La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) presentaron en conjunto un informe que retrata los ataques, persecución, estigmatización y criminalización del régimen de Daniel Ortega en contra de mujeres defensoras de derechos humanos en Nicaragua, como consecuencia de la brutal represión que la misma dictadura ejecutó en abril de 2018.
La investigación titulada «Perseguidas por defender y resistir: Criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en Honduras, México y Nicaragua», fue presentada este miércoles 2 de noviembre en el Centro Cultural de España, en Costa Rica. Destacan que de las 53 mujeres que participaron en el informe, entre ellas indígenas, afrodescendientes y personas de la comunidad LGTBI+, 28 son defensoras nicaragüenses.
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En el informe se hace mención y dedicatoria a la actual presa política por parte del régimen orteguista, Tamara Dávila, quien, según se lee en el documento, participó en el estudio y al momento de su publicación ha cumplido más de un año privada de libertad, en total aislamiento.
«En el marco de la deriva totalitaria emprendida desde abril de 2018 por el gobierno de Daniel Ortega, la criminalización ha sido uno de los principales instrumentos para perseguir a la disidencia y a las defensoras de derechos humanos. Esta es una de las principales conclusiones de la investigación, desarrollada en 2020, en el marco de la emergencia sanitaria por covid-19, a partir de los testimonios de 28 defensoras nicaragüenses criminalizadas», indica el informe.
Añade que estos testimonios fueron recabados de manera virtual a través de 5 entrevistas individuales y la realización de 4 grupos focales que también contaron con la participación de abogadas encargadas de los casos, algunas de las cuales también han sido objeto de criminalización.
Criminalización en «aumento»
IM-Defensoras y Cejil reportaron que entre 2018 y 2019 se dieron 107 agresiones vinculadas a procesos de criminalización de defensoras, entre las que se incluyen 84 detenciones ilegales y arrestos arbitrarios, así como 23 procesos de judicialización.
El registro mesoamericano determinó que en 2020, al menos 39 mujeres habían enfrentado detenciones arbitrarias o el inicio de causas penales o procesos administrativos en su contra, pero un año después, en 2021, el número de defensoras que afrontaron esta situación aumentó en un 42 por ciento, siendo 59 las que enfrentaron este tipo de agresiones.
Es decir, que la criminalización en contra de ellas ha sido una constante por parte de la dictadura orteguista. En esa misma línea, la investigación resalta que en el 2021, cuando en Nicaragua se celebraron las polémicas elecciones presidenciales, la violencia y criminalización en contra de nicaragüenses «recrudeció».
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«Tan solo en 2021, 54 personas fueron privadas de su libertad y pasaron a engrosar la lista de quienes ya estaban en la misma condición. En agosto de 2022 se contabilizan 190 personas presas políticas, 18 de ellas son mujeres, varias de las cuales son defensoras de derechos humanos», indica el informe.
Niegan ingreso y ciudadanas son declaradas «apátridas»
Ambos organismos en la investigación remarcan que el régimen también hace uso del derecho administrativo para obstaculizar el trabajo de las mujeres defensoras, así como la imposición de controles estrictos y arbitrarios para la constitución de sus organizaciones o para garantizar la continuidad del funcionamiento.
Tal situación indican que no solo «obstaculiza el acceso al financiamiento o la posibilidad de mantener activas sus cuentas bancarias, sino que en muchas ocasiones las ha llevado a trabajar en la clandestinidad».
En el caso de las defensoras de derechos humanos extranjeras se han visto directamente afectadas al momento en que el régimen les niega la entrada al país de manera arbitraria y a la vez por «la demora arbitraria en sus trámites para obtener o renovar sus permisos de residencia».
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En cuanto a las defensoras nacionales, afirman que el régimen utiliza acciones de represión migratoria y ejemplifican que esto ocurre cuando les niegan poder salir del país, las retenciones de sus pasaportes, la imposibilidad de renovarlo cuando se encuentran fuera del país, la expulsiones e incluso el destierro mediante la negativa a permitirles la entrada en su país, lo que las deja en condición de «apátridas», aquí se menciona el caso de la activista Ana Quirós.
«Se ha identificado que hasta agosto de 2022 al menos 135 personas habían sufrido algún tipo de represión migratoria. De estas, 82 son mujeres (casi el 61 por ciento) y la IM-Defensoras ha podido registrar que 72 por ciento de estas y 42.7 por ciento del total son defensoras, activistas o familiares de defensoras o activistas», refiere el informe.
A la vez, la investigación insiste en enfatizar en cómo la criminalización va más allá de los procesos de judicialización y se manifiesta a través de una multiplicidad de violencias como señalamientos, estigmatización, hostigamientos, cancelación de organizaciones, muerte civil, represión migratoria o destierros, entre otras, que «tienen graves impactos sobre las vidas y las luchas de la defensoras y sus familias».
«Enorme lección de resistencia»
Pese al escenario represivo, IM-Defensoras y Cejil sostienen que las defensoras en Nicaragua han dado una «enorme lección de resistencia y poder colectivo» que continúa inspirando a las defensoras y feministas de toda la región y del mundo entero.
«Su vasta experiencia organizativa ha hecho que, en un contexto de absoluta represión bajo un Estado totalitario, misógino, racista y capitalista, ellas sean uno de los movimientos sociales con mayor propuesta de transformación social en el país y, desde luego, uno de los más incómodos para el Gobierno, por su poder colectivo», destaca el informe.
