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La “coima” de los 150 dólares para cruzar por Nicaragua

La “coima” de los 150 dólares para cruzar por Nicaragua

Todo el que quiera pasar por Nicaragua para llegar a Estados Unidos debe pagar una “multa” de 150 dólares. Inició como un pago más barato que quedaba entre “coyotes” y militares, pero que Daniel Ortega legalizó hace dos años y ahora queda en Migración y Extranjería

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Joshua Rivera lleva ocho días varado en Costa Rica. Salió de Venezuela hace dos meses. Cruzó la peligrosa selva del Darién en la frontera entre Colombia y Panamá en donde un grupo criminal que opera en la zona le cobró 100 dólares para dejarlo continuar su camino hacia Estados Unidos.

De la misma manera que el grupo criminal, cuenta, las autoridades migratorias de Nicaragua le van a cobrar 150 dólares para dejarlo seguir su camino hacia el norte.

“Tengo entendido que son 150 dólares por cada salvoconducto, pero los compañeros que ya han pasado por ahí (frontera entre Costa Rica y Nicaragua) dicen que no dan ningún salvoconducto. Es como solamente dar el dinero, pero en el transcurso no te lo piden para nada”, es lo que le han dicho a Rivera.

Este joven migrante tiene 23 años. Es Licenciado en Psicología y vendió su vehículo en Venezuela para poder irse a Estados Unidos en busca de una mejor vida. Está varado en Costa Rica porque no tiene dinero para pagarle a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) de Nicaragua, los 150 dólares que le exigen por un supuesto salvoconducto por dejarlo hacer tránsito hacia Honduras y continuar su camino.

Mientras se encuentra en San José, la capital costarricense, ofrece caramelos o bombones a cambio de una moneda. Piensa recoger lo suficiente para pagar los 150 dólares cuando llegue a la frontera con Nicaragua.

Joshua Rivera, migrante venezolano que recoge dinero en Costa Rica para pagar la “multa” en Nicaragua. Óscar Navarrete/ LA PRENSA.

En la misma situación se encuentran Adrián Palacios de 21 años y Damaris Rondón de 25. Ellos se encuentran en otra zona de San José ofreciendo caramelos a cambio de monedas, y al igual que Joshua, se encuentran varados en Costa Rica porque no llevan el dinero suficiente para pagar el salvoconducto que les exigen en Nicaragua.

Rondón indica que, en 2018 unos familiares de ella pasaron por Nicaragua y no les cobraron nada, por lo cual ella cree que es una medida nueva que ha impuesto la dictadura de Daniel Ortega. “Los tenemos que pagar porque si no, no te dejan pasar y aquí no nos queremos quedar”, dice la joven.

Coima legalizada

No es una cuestión de nacionalidades. El cobro de los 150 dólares no es solamente para los venezolanos. También le cobran a cubanos, haitianos, africanos y todo aquel que busque cruzar por Nicaragua hacia el norte.

Un abogado experto en temas de migración y que prefiere no ser citado, explica que este cobro que hace la DGEM de los 150 dólares empezó como un negocio de militares y coyotes, pero no cobraban esa cantidad.

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“El migrante le pagaba al coyote 50 dólares máximo y este se arreglaba con los militares y ya lo dejaban pasar. Después los agentes de Migración retenían a la persona migrante y para que no los regresaran, les pagaban 20 o 30 dólares. Entonces el migrante terminaba pagando unos 80 dólares hasta que salía hacia Honduras”, indica el abogado.

Esto sucedía así al menos hasta el 4 de agosto de 2020, cuando la Asamblea Nacional controlada por Ortega aprobó una reforma a la Ley 761, Ley General de Migración y Extranjería, en la cual se establece una multa de 150 dólares por “ingreso y salida por puesto fronterizo no habilitado”.

“Con eso legalizan esta coima y le suben al cobro. Ya lo hacen institucional, es decir, Migración y Extranjería es la encargada de hacer el cobro de los 150 dólares”, explica el abogado.

Una fuente de la DGME revela que además de los 150 dólares, a los migrantes se les cobra una tarjeta de turismo que tiene un costo de 10 dólares. Esta tarjeta de turismo es un pago que todo visitante extranjero debe hacer al ingresar a Nicaragua, exceptuando a diplomáticos, oficiales y enviados especiales de misiones extranjeras.

“Son 150 dólares el robo autorizado, más 10 dólares que paga todo pasajero extranjero. Se llama tarjeta de turismo. En estos casos se les hace un “trato de migrante”. No hay sello en pasaporte para que ellos no tengan constancia de ingreso al país”, explica la fuente, indicando que el total que se paga por cruzar Nicaragua son 160 dólares.

Sin embargo, a pesar de que es un cobro legalizado, la DGME no otorga ningún recibo, constancia o algo que deje evidencia de que los migrantes pagaron por este supuesto salvoconducto y tampoco por la tarjeta de turismo.

