Desde antes del regreso al poder del Frente Sandinista en 2007, Daniel Ortega y Rosario Murillo tenían planeado hacerse con el control total del país mediante la presión, las amenazas, la compra de voluntades y el fraude electoral.
Ha sido un plan muy paciente. Tras hacerse con el control del CSE —facilitado por el pacto con Arnoldo Alemán y completado aprovechando la corrupción de Roberto Rivas—, el orteguismo realizó un primer ensayo de fraude en las elecciones municipales de 2004.
Ese año el orteguismo, a través del CSE, se robó las elecciones en el municipio de Granada. No hubo repercusiones y desde entonces todo ha sido un avance constante hasta destruir toda confianza de los nicaragüenses en las elecciones, al punto que en 2022 la abstención llegó al 80 por ciento.
Fue hasta las elecciones del año pasado que finalmente el orteguismo se atrevió a adjudicarse las 153 alcaldías.
Este martes 10 de enero los 153 alcaldes tomarán posesión de sus cargos, todos son sandinistas; para 136 alcaldes sandinistas este será su segundo, tercero o cuarto periodo.
Las últimas elecciones en las que el Frente Sandinista se atrevió a perpetrar su farsa fue en las localizadas en el “corredor de la Contra”, un fajón del territorio nacional que nace en los municipios del norte fronterizos con Honduras y penetra profundamente por el centro del país, alcanzando municipios en Río San Juan.
En las elecciones municipales realizadas en 2017 los partidos que aún pudieron participar y que tenían algún atisbo de liberalismo ganaron 17 alcaldías a lo largo del corredor donde el orteguismo es tan impopular que aún después de 10 años de control férreo, Daniel Ortega no se atrevió a imponerles alcaldes sandinistas. Se los cedieron al Partido Liberal Constitucionalista (PLC) que resultó con el control de más alcaldías, tal vez como último “abono” por el pacto, a Ciudadanos por la Libertad (CxL) y la llamada Alianza Liberal Nicaragüense (ALN).
Luego del recrudecimiento de la represión en 2021 y el detrimento de la autonomía municipal algunas de estas alcaldías fueron tomadas por agentes policiales y simpatizantes de la dictadura orteguista.
“El régimen teme a la voz del pueblo nicaragüense y le niega cualquier opción real en las elecciones municipales de noviembre (próximo). Los nicaragüenses merecen una democracia real, no una farsa”, comentó en julio de 2022 el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian A. Nichols.
Los municipios donde quedaron electos los alcaldes liberales son de tradición liberal, donde tuvo su mayor base social el ejército contra de la Resistencia Nicaragüenses en los años 80.
Luis Fley, excombatiente guerrillero y excandidato presidencial en 2021 que tuvo que salir al exilio para evitar ser un preso político más, explicó a la Voz de América que las alcaldías opositoras al régimen que fueron tomadas están en el corredor de la contra.
“Las bases de ahí, todos son contras y prácticamente lo que hicieron fue que cuando Daniel Ortega suprimió u ocultó al partido Resistencia Nicaragüense (conformado por exguerrilleros contras) decidieron ir en otras casillas. Así que corrieron en Ciudadanos por la Libertad y otros partidos. La mayoría de la población en ese territorio de la Contra no comulga con el partido Frente Sandinista por las atrocidades cometidas desde los años ochenta”, citó la VOA a Fley.
Expulsados desde antes de las elecciones de 2022
La exalcaldesa de Wiwilí, Reyna Hernández, relató a LA PRENSA a mediados de 2022 que en su caso las organizaciones locales acordaron apoyarla como candidata en 2017 para poder enfrentar al Frente en unidad.
“La gente que tenía vehículo le daba raid a otra gente para llevarlos a votar; la gente se buscaba en el padrón y si no se encontraba se movilizaba a otro centro de votación donde se pudiera encontrar. No pudieron detener a ese mar de gente”, aseguró la alcaldesa.
Sin embargo, el Frente Sandinista aprovechó la represión que desató contra figuras opositoras nacionales para sacar a las últimas figuras municipales con poder.
El primer obstáculo que tuvieron las alcaldías liberales fue la reducción de las transferencias municipales, a lo que el Estado está obligado a destinar un porcentaje del Presupuesto General de la República, para que sea distribuido priorizando a los municipios con menos capacidad de ingreso, dicta la Ley de Transferencias Presupuestarias a los Municipios de Nicaragua.
Además, el infaltable uso de la violencia. A mediados de noviembre de 2017, luego de anunciar los resultados preliminares de las votaciones, el municipio de Wiwilí reportó diversos incidentes de violencia política los cuales finalizaron con el asesinato del fiscal del PLC, Elías Pineda Blandón.
“El mismo día que ganamos a nosotros nos mataron al primer fiscal, eso es lo peor que puede haber, la muerte de nuestra gente”, expresó Hernández.
Asimismo, en otros comicios municipales donde había resultado victorioso el PLC se reportaron otros casos de violencia política.
Otros de los inconvenientes que han presentado las alcaldías del PLC fue la destitución de su alcalde en Mulukukú, Apolonio Fargas, quien estuvo preso en 2018 luego de liderar protestas contra los crímenes de la dictadura en su municipio, fue liberado en junio de 2019 por la Ley de Amnistía.
Sin embargo, luego de su excarcelamiento Fargas siguió siendo perseguido político y constantemente amenazado por personas afines al régimen. Actualmente vive en el exilio para resguardar su integridad física.
Saqueos y demandas laborales
En el traspaso del poder entre el período de 2013-2017 otra manera de represión contra estas alcaldías opositoras fue saquearlas y entregarlas en bancarrota. Camoapa, El Almendro, Santo Domingo, San Pedro de Lóvago, El Cuá, San Sebastián de Yalí y Wiwilí, fueron los municipios afectados.
El caso que más resaltó fue el de los alcaldes de El Almendro, Reynaldo Galeano Orozco; de El Cuá, Isidro Irías, y de Wiwilí, Reyna Hernández. Los extrabajadores sandinistas que renunciaron demandaron a las alcaldías por sumas millonarias de liquidaciones.
Hernández fue obligada a renunciar a la Alcaldía tras ser judicializada al no poder pagar lo que exigían los extrabajadores.
El alcalde Reynaldo Galeano, del municipio de El Almendro, relató que la municipalidad le fue entregada con las oficinas enllavadas, cinco motos sin documentos, deudas de casi dos millones de córdobas y presupuesto municipal reducido.
Para las elecciones municipales de 2022, todas las alcaldías que fueron ganadas por la oposición en las elecciones de 2017 ya estaban en poder del sandinismo mediante diferentes maniobras, de manera que el “triunfo” electoral de noviembre solo fue una especie de “formalización”.
El alcalde de Santa María de Pantasma, Oscar Gadea, comentó a LA PRENSA que su comuna fue arrebatada porque CxL no tiene personería jurídica.
La personería jurídica de este partido fue cancelada en agosto de 2021 por el Consejo Supremo Electoral (CSE), además que canceló la cédula de identidad nicaragüense de su presidenta, Kitty Monterrey.