El primer documento oficial que advirtió de la cancelación de casi dos mil organizaciones sin fines de lucro (OSFL/ONG) fue un informe del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicado en enero de 2020.
El denominado “Cuarto Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificación de Cumplimiento Técnico de la República de Nicaragua” señaló que el Gobierno de Daniel Ortega “realizó un análisis del total de OSFL registradas al 30 de septiembre de 2019, en el que identificó un grupo de 1,797 OSFL que podrían ser vulnerables en cuanto al Financiamiento del Terrorismo (FT)”.
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La palabra clave para los críticos es “terrorismo”, porque así es como el régimen de Ortega llama a sus detractores, por eso creen que ese dato de 1,797 ONG “vulnerables” es el número oficial de cancelaciones, bajo el argumento de que son “financiadas para hacer terrorismo”.
Ortega además manipuló el informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para ajustar un marco legal que respondiera a sus interés de cancelar ONG críticas y que sobresalieron en las protestas civiles de 2018. El 31 de marzo pasado, la Asamblea Nacional, bajo el control total del régimen, aprobó una nueva Ley de OSFL, asegurando que era en respuesta a una recomendación del GAFI, de que el Estado de Nicaragua es suscriptor.
La propuesta de Ley fue presentada directamente por el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras —un leal al régimen Ortega Murillo—. Según la exposición de motivos de la nueva Ley, “la recomendación ocho del GAFI expresa que los países deben revisar la idoneidad de las leyes y regulaciones relativas a las entidades que pueden ser utilizadas indebidamente para el financiamiento del terrorismo; las nuevas medidas deben estar encaminadas a promover la transparencia y fomentar una mayor confianza en la comunidad donante como entre la población en general, en cuanto a que los fondos y servicios de beneficencia lleguen a los beneficiarios legítimos que se pretende”.
Ortega instrumentalizó las recomendaciones del GAFI
Sin embargo, Amaru Ruiz, presidente de la Fundación Río (una de las organizaciones canceladas en 2021) y quien coordinó varios estudios sobre ONG, valoró que el régimen orteguista instrumentalizó las recomendaciones del GAFI, con el objetivo de tener una excusa para aprobar una nueva ley, que es con la que ha estado cancelando la mayor cantidad de ONG este año.
“Ellos argumentan que algunas de estas organizaciones son de riesgo para el Estado y para estas actividades, obviamente instrumentalizando la recomendación ocho del Grupo de Acción Financiera. En muchas de las razones de las cancelaciones están argumentando precisamente el tema de la regulación que establece el Gafilat”, dijo Ruiz.
Cuando el documento de la Gafilat fue publicado en 2020, el régimen ya había cancelado los primeros nueve organismos, en diciembre de 2018, todos representados por personalidades críticas o que tenían un papel de defensa de la institucionalidad y la democracia.
Solo este año, la Asamblea Nacional ha cancelado 1,250 ONG, pero el número es mayor si se suman las cancelaciones de 2018 y 2021. La cifra podría estar muy cerca del dato que recoge el informe de la Gafilat, pero los críticos proyectan que serán canceladas más de esas 1,797.
La última cancelación fue el pasado 27 de julio, una lista de 100 ONG. También hay un grupo menor de organizaciones extranjeras canceladas, a través de resoluciones publicadas en La Gaceta, diario oficial.
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Ruiz no duda que las cancelaciones de ONG van a continuar más allá del número advertido oficialmente, porque considera que el régimen además se está lucrando de las expropiaciones.
“Lo vimos hace dos semanas con la expropiación a oficinas de la Corriente, de Centro Humboldt, de Cantera, etc. Ven en el patrimonio, que tanto ha costado a las organizaciones y a la cooperación al desarrollo, un botín por repartirse. Esa es como la visión que ellos tienen y van a tratar de entregarla a instituciones del Estado, que es la tendencia que hemos visto”, valoró Ruiz.
“Nosotros creemos que esto va a continuar, es decir, que no va a parar en las 1,200 que llevamos canceladas”, agregó Ruiz.
La sedes expropiadas por el régimen son tomadas por la Policía y luego son convertidas en filiales del Ministerio de Salud, universidades públicas u otras dependencias del Estado.
Olga Valle, investigadora y directora del organismo Urnas Abiertas, manifestó que la cancelación de ONG significa que Ortega no quiere nada fuera de su control.
“Este año lo que se está evidenciando es una escalada totalitaria por parte del régimen en el que pretenden controlar y cerrar todos los espacios sociales, políticos, civiles, culturales, religiosos y el cierre de estas organizaciones es una muestra de lo que se está viviendo en el país, en donde el régimen lo que está intentando es que nada se pueda ejecutar por fuera de lo que ellos han determinado o por fuera de las líneas que ellos bajan”, dijo Valle.
La investigadora señaló que muchas de las ONG que el orteguismo está cancelando eran independientes y autónomas de criterio, lo que es incompatible con una dictadura.
Otro tema de preocupación para Valle es que debido a la poca información oficial que existe en el país, no se podrá medir fácilmente el impacto social de las cancelaciones de ONG.
“Esto va a tener un impacto en la calidad de vida de las personas, un impacto en el bienestar social, porque muchas de estas organizaciones llegaban donde el Estado no podía llegar y suplían muchas de estas necesidades en términos educativos, violencia de género, en términos de salud, de alimentación y lo más grave es que con la poca información con la que se cuenta en Nicaragua va a ser muy difícil comprender el impacto en el bienestar de manera concreta con este cierre de organizaciones”, agregó la investigadora.