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En los últimos cinco años, el régimen de Daniel Ortega se ha quedado con miles de millones de córdobas que por ley les pertenece a las 153 alcaldías del país, tal como lo establece la Ley de Transferencias Presupuestarias a los Municipios de Nicaragua. Las 18 comunas opositoras han sido las más castigadas.
Según la Ley 466, antes mencionada, el Estado está obligado “a destinar un porcentaje suficiente del Presupuesto General de la República a los municipios del país, el que se distribuirá priorizando a los municipios con menos capacidad de ingresos”.
Sin embargo, en los últimos años el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) decidió despojar a las alcaldías del 10 por ciento de los ingresos tributarios que por ley se les debía entregar y en lugar de ello solo les dio el 4 por ciento, situación que empeora para las municipalidades opositoras a las que se trata con discriminación cada vez que se hace la repartición de estos recursos.
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En concreto, entre el 2019 y 2022 las alcaldías han dejado de percibir un acumulado de 20,685 millones de córdobas, luego que en el 2018 el régimen de Ortega decidiera aplicar recortes en las transferencias municipales, cuya medida la casi institucionalizó al año siguiente cuando estableció fijo un cuatro por ciento, aún en medio de la recuperación de la economía en el 2021 y 2022.
Con excepción del 2018, la recaudación tributaria no ha dejado de crecer y aunque el Ministerio de Hacienda en sus proyectos presupuestarios suele subestimar la meta en ingresos tributarios al final la misma se suele rebasar, cuyo excedente ha estado siendo enviado a las arcas del Banco Central de Nicaragua como saldo a favor del Gobierno Central.
Las municipalidades tienen tres fuentes de ingresos: las transferencias del Estado, los fondos propios y la cooperación externa.
El despojo por año
Por Ley las 153 alcaldías del país deben recibir el 10 por ciento de los ingresos tributarios que registre el Presupuesto General de la República para ejecutar obras de progreso en las comunidades y retribuir el aporte de estas a la economía (en miles de millones de córdobas).
Años | Ingresos tributarios | Lo que debía darle a las alcaldías (10 % de los ingresos tributarios) | Lo que le dio o dará | Pérdida anual |
2022 | 84,902 | 8,490 | 3,396 | 5,094 |
2021 | 94,056 | 9,405 | 3,089 | 6,315 |
2020 | 74,346 | 7,435 | 2,934 | 4,501 |
2019 | 73,278 | 7,328 | 2,553 | 4,775 |
Pérdida acumulada | 20,685 |
La excusa del régimen
En el último quinquenio las municipalidades del país han dejado de recibir millones de córdobas en concepto de transferencias municipales, tras la decisión del Gobierno de afrontar sus dificultades financieras, quitándole a las alcaldías lo que legalmente les pertenece por ley.
Esa fue una de las duras medidas de austeridad que decidió aplicar el régimen para afrontar los estragos que su propia crisis política generó tras la represión de abril del 2018, cuando los nicaragüenses decidieron protestar por una reforma en la Seguridad Social, que al final fue impuesta en 2019 y que hasta la fecha no ha resuelto el problema del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.
Cabe mencionar que a los 20,685 millones de córdobas acumulados en pérdidas a las alcaldías se suman 749.04 que en 2018 se les quitó en concepto de reducción presupuestaria, por lo que las afectaciones superarían en cinco años los 21 mil millones de córdobas.
El recorte presupuestario fue aprobado por el Ejecutivo el 14 de agosto de 2018. En ese año, Iván Acosta, ministro de MHCP, dijo durante su intervención en la Asamblea que se redujeron las transferencias en correspondencia con la caída de los ingresos tributarios de ese año.
En ese momento, el Gobierno les quitó a las alcaldías 749.04 millones de córdobas en transferencias municipales y las menos afectadas por el recorte fueron las que estaban en el departamento de Managua.
Acosta dijo que el recorte a las municipalidades se basó en la pérdida de casi 8,000 millones de córdobas por recaudación de impuestos, desde que inició la crisis en abril de ese año.
