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CONTENIDO EXCLUSIVO.“Yo no voy a morir y te vas a acordar de mis palabras”, dijo Bernardo Abán Tercero a Canal 2 en una entrevista hecha 36 días antes de que se cumpliera la fecha en la cual sería ejecutado: el miércoles 26 de agosto de 2015.
Hoy, Tercero sigue con vida en medio de una situación que no avanza, pero tampoco retrocede, por lo cual, a pesar de estar condenado a la pena de muerte, las autoridades del estado de Texas, Estados Unidos, no han podido ejecutarlo porque todavía no le asignan fecha para su ejecución.
El 31 de marzo de 1997, Bernardo Abán Tercero y un cómplice de nacionalidad mexicana irrumpieron en una lavandería en Houston, Estados Unidos, para asaltar a sus clientes, pero una persona que se encontraba en el lugar de nombre Robert Berger, forcejeó con Tercero para tratar de quitarle el arma, la cual se disparó y terminó matando a Berger.
“La víctima trató de quitarme el arma y en el transcurso de la pelea, la persona fue herida mortalmente, pero nunca fue mi intención de cometer el crimen”, explicó brevemente en su entrevista con Canal 2.
Según la acusación de los fiscales, la hija de tres años de la víctima estaba presente al momento de robo, el cual acabó con el asesinato de su padre. “No hay evidencia de eso. Es una estrategia del fiscal para influir en las emociones del jurado”, dijo Tercero sobre eso.
El nicaragüense fue detenido en el condado de Hidalgo, cerca de la frontera entre Texas y México, más de dos años después del crimen. En el año 2000, una Corte de Texas declaró culpable a Tercero por los delitos de robo y asesinato, y fue condenado a la pena de muerte por inyección letal.
La fecha de su ejecución sería el 26 de agosto de 2015, pero la cuenta regresiva hacia su muerta fue suspendida un día antes. Tras una nueva audiencia con nuevos argumentos de su defensa y de los fiscales, la pena de muerte le fue impuesta nuevamente.
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¿Menor de edad y con problemas mentales?
Bernardo Abán Tercero es el reo #999369 de la Unidad Allan B. Polunsky, del Departamento de Justicia Criminal de Texas en West Livingston, Estados Unidos. Permanece en prisión desde el año 2000 en una sección conocida como “El corredor de la muerte”, porque es en esa sección en donde ubican a todos los condenados a la pena de muerte.
Tercero llegó a Estados Unidos como un migrante irregular y con intenciones de trabajar. Su familia es originaria del barrio Juan 23 de Posoltega, Chinandega, y en aquellos días de 2015, estuvieron muy pendientes y orándole al Creador para que pasara cualquier cosa que suspendiera la ejecución de Tercero.
En su entrevista con Canal 2 en 2015, Tercero dijo que se había ido de Nicaragua en 1994 y que dejó un hijo de 5 años. Ese niño, es Franklin Tercero, quien hoy tiene 34 años y se encuentra en Estados Unidos para visitar a su padre.
Antes de cometer el crimen, Tercero fue deportado en al menos nueve ocasiones de Estados Unidos. Muchas veces lo arrestaron cruzando la frontera de manera irregular y fue enviado de regreso a Nicaragua. En otra ocasión fue descubierto trabajando sin documentos, y en otra, fue detenido mientras conducía sin licencia.
“Bernardo Tercero es un ser humano que cometió un error y que ya no es el que era cuando era un adolescente”, decía en 2015, mientras se encontraba solicitando que se suspendiera la pena de muerte en su contra pues alegaba que cuando cometió el crimen era menor de edad.
Decía que cuando llegó a Estados Unidos tenía 16 años y que por ser menor de edad nadie le quería dar trabajo, así que le pidió a su familia que le enviaran la partida de nacimiento de un hermano mayor de él que había fallecido. Con esa identidad falsa pudo decir que tenía 19 años y logró conseguir empleo.
Convenientemente, su hermano tenía el mismo nombre, Bernardo Tercero, y nació el 20 de agosto de 1976, tres años antes que él, sin embargo, las autoridades desestimaron este argumento.