En Nicaragua no hay cifras oficiales sobre la cantidad de migrantes que cruzan diariamente el territorio nacional. En mayo, el Instituto Nacional de Migración de Honduras confirmó que entre 300 y 500 migrantes ingresan diariamente a su país de manera irregular procedentes de Nicaragua.

Por su parte, la Organización Mundial de las Migraciones (OIM) en su informe más actualizado sobre flujo de migrantes indica que desde el 23 de mayo al 30 de junio de 2022, un total de 2,093 personas cruzaron la frontera de Costa Rica hacia Nicaragua de manera irregular.

Este grupo de migrantes “se encuentra compuesto principalmente por personas de nacionalidades de Haití, Cuba, República Bolivariana de Venezuela, así como otros países de Suramérica, África y Asía”, explica el organismo.

Suponiendo que estos 2,093 migrantes irregulares se vieron obligados a pagar los 160 dólares a la DGME, quiere decir que el régimen de Ortega recaudó 334,880 dólares en 39 días.

OIM también destaca que mientras estos migrantes de diferentes nacionalidades iban entrando a Nicaragua en ese periodo de tiempo, otros 2,975 nicaragüenses salieron de su país con destino a Costa Rica. Mientas los migrantes extranjeros vienen de paso, los nicaragüenses se van.

Después de cruzar la frontera con Costa Rica y pagar a las autoridades nicaragüenses los 150 dólares, los migrantes continúan su camino hacia Honduras. Óscar Navarrete/ LA PRENSA.

Se puede negociar

Jefferson Gregorio es un venezolano que cruzó con un grupo grande el pasado mes de agosto. Eran 21 adultos y 10 niños de una misma familia. “En Nicaragua nos cobraron hasta por una recién nacida”, cuenta el hombre.

Gregorio cruzó con su familia por el puesto fronterizo de Los Chiles en donde se encontraron con una caseta de la DGME. También había policías y agentes de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP), según el testimonio del venezolano.

En esa caseta, fueron retenidos y les dijeron que debían pagar los 150 dólares por persona o serían deportados. Por los 31 miembros de la familia que viajaban, incluidos los niños, les cobraban 4,650 dólares.

“Era un montón de plata. No sabíamos qué hacer. Entre todos juntamos lo que llevábamos y logramos recoger como 3,200 o un poco más y ahí les rogamos y les lloramos y nos aceptaron eso y nos dejaron pasar. Pudimos negociar con ellos”, relata Gregorio. Él y su familia llegaron a Estados Unidos hace unas dos semanas.

A pesar de que la DGME les aceptó el pago, Gregorio dice que no les dieron ningún papel, recibo, ni sello, ni nada Solamente les pidieron los pasaportes, les tomaron fotos y apuntaron sus nombres en una lista que el agente migratorio envió por Whatsapp. “Lo mandan en un grupo que se llama ´Cobros´. Te lo digo porque yo me fijé”, señala Gregorio.

El agente migratorio que los atendió les dijo que tenían 72 horas para salir del país y que si los retenían más adelante, solamente debían darle sus nombres a los agentes y decir que ya habían pagado el salvoconducto.

Para el abogado experto en temas migratorios, esta práctica de enviar la lista a través de Whatsapp, no debería ser el procedimiento correcto. “Lo que tienen que hacer es subir la información en su sistema y entregarle a la persona algún recibo o constancia que le sirva como comprobante de que pagaron ese supuesto salvoconducto, pero si están mandando esa información por Whatsapp, eso quiere decir que hace falta seriedad y orden en los procedimientos”, señala el experto.

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Una situación similar a la contada por Gregorio sucedió a inicios de agosto pasado en Bluefields, cuando un grupo de venezolanos intentó entrar por esta zona del país y seguir su camino hacia el norte.

Este grupo había empezado su viaje en lancha de motor desde las costas de Colombia a la isla de San Andrés, en el Caribe. Luego se trasladaron hacia la isla nicaragüense de Corn Island y un ferry los llevó hasta Bluefields, en donde las autoridades de Migración los recibieron y les cobraron los 150 dólares por persona.

“Si los pagan inmediatamente los anotamos en el registro para que puedan seguir”, se escucha decir a un agente migratorio en un video divulgado en redes sociales.

Mientras tanto, Joshua Rivera, Adrián Palacios, Damaris Rondón y centenares de venezolanos más tratan de conseguir el dinero para pagar la coima de los 150 dólares. Todos los consultados coinciden. Les parece injusto tener que pagar ese dinero.

“No tengo nada en contra del país (Nicaragua), pero 150 dólares se excede”, considera Rivera, pues ese dinero puede ocuparlo para comer o pagar pasajes de su viaje. “Supongo que es por la cantidad de migrantes, para sacar provecho de la situación”, comenta por separado Palacios, mientras trata de hacer cuentas de lo que le falta para completar los 150 dólares.

“Todavía me faltan como 120 dólares”, dice.

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