El Presupuesto General de la República para el año 2023 —aprobado esta semana en la Asamblea Nacional— refleja un incremento del 15 por ciento en la partida asignada al Consejo Nacional de Universidades (CNU). El monto asignado es 6,315 millones de córdobas, cifra superior en 807 millones con respecto a los 5,508 millones que le entregaron en 2022. Esta partida corresponde al 6 por ciento del Presupuesto que la Constitución le otorga a las universidades y centros de educación técnica superior.
Pese a que a inicios de 2022 el régimen de Daniel Ortega confiscó y posteriormente nacionalizó seis universidades privadas, que ahora están bajo el control del CNU, estos recursos se seguirán distribuyendo entre diez universidades y la Secretaría Técnica del CNU.
El esquema no cambió porque la extinta Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) ya era parte del esquema de distribución. Únicamente cambió de nombre a Universidad Nacional Politécnica (UNP). Lo mismo ocurrió con la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco (Ucatse). Esta, a partir de la confiscación y nacionalización pasó a ser Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza (Unfle).
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Lista de beneficiados del CNU no creció
La única nueva en este esquema es la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés. Esta surgió de la fusión de las extintas universidades Hispanoamericana (Uhispam), Nicaragüense de Estudios Humanísticos (UNEH), Universidad Popular de Nicaragua (Uponic) y la Paulo Freire (UPF).
Y aunque este año su ingreso elevó a 12 la lista de beneficiados, a partir del próximo año vuelve al esquema original. Ella ocupará la vacante que deja la Universidad Centroamericana (UCA), que en abril pasado fue excluida del CNU. Cuando esta expulsión se concretó, la UCA tenía asignada una partida de un millón de córdobas. Además, había recibido el desembolso correspondiente al primer trimestre del año, es decir, 250 mil córdobas, pero los restantes 750 mil córdobas fueron reasignados.
La asignación de un millón de córdobas fue la más baja que le asignaron a esta alma máter desde que la incluyeron en este mecanismo cuando fue creado en la década de los noventa. Durante casi tres décadas la UCA utilizó estos recursos para financiar las becas que ofrecía a gran parte de sus estudiantes.
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Expulsión de la UCA puso en riesgo a miles de becados
El retiro de estos recursos puso en riesgo la culminación de los estudios de los alumnos becados. Por lo que recientemente la universidad de vocación jesuita estableció una plataforma digital para que personas altruistas ayuden a los becados a continuar sus estudios.
Se desconoce con exactitud cómo fue la redistribución que provocó la confiscación y nacionalización de las seis universidades que a principios de este año entraron al CNU. Sin embargo, la nueva universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés se convirtió en la menos favorecida, ya que solo le asignaron 3 millones de córdobas.
Y aunque esta universidad —igual que las otras cinco que confiscaron y luego nacionalizaron—, sigue funcionando como universidad privada, ya que cobran aranceles a sus estudiantes, no recibió el mismo trato que el resto.
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UNP mantuvo invariable la partida de su predecesora
Por ejemplo, a la UNP no la perjudicaron, ya que mantuvo la partida asignada el año pasado a la extinta Upoli. El monto es por el orden de los 185 millones de córdobas y se ha mantenido casi invariable en los últimos seis años.
En el caso de la nueva Unfle le incrementaron en 16 millones de córdobas la partida de este año. Pero la cifra se mantiene lejos de los 54 millones que la extinta Ucatse recibió en 2017. Es decir, el año previo al estallido de la crisis sociopolítica que el país enfrenta.
Esta ola de protestas el régimen la sofocó con una cruenta represión caracterizada por múltiples violaciones a los derechos humanos. De ella no escaparon las universidades privadas, que por su apoyo a sus estudiantes y a la población en general, han sido víctimas de diversas presiones, incluida la confiscación.
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Secretaría Técnica del CNU sigue siendo la gran ganadora
Como ocurre desde 2018, el gran ganador en la repartición de los recursos del 6 por ciento sigue siendo la Secretaría Técnica del CNU. Entre 2017 y 2022 la partida que recibe esta instancia creció en 585 por ciento. Pasó de 107 millones que recibió en 2017 a 733 millones este año.
La rectora de la UNAN-Managua, Ramona Rodríguez, dirige esta secretaría que funciona como un brazo político del oficialismo en las universidades públicas. La funcionaria justifica el incremento de esta partida con la excusa de crear fondos semillas, de reconstrucción y de transformación digital. Sin embargo, hasta ahora se desconoce en qué se están invirtiendo estas partidas anuales, que pasó de absorber el 2 por ciento del total de las transferencia en 2017 a más del 13 por ciento en 2022.
Dado el secretismo que desde el retorno de Daniel Ortega al poder en 2007 caracteriza el manejo de los recursos públicos, será hasta el otro año cuando el Ministerio de Hacienda y Crédito Público presente los informes de ejecución del presupuesto, cuando se conozca cómo distribuye el CNU los 6,315 millones de córdobas que recibirá durante el 2023.
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