El Consejo Supremo Electoral (CSE), conformado por magistrados afines al régimen de Daniel Ortega, realizó este martes 10 de enero el acto de toma de posesión y juramentación de los alcaldes, vicealcaldes y concejales para el periodo 2023-2027, designados en los comicios municipales de noviembre pasado. El ente electoral otorgó al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Ortega, las 153 alcaldías del país.
Con la instauración de las nuevas autoridades locales, el organismo de observación electoral Urnas Abiertas señaló que “se dará inicio a la entrega de reembolsos de gastos de campaña para los partidos políticos, cantidad que ascenderá a los 450 millones de córdobas”.
Lea además: El orteguismo consuma su farsa totalitaria y deja a Nicaragua sin una sola Alcaldía opositora
“La toma de posesión y entrega de credenciales de alcaldes, vicealcaldes y concejales prevista entre el 10 y el 20 de enero es la consolidación del Estado totalitario en todos los niveles: nacional, municipal y regional del régimen de Daniel Ortega”, advirtió Urnas Abiertas en un comunicado emitido este martes.
Asimismo señaló que “aunque el régimen pretenda simular que las autoridades locales cuentan con legitimidad y por ende continuar con los procesos institucionales que se deberían de seguir en una democracia, es muy importante señalar que estos son gobiernos de facto que están usurpando funciones porque el pueblo no los ha elegido democráticamente“.
Lea también: Ortega admite que países que lo han sancionado cooperan con programas sociales
Durante las votaciones municipales del 6 de noviembre pasado, el organismo independiente calculó un porcentaje de participación del 17.33 por ciento y un porcentaje por medio nacional de abstención del 82.67 por ciento. Además documentó 5,821 anomalías, irregularidades y violencia política.
“Los alcaldes están llamados a responder al pueblo porque administran y cuentan con presupuesto de todos los nicaragüenses y deberían estar orientados a resolver las demandas ciudadanas locales y no a la agenda política del Frente Sandinista de Liberación Nacional ni a la corrupción local que ejecutan sus operadores políticos en cada municipalidad”, indica el informe.
Gestión municipal y el desarrollo local en mayor riesgo
En septiembre de 2022 Urnas Abiertas presentó un estudio de percepción donde se concluyó que el desarrollo local que impulsan los gobiernos municipales en todo el país es “incipiente”.
“La involución que ha sufrido la gestión municipal y el desarrollo local bajo los gobiernos sandinistas responde principalmente a la politización de la gestión, la ausencia de mecanismos de fiscalización, control y rendición de cuentas, así como la centralización de las decisiones; las cuales no ponen al centro los intereses de la población en cada territorio, sino los intereses del partido en el poder a nivel general y de los tomadores de decisiones a nivel particular. De seguir esta tendencia respecto al deterioro de los elementos del desarrollo local paulatinamente se profundizará el descontento social y la polarización e incrementará el fenómeno migratorio”, alertó el organismo.
Podría interesarle: Escenario político de Nicaragua en 2023: aumento de la represión y posibles oportunidades para aprovechar
A la vez explicó que las municipalidades financian sus gastos principalmente de sus propios ingresos: impuestos municipales, matrículas, tasas por servicios, entre otros; en segundo lugar por las transferencias municipales, que hasta 2018 equivalían al 10 por ciento de los ingresos corrientes del Gobierno central. Esta partida se redujo en 2019 al 4 por ciento, lo que ha conllevado a una reducción significativa de los ingresos de los gobiernos municipales.
Según el Presupuesto General de la República, aprobado en noviembre pasado, las transferencias municipales incrementarán a un 6 por ciento este año, lo que equivale a un presupuesto de más de 6.110 millones de córdobas (incremento del 79,99 por ciento respecto a 2022).
“Este aumento presupuestario se da en el marco de un temor ciudadano respecto a la pérdida de autonomía local -incluyendo la financiera- y la corrupción creciente en los gobiernos locales”, agregó el organismo.
Lea además: ¿Cuáles son los retos de la oposición en 2023, pese al encarcelamiento, el exilio y el asedio?
Urnas Abiertas sostuvo que “el gobierno del FSLN se ha caracterizado por ser reacio a la rendición de cuentas, a la transparencia en su gestión pública, y desde el inicio de su mandato se inició el cierre
de los espacios de auditoría social”.
“En 2022 se tuvo conocimiento de una serie de casos respecto a la corrupción ejercida y promovida desde los gobiernos locales, por tanto este incremento a los fondos manejados desde las alcaldías debe ser un tema de interés nacional”, añadió.
Con la posesión del 100 por ciento de las alcaldías, Urnas Abiertas reiteró que el régimen “fortalece su poder autoritario y déspota en todos los territorios”, por tanto, “la población estará más vulnerable ante la vigilancia, el control territorial y la instrumentalización del poder local para perseguir y violentar a la ciudadanía opositora”.