Sin explicar por qué el proyecto no se incluyó en el presupuesto de 2023 y ni siquiera en el Plan de Inversión Pública 2023-2026, el Instituto Nacional Tecnológico (Inatec) eligió a la empresa que remodelará el plantel industrial confiscado al Diario LA PRENSA. A través de una resolución administrativa anunció que la empresa Servicios de Ingenierías y Proyectos SA (Sipsa) fue la elegida para realizar la obra en noventa días.
La adjudicación se realizó a través de la contratación simplificada y a criterio de especialistas es otra muestra de la ilegalidad que ha caracterizado la confiscación. En agosto pasado el Inatec recibió las escrituras de la propiedad de manos de la Procuraduría General de la República. Ese mismo día anunció que convertiría el plantel del Diario LA PRENSA en el Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho.
Según la resolución administrativa número 85-2022 publicada el 6 de diciembre en el diario oficial La Gaceta, la obra costará 249.99 millones de córdobas. Dicho monto equivale a unos 6.90 millones de dólares al cambio oficial de hoy. En el documento el Inatec aclara que la financiará con sus reservas o recursos de la sobrerrecaudación que obtenga durante 2022 y 2023.
Los ingresos que percibe el Inatec provienen del aporte mensual obligatorio del 2 por ciento sobre el monto total de las planillas que le entregan todos los empleadores del país. Además, cuando sus gastos son mayores a los ingresos, el déficit se cubre con una partida asignada a través del Presupuesto General de la República.
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Financiarán proyecto con reservas y sobrerrecaudación
«Contando con los Recursos Presupuestarios adecuados y suficientes para ello, con fondos 2 por ciento, los que serán financiados con reserva institucional o sobrerrecaudo del 2 por ciento correspondiente a los años 2022 y 2023», dice parte de la resolución.
Al momento de la toma de las instalaciones, el 13 de agosto del 2021, el plantel industrial, la maquinaria y equipos que se encontraban dentro tenían un valor aproximado a los 10 millones de dólares. Un día después el gerente general del Diario, Juan Lorenzo Holmann, fue encarcelado. Posteriormente lo juzgaron en un proceso sin derecho a defensa en el que lo condenaron a nueve años de cárcel y a pagar una multa millonaria.
Según los especialistas, dado que Holmann no es dueño sino un alto ejecutivo, dicha pena no puede trascender a los dueños del Diario, por tanto la confiscación es ilegal. También, según los abogados, mientras la causa siga en curso, los bienes están en un limbo jurídico no definido.
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Procuradora entregó escrituras al Inatec en agosto
Sin embargo, el pasado 23 de agosto el edificio amaneció sin el tradicional rótulo. Ese mismo día, en un acto con medios oficialistas, Wendy Carolina Morales, procuradora general de la República, anunció que había puesto la propiedad a nombre del Estado. Luego le entregó las nuevas escrituras al Inatec.
De inmediato, la directora del Inatec, Loyda Barreda, anunció que convertirían el plantel en el Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho. A partir de ese día, la propaganda oficialista anuncia que a partir de febrero del 2023 se impartirían clases en el lugar a unos 13 mil estudiantes.
Es decir, que antes de elaborar el Presupuesto del 2023 ya se conocía plenamente del proyecto. Incluso, en varias ocasiones la vocera oficial y vicepresidenta Rosario Murillo, en sus comparecencias diarias a través de los medios oficialistas, aseguró que intentarían terminar la obra antes de febrero. Sin embargo, no la incluyeron en el Presupuesto ni el el Plan de Inversión Pública (PIP) para el período 2023-2026.
Ahora justifican una contratación simplificada con el argumento de que es urgente ejecutar la obra, ya que a partir en el año lectivo 2023 atenderán ahí a 13,090 estudiantes.
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En febrero abriría el nuevo centro
«Es de suma urgencia el inicio de este proceso por medio de contratación simplificada a fin ejecutar de inmediato la construcción, rehabilitación y equipamiento del centro. Dado que en el 2023 atenderemos a 13,090 estudiantes, de los cuales 530 en carreras técnicas, 385 en turno regular, 25 en fin de semana y 120 en modalidad virtual. Asimismo 12,560 en cursos de capacitación y talleres, 5,680 en turno regular, 240 en turno nocturno, 4,000 en turnos fin de semana y 2,640 en modalidad virtual», detalla la resolución.
Lesther Enrique Gutierrez Cheng actuará en representación de la empresa Sipsa. Mientras que Rudy Acevedo Silva, en representación del Inatec, estará a cargo de supervisar y administrar la efectiva ejecución del contrato hasta su culminación.
Finalmente, la resolución establece que el plazo de ejecución del proyecto es de noventa días calendario. Estos comenzarán a contarse a partir de la entrega del sitio al contratista. Esto significa que no cumplirán con el plazo anunciado por Murillo, ya que incluso ella aseguró que intentarían que el centro estuviera listo antes de febrero.
No obstante, en otra muestra de ilegalidad, es posible que las obras ya hayan empezado, ya que desde hace varias semanas la fachada del edificio fue tapada con láminas. Algunas personas aseguran que luego de la colocación de esas láminas comenzaron los trabajos al interior del edificio.
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