Sin embargo, los números liquidados del Presupuesto General de ambos años muestran que la caída en los ingresos tributarios no ocurrió a ese ritmo. Al finalizar el 2017, Hacienda recaudó 68,614 millones de córdobas y en el 2018 se recaudó 64,522 millones de córdobas, es decir una reducción de 4,092 millones de córdobas, lo que implicaba realmente un recorte de alrededor de 409 millones de córdobas a las municipalidades.
En el 2019, el régimen de Daniel Ortega impuso una reforma fiscal que golpeó parejo a los nicaragüenses, desde las empresas hasta los que producen en el campo, a los que castigó quitando exoneraciones y exenciones, lo que afectó el costo de la canasta básica. La reforma fue lo que evitó que en tres años de recesión los ingresos fiscales cayeran.
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Y aunque el año pasado el Gobierno celebró que la economía se recuperó y creció 10.3 por ciento, eso no se sintió en las transferencias municipales, porque se les arrebató 6,315 millones de córdobas, la mayor pérdida en cuatro años de negarle a las municipalidades el derecho a recibir lo que por ley les corresponde.
El 2022 no es la excepción. Y aunque en el Presupuesto General de la República de este año, el Gobierno proyecta una menor recaudación tributaria y por tanto debería bajar la transferencia municipal, lo cierto es que hasta abril ya llevaba captado 40,005 millones de córdobas, superando con creces lo observado en igual lapso del 2021.
Tal es el grado de “confiscación” de la dictadura a las alcaldías, que lo entregado oficialmente hasta el año pasado fue 69.9 por ciento menor que en 2017, cuando a las mismas se les depositó 6,805 millones de córdobas, de los cuales 5,750 millones de córdobas fueron para proyectos de inversión, según muestran cifras del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Estos recursos suelen ser destinados principalmente para infraestructura vial, construcción y rehabilitación de instalaciones deportivas, centros culturales, escolares y de salud, obras y servicios comunitarios, entre otros. También hay fondos para sus gastos corrientes.
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Alma, la excepción
Quizás dentro de las excepciones del grupo de las 153 alcaldías castigadas por Ortega está la Alcaldía de Managua (controlada por la dictadura y la encargada de cumplir las exigencias de la vicepresidenta Rosario Murillo en la capital), que recibe gran parte de los recursos que cada año se reparten entre las municipalidades.
El informe de liquidación presupuestaria muestra que el año pasado se le dio de manera directa 471.22 millones de córdobas, por encima de los 420.7 millones de córdobas en el 2017, es decir que ya se recuperó de los estragos de los recortes del orteguismo.
En el 2018, en pleno impacto de la crisis sociopolítica, se le transfirió 310.2 millones de córdobas; en el 2019 fueron 321.9 millones de córdobas; en el 2020 un total de 615.50 millones de córdobas, y el año pasado 471.21 millones de córdobas. Para este año, que sería el año castigado, obtuvo 150 millones de córdobas.
Según el informe de liquidación, en 2021 la Alcaldía de Managua recibió del Gobierno central 264.19 millones de córdobas, registrando un incremento del 2.3 en comparación con lo contabilizado en 2020, cuando la cifra se ubicó en 258.19 millones.
Sellin Figueroa, concejal del extinto partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), confirmó a LA PRENSA que, aunque el Gobierno les está dejando un presupuesto muy reducido a las alcaldías, ese escenario “no sucede en Alma”.
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“En los ingresos extraordinarios (de Alma) hay fondos de las transferencias y adicional los soportan con más fondos del nivel central para fortalecer el presupuesto”, agregó.
Reducción significativa en alcaldías opositoras
En el último quinquenio a todas las alcaldías se les redujo su asignación presupuestaria, pero solo a las 18 alcaldías opositoras se le redujo más del 90 ciento, por lo que diversos especialistas en el tema han denunciado que la asignación en los últimos años ha sido con un criterio político.