Luego, sus abogados solicitaron la suspensión de la ejecución afirmando que el hombre tenía un “largo historial de problemas mentales” y de tratamiento con psicofármacos. Según la valoración de dos expertos, el hombre sufría estrés postraumático, depresión y delirios, además de indicios de esquizofrenia.
“Su historial médico y sus síntomas actuales sugieren que su perfil cumple los requisitos para diagnósticos más severos”, apuntó el psiquiatra Antolín Llorente, uno de los expertos en salud mental que visitó a Tercero en la cárcel.
Los expertos también refirieron en el documento presentado por la defensa de Tercero a la Corte, que “desde el momento de su ingreso en el corredor de la muerte, Tercero recibió un intenso tratamiento psiquiátrico y psicológico” por parte del personal de la cárcel.
Llorente detalló que, por estas razones, Tercero “no entendería las razones que lo llevan a la ejecución y, de hecho, asociaría su condena a fuerzas oscuras (…) sin un tratamiento médico para reducir sus síntomas psicóticos, no es competente para la ejecución”.
Muchas personas y organizaciones abogaron por él. Hasta Daniel Ortega le mandó una carta al entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, solicitándole “clemencia”
“Al tratarse de un delito cometido por un menor sería un castigo cruel e inusual”, dijo Ortega y exhortó a Obama que hiciera “la valoración justa de la dimensión e importancia del hecho en el cual se vio involucrado el nicaragüense”. La carta fue entregada el 30 de julio de 2015 al departamento de Estado por el embajador de Nicaragua en Washington, Francisco Campbell.
Sin embargo, en su entrevista con Canal 2, Tercero también se quejaba de la ayuda del gobierno de Ortega. “El gobierno ha delegado en un cónsul (Samuel Trejos) inepto porque es incapaz de hacer valer mis derechos (…) la ayuda que me dan es insuficiente”, decía.
El cardenal Leopoldo Brenes también dijo en una misa el 23 de agosto de 2015, tres días antes de la ejecución, que rogaba a Dios para que las autoridades de Texas le perdonaran la vida a Tercero y pidió que se le aplicara una pena justa que respetara su vida.
Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a Estados Unidos que se suspendiera la ejecución del nicaragüense y que se le otorgara “una reparación efectiva que incluya la revisión de su juicio conforme a las garantías del debido proceso y de un juicio justo previstas en la Declaración Americana”.
La CIDH también otorgó medidas cautelares para proteger la vida e integridad personal de Bernardo Abán Tercero el 4 de abril de 2013, una solicitud que acompañó con una petición sobre la presunta violación de derechos reconocidos en la Declaración Americana.
Sin fecha para morir
Ni el argumento de ser menor de edad, ni los trastornos mentales sirvieron para detener la ejecución. El Tribunal de Apelaciones Criminales de Texas la suspendió porque una de las personas que testificó contra Tercero reconoció que mintió durante el juicio, celebrado en el año 2000.
La mujer que cometió falso testimonio es la mexicana Sylvia Cotera y en ese entonces confesó que la movieron sentimientos como la “furia”, el “dolor” y el “miedo” a meterse en problemas, según la nueva declaración presentada por los abogados de Tercero ante la Corte.
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Durante el proceso, Cotera dijo que Tercero le confesó que había matado a Robert Berger, porque se enfureció, ya que la víctima no llevaba dinero y que le disparó porque Berger le había visto el rostro.
En mayo de 2017, después de una audiencia, una Corte de Texas levantó la suspensión de la ejecución y dijo que no había ningún problema con el testimonio brindado por Cotera, el cual seguía siendo considerado “apropiado” para la sentencia de culpabilidad, a pesar de que ella misma se había desmentido.
Sus abogados tampoco pudieron demostrar que Tercero era menor de edad al momento de cometer el robo, de manera que el nicaragüense debía regresar al “corredor de la muerte”. Sin embargo, desde entonces no tiene fecha de ejecución. Su hijo, Franklin Tercero se encuentra en Estados Unidos para visitarlo y comenta escuetamente que desde entonces “no ha habido ningún cambio” en la situación de su padre y, por tanto, Bernardo Abán Tercero todavía no tiene una fecha definida para encontrarse con la muerte