Luego de superar la barrera de las 1,000 organizaciones sin fines de lucro cerradas este año, el Gobierno de Estados Unidos alertó que la ofensiva contra estas organizaciones puede llegar a afectar a más de 1,700 entidades, ante el temor del régimen de Daniel Ortega de que estas puedan socavar su poder, siendo los ciudadanos los verdaderos perjudicados.
“El régimen Ortega-Murillo en Nicaragua dijo que planea cerrar 1,797 organizaciones sin fines de lucro, pero el número real podría ser mucho más alto. El régimen se preocupa más por permanecer en el poder que por el bienestar de su pueblo”, dijo este 19 de julio el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols.
Para el funcionario, “el régimen de Ortega y Murillo ataca a las ONG pues teme que puedan socavar su poder, privando así al pueblo nicaragüense de servicios vitales como salud, educativos y otros que el Gobierno no proporciona. Esta semana destacamos el impacto en el pueblo nicaragüense”.
Efectivamente el número que cita Nichols corresponde al dato que el régimen de Ortega brindó al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que a través de un reporte anual indicó que un total de 1,797 organizaciones sin fines de lucro (OSFL) nicaragüenses son clasificadas como “vulnerables al financiamiento al terrorismo (FT)”, que es la principal razón que la dictadura ha utilizado para cerrarlas.
De estas, 208 son consideradas por la dictadura como entidades de alto riesgo para el financiamiento del terrorismo; 581 tienen riesgo moderado para esa actividad ilícita y otras 1,008 con riesgo bajo, según el IV Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificación de Cumplimiento Técnico de Nicaragua, que realizó el Gafilat y que presentó en enero de 2020.
Es decir, que del total, al menos 789 son clasificadas por la dictadura como de alto riesgo a moderado para esa práctica ilícita. En Nicaragua, la dictadura asocia el terrorismo con protestas sociales contra su régimen desde el 2018.
Desde entonces, el régimen de Ortega ha intensificado su persecución contra las organizaciones sin fines de lucro, al punto que solo este año ha cerrado más de 850 entidades, muchas de ellas vinculadas a temas de salud, educación, protección de medioambiente y derechos humanos, entre otros. La dictadura aduce que se trata de un proceso de ordenamiento en la regulación de estas, a quienes no les da las oportunidades de corregir supuestos incumplimientos administrativos, tal como lo ordena la ley. La dictadura dice que en el país hay más de 6,000 instituciones inscritas como ONG.
Pese a ello, la dictadura no ha conseguido mejorar su posición ante el Gafilat. En junio de este año, los miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI, que es el rector del Gafilat), votó por mantener a Nicaragua en la lista gris hasta que se realice una visita in situ para verificar la implementación de las reformas relacionadas con el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
En los últimos años, Ortega se ha empeñado en emprender una serie de acciones para desacreditar y cancelar a las distintas OSFL que operan en el país, mismas que suelen generar empleos fijos y beneficios a la población en riesgo. Bajo la excusa de que han recibido financiamiento del exterior para promover actos de terrorismo a nivel interno, ha ordenado decapitarlas en la Asamblea Nacional.
La cacería de estas se intensificó luego de la aprobación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, aprobada por la Asamblea Nacional el 19 de octubre de 2020, la cual buscaba controlar las operaciones financieras y actividades que realizan las organizaciones y asociaciones.
Una fuente especialista en temas de prevención de lavado de activos compartió durante una sesión sobre dicho tema en febrero pasado que se desconoce el mecanismo por el cual Ortega identificó la existencia de 1,700 OSFL vulnerables al financiamiento al terrorismo.
“¿Qué se hizo? ¿Cuáles fueron esos sistemas de monitoreo y seguimiento? No lo sabemos, pero con las recientes acciones que hemos visto, creo que la decisión no fue ni siquiera crear mecanismos idóneos, sino el cierre de las organizaciones. Con estas afirmaciones pareciera que aquí vivimos un paraíso para los financiadores al terrorismo”, sostuvo la especialista, quien pidió no ser citada por temor a represalias.