenciones ilegales, estas dos personas están siendo judicializadas en procesos que carecen de toda legalidad”, remarca el Mecanismo.
