El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, oficializó este lunes la restricción de visas para jueces, fiscales, miembros de la Asamblea Nacional y funcionarios del Ministerio de Gobernación.
«Estados Unidos sigue profundamente preocupado por las detenciones injustas de presos políticos por parte del régimen Ortega-Murillo y los continuos abusos contra miembros de la sociedad civil. Seguimos comprometidos a aplicar una gama de herramientas diplomáticas y económicas para apoyar la restauración de la democracia y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua», señaló Blinken mediante un comunicado de prensa.
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A la vez que añade que «el Departamento de Estado está tomando medidas adicionales para imponer restricciones de visa a otras 93 personas que se cree que socavaron la democracia tras la reelección ilegítima de Daniel Ortega en noviembre de 2021, incluidos jueces, fiscales, miembros de la Asamblea Nacional y funcionarios del Ministerio del Interior (Gobernación)».
«Estados Unidos se mantiene firme contra los abusos de los derechos humanos del régimen de Ortega-Murillo y la represión y el desprecio por el pueblo nicaragüense. Para reiterar nuestro compromiso @StateDept (el Departamento de Estado) impuso restricciones de visa adicionales a quienes han socavado la democracia en Nicaragua», tuiteó Blinken la mañana de este lunes.
«Los jueces y fiscales alineados con el régimen comparten la complicidad en los esfuerzos del régimen de Ortega-Murillo para socavar la democracia a través de su participación en los enjuiciamientos y condenas de líderes de la oposición, defensores de los derechos humanos, líderes del sector privado y defensores de los estudiantes», agrega el comunicado.
Las restricciones de visa a los judiciales del régimen se materializan cuatro días después que el Parlamento Europeo aprobara una Declaración en la que demanda a la Unión Europea la imposición de sanciones a los tres magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) y 14 jueces.
Respecto a los miembros de la Asamblea Nacional y los funcionarios del Ministerio del Interior, señala que «permitieron que el régimen de Ortega-Murillo reforzara su control autoritario sobre los ciudadanos e instituciones nicaragüenses mediante el uso de leyes represivas para despojar a más de 400 ONG y una docena de universidades de su estatus legal».
378 restricciones de visas, en 11 meses
La Administración de Joe Biden inició a implementar esta medida a mediados del 2021, revocando la visa estadounidense a un total de 285 funcionarios y allegados al régimen Ortega Murillo. Por lo que la lista de revocamiento ascendió a 378 este lunes 13 de junio.
El 12 de julio de 2021, el Departamento de Estado de Estados Unidos impuso restricciones de visas a 100 miembros de la Asamblea Nacional y del poder judicial de Nicaragua, incluidos fiscales y jueces, «que impulsaron el asalto del régimen de los Ortega Murillo a la democracia» en el país. Las restricciones incluyen además a algunos de los familiares de los sancionados directos.
Mientras que el pasado 6 de agosto de 2021, Estados Unidos impuso restricciones de visa a 50 familiares directos de funcionarios de la Asamblea Nacional y del poder judicial, incluyendo a fiscales y jueces nicaragüenses.
Esta lista fue engrosada el 20 de agosto de 2021, cuando el Gobierno de Estados Unidos anunció la cancelación de visa a 19 funcionarios electorales y de partidos políticos acusados de ayudar al régimen a perpetrar un “ataque” contra la democracia en Nicaragua.
El 10 de enero de este año revocó la visa a otros 116 funcionarios, “cómplices de socavar la democracia en Nicaragua”, entre los que se incluyen alcaldes, fiscales, administradores universitarios, así como funcionarios policiales, penitenciarios y militares.
EE. UU. reitera llamado a liberar a todos los presos políticos
En el comunicado, Blinken añade que «el régimen tiene a más de 180 presos políticos, muchos de los cuales sufren por falta de alimentación adecuada, atención médica adecuada e incluso luz solar». Un preso político ha muerto (Hugo Torres) y otros permanecen en régimen de aislamiento.
Sobre los presos políticos detenidos bajo arresto domiciliario sostiene que también sufren abusos y no pueden elegir sus propios proveedores de atención médica ni recibir visitas.
«Los corruptos sistemas judiciales y de seguridad del régimen arrestaron y enjuiciaron a estos líderes cívicos y defensores de los derechos humanos por decir la verdad, practicar un periodismo valiente, defender a sus comunidades a través del trabajo de las ONG y abogar públicamente por alternativas al gobierno represivo del régimen, actividades que deberían permitirse bajo la propia Constitución de Nicaragua o cualquier sistema político democrático», señala.
Estados Unidos reitera su llamado a «la liberación inmediata e incondicional de los injustamente detenidos y al restablecimiento de la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua», finaliza el comunicado.
