Este jueves 26 de enero fueron condenados judicialmente los seis sacerdotes católicos y un laico, encarcelados desde agosto del año pasado y acusados junto a monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí. El fiscal del régimen que los acusó en el juicio pidió contra ellos una condena de diez años de prisión.
La condena a los religiosos católicos no fue una sorpresa. La verdad es que se esperaba, aunque mucha gente estaba en oración para que eso no ocurriera, porque hasta ahora ninguno de los presos políticos y de conciencia que han sido llevados ante los jueces fue absuelto o declarado inocente. Es evidente que la decisión del régimen es que todo preso político y religioso puesto ante sus jueces, tiene que ser condenado.
Informan los medios de comunicación independientes que la condena a los religiosos se produjo al cabo de 4 días de audiencias judiciales que se prolongaban hasta doce horas diarias. Y destacan que antes de ser sentenciados se les permitió tomar la palabra, oportunidad que aprovecharon para declarar su inocencia y reafirmar su fe religiosa, citando pasajes bíblicos relacionados con las tribulaciones que padece la Iglesia católica.
Penalistas independientes y defensores de los derechos humanos alegan que el juicio y la sentencia impuesta a los religiosos católicos son nulos jurídicamente, porque no se respetaron las normas del debido proceso ni los derechos de los reos. Derechos establecidos taxativamente en los artículos 33 y 34 de la Constitución Política de Nicaragua y en las partes pertinentes del Código Procesal Penal.
Los sacerdotes y religiosos laicos son condenados por profesar su fe y ser fieles a la Iglesia católica. La cual es castigada porque durante la rebelión popular de 2018 auxilió compasivamente a muchas personas de ambos bandos que lo necesitaban. Y además, porque en el diálogo nacional en el seminario de Fátima los obispos propusieron que para salir de la crisis se debían hacer reformas democráticas en las instituciones del Estado y adelantar para el año siguiente las elecciones nacionales.
Por esa propuesta, que a todas luces era justa, razonable y oportuna, el régimen acusó a los obispos de la Iglesia católica de “intentar un golpe de Estado”, y a partir de eso ha encarcelado y sentenciado ya a nueve sacerdotes y tiene preso y pendiente de juicio y condena al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez.
Por otra parte, también era de esperarse que al producirse la sentencia contra los sacerdotes y el laico católico sectores adversarios al régimen criticaran a la jerarquía de la Iglesia católica porque no reacciona ante estas adversidades como ellos quieren que lo haga. Le exigen a la jerarquía católica “que se ponga del lado del pueblo creyente”, como si estuviera con el régimen que acosa a la Iglesia y martiriza a algunos de sus pastores.
Pero es obvio que los obispos tienen una estrategia para manejarse en esta situación, ellos reaccionan como lo mandan sus normas canónicas y aconseja la prudencia pastoral. Los obispos y sacerdotes no pueden ni deben sacar a los fieles de las misas para llevarlos a la calle a enfrentarse con la fuerza policial y hacer protestas políticas, por muy justas que estas sean.
Y sus pronunciamientos verbales y escritos, o su silencio, son congruentes con el mandamiento de Jesús en el evangelio de San Mateo: “Bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra… Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos”.
