La persecución del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a la Iglesia católica en Nicaragua ha marcado un hecho sin precedentes en la historia del país, como parte de la crisis sociopolítica y de derechos humanos que agobia a los nicaragüenses desde abril 2018. Resaltando los ataques a sacerdotes jesuitas y a instituciones de la Compañía de Jesús
El dictador Ortega, el hombre que gobierna la nación con mano de hierro desde hace 15 años, ha atacado sin exclusiones a obispos, sacerdotes, religiosas y laicos, quienes a su criterio no comulgan con él, incluyendo al papa Francisco.
El cardenal argentino, Jorge Mario Bergoglio, en 2013 se convirtió en el primer miembro de la Compañía de Jesús en ser elegido sumo pontífice. Hasta ese año, según un estudio de la orden religiosa, existían 20,000 jesuitas que trabajaban en más de 100 países en las parroquias, escuelas, universidades y centros de espiritualidad.
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La Compañía de Jesús, una orden religiosa de la Iglesia católica, fue fundada por Ignacio de Loyola, en 1540, sus miembros son popularmente conocidos como jesuitas, y se caracterizan por realizar votos de pobreza, castidad y obediencia. En la actualidad, los jesuitas siguen siendo uno de los grupos más influyentes del catolicismo.
En septiembre pasado, Ortega atacó al papa Francisco y acusó a la Iglesia católica de no practicar la democracia y de ser una “dictadura perfecta», en respuesta a la preocupación y dolor que expresó el pontífice ante la persecución religiosa que conllevó al secuestro y posterior arresto domiciliario de monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa.
Junto con el secuestro de monseñor Álvarez, considerado el obispo más crítico de Nicaragua, se dio el encarcelamiento de al menos siete religiosos que lo acompañaban en la Curia Episcopal de Matagalpa, entre ellos seis sacerdotes y un laico acusados de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional».
Sin embargo, en medio del silencio, el breve mensaje que brindó el sumo pontífice sobre la situación de Nicaragua generó críticas, por no haber mencionado ni siquiera el nombre de monseñor Álvarez y por sugerir el diálogo como alternativa ante la escalada represiva de la dictadura contra la Iglesia.
En octubre de este año, el régimen de Ortega y Murillo impidió al padre José Domingo Cuesta, de 58 años, originario de Panamá, Provincial de la Compañía de Jesús para Centroamérica, ingresar a Nicaragua.
Ataques a instituciones: UCA y Fobeca
La arremetida del régimen orteguista también alcanzó a instituciones como la Universidad Centroamericana (UCA), la prestigiosa casa de estudios de vocación jesuita, que se convirtió tras el estallido de la crisis sociopolítica en abril 2018 en uno de los puntos de referencia de las protestas antigubernamentales.
Una vez que el régimen impidió las protestas callejeras, la universidad se convirtió en el único lugar seguro donde los jóvenes se pudieron expresar. A inicios de 2019, la dictadura asestó el primer golpe directo a la institución educativa, al reducirle en 26 por ciento la partida presupuestaria que recibía para costear las becas que ofrecía, a través del Consejo Nacional de Universidades (CNU).
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Finalmente, a la UCA le asignaron 184.5 millones de córdobas, la reducción fue de 67.3 millones de córdobas menos con respecto a los 251.8 que le entregaron en el año del estallido social. En 2020, la UCA denunció un nuevo recorte, en esta ocasión el CNU le asignó 144.54 millones.
Contrario a que se pausara, el recorte continuó en el año 2021 cuando el CNU asignó 100 millones de córdobas, y este año la reducción llegó al límite, debido a que solo se le asignó un millón de córdobas.
En marzo pasado, la Asamblea Nacional, dominada por diputados sandinistas, aprobó la Reforma a la Ley 582, Ley General de Educación, y de Reforma y Adición a la Ley 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, con la que el CNU le arrebató a la UCA el espacio que por décadas ocupó en representación de las universidades privadas del país.
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En el mismo mes, la aplanadora de diputados afines al régimen aprobó la cancelación de la personería de 25 oenegés, entre ellas la Fundación Fondo de Becas de Exalumnos del Colegio Centroamérica (Fobeca), una Fundación que otorgaba becas a estudiantes de escasos recursos para que pudieran estudiar en el Colegio Centro América, también de los jesuitas.
Arremetida en contra del personal
El virulento ataque del régimen en contra de la UCA tocó al personal del alma mater. En junio de 2018, el rector de la universidad, padre jesuita José Alberto Idiáquez, fue amenazado de muerte debido a su participación en el Diálogo Nacional, en representación del sector académico.
En el 2021, el padre Idiáquez, también nicaragüense, viajó a México para realizarse un chequeo médico; su estancia en el exterior se alargó por las restricciones establecidas por la pandemia, y posteriormente —según personas cercanas a él—, al regresar le impidieron entrar al país. Por lo que el entonces rector de la UCA se convirtió en una víctima más del régimen al ser desterrado de Nicaragua.
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Tras muchos meses con su máxima autoridad afuera y cuando su período en el cargo se venció, la Compañía de Jesús nombró un nuevo rector. El padre Idiáquez fue relevado en el cargo por el padre Rolando Alvarado.
Recientemente el 27 de septiembre, el vicerrector de la UCA, Jorge Huete, fue impedido de retornar al suelo nicaragüense, tras un viaje de trabajo académico que realizaba en Argentina. En Panamá le informaron que no le habían permitido abordar el vuelo para Nicaragua. Huete se sumó al padre Idiáquez, al ser desterrados de su patria.
