El martirio, en el estricto sentido de la doctrina cristiana, “es el supremo testimonio de la verdad de la fe; designa un testimonio que llega hasta la muerte… Soporta la muerte como un acto de fortaleza”. Así lo establece el Catecismo de la Iglesia católica en el parágrafo 2473.
Pero martirio no solo es la muerte, sino también el padecimiento de tormentos físicos y/o morales por causa de una religión o de unos ideales, sean religiosos, morales, de justicia y libertad. El doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, director histórico de LA PRENSA, es reconocido constitucionalmente como Mártir de las Libertades Públicas de Nicaragua, y por la gran mayoría de los nicaragüenses como mártir de la lucha por la libertad, la justicia y la democracia.
De manera que es un verdadero martirio el que está sufriendo monseñor Rolando Álvarez, quien el martes 10 de enero —el día del doctor Chamorro Cardenal— fue remitido a juicio por la acusación del régimen de que cometió delitos de “propagación de noticias falsas” y “conspiración para el menoscabo de la integridad nacional”.
Es una acusación absurda contra un consagrado de la Iglesia católica, una persona de oración, dedicado a predicar la paz, el amor y la reconciliación de los nicaragüenses; y de todas las personas del mundo, porque para Jesucristo todas las personas son hermanas que se deben amar o al menos respetarse unos a otros.
Según los expertos independientes en derecho y justicia penal, el proceso contra monseñor Álvarez y siete sacerdotes más, es solo una formalidad para aparentar justicia. Aseguran que la sentencia contra ellos ya está dictada y no precisamente en un recinto judicial. Pero ojalá que los expertos estuvieran equivocados.
Hay mucha, muchísima gente que está en permanente oración por monseñor Álvarez y demás religiosos encarcelados y enjuiciados. Esperan que la Virgen de Cuapa, a quien los obispos imploraron su protección el día que se abrió el juicio contra monseñor Álvarez, haga el milagro de ablandar el corazón de quienes lo tienen cautivo y que lo dejen en libertad. Que devuelvan la libertad a todos los demás religiosos encarcelados y judicializados, y a todos los presos políticos que son inocentes de las acusaciones odiosas y absurdas que les han hecho.
El régimen insiste en decir que los presos políticos son culpables de los crímenes que les imputa, sostiene incluso que ni con prisión perpetua pagarían por ellos.
Pero, si tan seguros están de eso, ¿por qué no invitan o permiten que venga al país un equipo internacional de penalistas independientes y neutrales, que examinen las pruebas de las acusaciones contra los presos políticos y religiosos, y que determinen si son válidos o no los procedimientos judiciales con los cuales han juzgado y condenado a unos y están juzgando a otros.
Mientras tanto, el obispo Rolando Álvarez y todos los demás presos políticos y religiosos deben ser reconocidos como mártires de la fe y de la lucha por la libertad, la justicia y la democracia.