Un día después de que oficialmente se confirmara la barrida en el Ministerio Agropecuario (Mag), que incluyó la cabeza del entonces titular Edward Centeno y la secretaria general, Ana Marcia Zeledón Avilés, el régimen de Daniel Ortega decidió colocar como asesor para asuntos específicos al destituido ministro.
La barrida en el Ministerio Agropecuario, que incluyó a personal de recursos humanos y hasta de limpieza y conductores, según dijeron fuentes gubernamentales a LA PRENSA, ocurrió la semana pasada. Ayer cuando Ortega oficializó la caída de Centeno y Zeledón (esta última hija del alcalde de Matagalpa), en ambos decretos se informó que los mismos fueron emitidos el 23 de junio, un día antes que este Diario informara sobre el despido en ese ministerio.
Según las fuentes gubernamentales, los despidos se produjeron tras intensas investigaciones en el manejo de la cartera, que habría determinado actos de corrupción, en cuya barrida solo se habría salvado el entonces viceministro (ahora nombrado ministro), Isidro Antonio Rivera, quien también estuvo en la cuerda floja.
La misma fuente adelantó la semana pasada que también hay investigaciones en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, en Inafor, Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria. “Viene una corrida salvaje y lo están haciendo escondido”, adelantó una fuente gubernamental.
El medio digital Confidencial también informó ayer, con fuentes ligadas al Frente Sandinista, que “la Policía Económica anda en cacería investigando actos de corrupción en alcaldías y ministerios”, coincidiendo con lo informado por la fuente gubernamental a LA PRENSA la semana pasada, que habla de investigaciones en varias dependencias del Estado.
En ese contexto y un día después que se anunciara la destitución de Centeno y Zeledón, este miércoles el régimen de Ortega emitió un nuevo decreto presidencial en el que nombra al extitular del Mag como asesor para asuntos específicos.
Del decreto presidencial 104-2022 se desprende que la decisión fue adoptada hasta ayer, luego que se publicara el decreto de “renuncia” de Centeno, la cual fue presentada el 23 de junio.
Pero, más allá de eso, lo cierto es que Centeno ocupa cargos regionales, un factor que también puede estar detrás de su nombramiento, pese a posibles actos de corrupción en el Mag.
El 28 de marzo, Centeno fue electo como segundo vicepresidente del 37 período de sesiones de la Conferencia Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Fue el régimen quien postuló a Centeno en dicho cargo regional, lo que fue cuestionado por Colombia, y en respuesta la dictadura a través de cancillería tildó al Gobierno de ese país como “narcoestado”.
La cabeza de Centeno, quien también es exdirigente cafetalero de Nueva Segovia, rodó tras regresar de una gira por Bielorrusia, donde informó de una “hoja de ruta” para el desarrollo de la cooperación y la tecnificación de especialistas nicaragüenses en producción animal y el uso de suelos con asesoría de ese país.
Cuando Sonia Castro fue destituida de su cargo como ministra de Salud, el 26 de julio de 2019, junto con el decreto de “renuncia” también se publicó que se le nombraba como asesora presidencial para temas en salud, una práctica que se ha repetido en otras ocasiones con funcionarios. Llama la atención que el nombramiento de Centeno como asesor no está relacionado con su especialidad, que es la actividad agropecuaria.
Cabe mencionar que durante 15 años de administración del orteguismo, el régimen no ha llevado ningún funcionario público ante las instancias judiciales por casos de corrupción, pese a denuncias de hechos en entidades similares. La única acción que ha adoptado, en medio de las denuncias públicas, es la destitución.
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El analista político Enrique Sáenz no cree que el motivo de destitución de Centeno haya sido por corrupción, al recordar que dicho régimen no castiga esta mala práctica, sino que se trata de una caída en desgracia del funcionario.
“Una cosa es segura. El ahora ex ministro del MAG no fue destituido por corrupción, por una razón muy sencilla: En un Estado mafioso como el que impuso Ortega en Nicaragua la corrupción no es un delito perseguible sino una pauta de conducta oficial y habitual. El Instituto de Basilea coloca al régimen de Ortega entre los peores del mundo en materia de riesgo de lavado de dinero, pero no por las ONGS, sino por la corrupción en la institucionalidad pública”.
Y añade: “Los informes anuales de Transparencia Internacional colocan al régimen de Ortega como el más corrupto de Centroamérica, que ya es mucho decir. Y el último lo colocó como el segundo más corrupto en América Latina. Sin embargo, ¿Cuántos altos funcionarios están investigados por la Contraloría General de la República? ¿Cuántos juicios por corrupción ha iniciado el Ministerio Público? ¿Cuántos juicios por corrupción a altos funcionarios ha desplegado el aparato judicial? ¿Cuántas condenas judiciales se conocen? Así que la destitución de cualquier funcionario público en el régimen de Ortega, principalmente de alto rango, obedece, por definición, a caídas en desgracia o intrigas políticas. Más nada”.