Las alcaldías afectadas con el recorte dejan de construir calles, puentes, y otras obras de desarrollo, además que esas municipalidades enfrentan dificultades para cubrir el pago de los salarios de los trabajadores y otros gastos administrativos.
Los números oficiales revelan que entre 2017 y 2021, a las alcaldías en las que gobierna el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) se les redujo la transferencia de recursos en más del 94 por ciento.
CxL obtuvo las Alcaldías de los siguientes municipios: Santa María de Pantasma, San Sebastián de Yalí, y El Cuá en el departamento de Jinotega; Murra, en Nueva Segovia; El Almendro, en el departamento de Río San Juan; y San Pedro de Lóvago, en Chontales. Cabe mencionar que el CSE asignó la Alcaldía de San Pedro de Lóvago a CxL, aunque la ganó el PLC.
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De hecho, la disminución en las transferencias en las alcaldías del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) ha sido de, aproximadamente, 94 por ciento en el último quinquenio.
El PLC tiene 11 municipios bajo su administración: San José de los Remates y Camoapa, en Boaco; La Cruz de Río Grande; Ciudad Antigua, Nueva Segovia; Mulukukú, en la Costa Caribe Norte; Bocana de Paiwás, El Tortuguero y Muelle de los Bueyes, en la Costa Caribe Sur; Santo Domingo en Chontales; y La Trinidad, en Estelí.
Por su parte, la única Alcaldía ganada por el partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) es San Francisco de Cuapa, en Chontales, que sufrió una reducción del 90.2 por ciento en sus transferencias presupuestarias, al pasar de 23.61 millones en 2017 a 2.31 millones en 2021.
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Sociólogos han señalado que la reducción del presupuesto a las alcaldías se traduce en un estancamiento en el desarrollo de los municipios, porque la mayoría de los ingresos de las alcaldías provienen de las transferencias. Esta situación disminuye las inversiones de las comunas y causa un aumento de la pobreza, sobre todo en las zonas rurales.
“No tenemos madurez política”
Un economista y consultor externo, quien prefirió el anonimato por temor a represalias, explicó que, por lo general, las alcaldías obtienen sus ingresos “únicamente por una serie de actividades o servicios que prestan a los municipios y cada año los presupuestos le asignan recursos de acuerdo a los proyectos que tienen”.
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“El caso de Managua es diferente, incluso a veces es como la caja chica del Gobierno. Además, el desarrollo de los municipios está en función de todos los recursos que se le trasladan por parte del Gobierno central, que es en base a todos los impuestos que pagamos”, expresó.
Para el experto, el hecho de que más de la mitad de los municipios del país dependan de las transferencias municipales, los hace más vulnerables y fácil de manipular por el Gobierno de turno.
“Nicaragua tiene un gran problema con los gobiernos municipales, nunca han sido autónomos. Casi todas las alcaldías están ligadas e influenciadas por el mismo Gobierno, el progreso se ve muy poco en muchas de ellas, y al final son las comunidades las afectadas”, lamentó.
Siguiendo esta línea, agregó que “realmente no tenemos madurez política y hay una tendencia histórica de que los gobiernos municipales son influenciados fuertemente por el partido de Gobierno en turno, en este caso el sandinista. No mueven un dedo si no es por lo que indique el Gobierno”, enfatizó.
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Asimismo, recordó que “durante el gobierno de doña Violeta Chamorro se pretendió hacer una especie de autonomía, pero después se volvió a partidizar con (Arnoldo) Alemán, luego con Ortega y la realidad es que no tenemos una madurez política y municipal en este país para poder convertir a los gobiernos municipales en gobiernos autónomos, además que hay mucha corrupción”.
“La mayoría de las alcaldías, de cualquier partido, están plagadas de corrupción, el dinero lo ocupan para fines personales y políticos, y las inversiones son escasas, aún en los municipios que son ricos, donde hay producción bastante fuerte, como lo son Matagalpa, Granada, León, entre otros”, sostuvo.