Una propuesta de iniciativa de Resolución sobre la situación de Nicaragua, presentada por los eurodiputados, propone sanciones a los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), Octavio Rothschuh Andino, Angela Dávila y Argentina Solís, además de la lista de 14 jueces presentada semanas atrás. El argumento para sancionar a los magistrados es por «haber participado en la privación de derechos procesales y sustantivos de los ilegalmente condenados», en una clara alusión a los presos políticos.
Hasta este miércoles, esta Resolución con el nombre «Propuesta de Resolución común» y otras seis más sobre “la instrumentalización de la justicia como herramienta represiva en Nicaragua” presentadas, por separadas, por seis grupos políticos ante el Parlamento Europeo (PE) podrían ser discutidas, unificadas y sometidas a votación este jueves 9 de junio. Los eurodiputados coinciden en exigir la liberación «inmediata» de todos los presos políticos, y particularmente dos bancadas demandan a la Unión Europea (UE) imponer sanciones contra magistrados y jueces orteguistas que han condenado a aspirantes presidenciales, líderes y activistas políticos en el país.
El europarlamentario del Partido Popular Europeo (PPE), publicó este miércoles en su cuenta de Twitter su solicitud de incluir a los funcionarios del poder judicial orteguista en la lista de sancionados de la UE.
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El PE es el ramal legislativo de la UE y una de sus siete instituciones. En el PE, los diputados se reúnen por grupos políticos y no por nacionalidades. Actualmente existen siete grupos parlamentarios. Cada uno debe estar integrado por al menos 23 miembros y deberá representar al menos la cuarta parte de los países miembros, que en total son 27. Es decir al menos 7 países por grupo.
Los grupos son: Partido Popular Europeo (PPE-Demócratas cristianos) con 177 miembros; Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo con 144 miembros; Renew Europe Group (Renovadores), con 101 miembros; Grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea, 73 miembros; Grupo Identidad y Democracia, con 70 miembros; Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, 64 miembros y el Grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo (GUE/NGL) con 39 miembros. Además de 36 parlamentarios no inscritos en algún grupo, para un total de 704 eurodiputados.
Los europarlamentarios en sus propuestas condenan la detención y enjuiciamiento de presos políticos, la mayoría de bancadas solicitan al Consejo que amplíe urgentemente la lista de personas sancionadas, pero particularmente los grupos del Partido Popular Europeo y Renovar Europa detallaron los nombres de 14 jueces a sancionar.
Los jueces propuestos a sancionar
Según la lista de los grupos políticos, los jueces a sancionar son: Nadia Camila Tardencilla, Ángel Jeancarlos Fernández González, Ulisa Yaoska Tapia Silva, Rosa Velia Baca Cardoza, Verónica Fiallos Moncada, Luden Martín Quiroz García, Karen Vanesa Chavarría, Félix Ernesto Salmerón Moreno y Nancy Aguirre Gudiel.
Completan la lista: William Irving Howard López, Erick Ramón Laguna Averruz, Melvin Leopoldo Vargas García, Irma Oralia Laguna Cruz y Rolando Sanarrusia.
Es al Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE) que le corresponde imponer las sanciones, actualmente su alto representante es Josep Borrell.
Coinciden con la solicitud elevada a Borrell
Esta lista coincide con la propuesta del pasado 10 de mayo, cuando la europarlamentaria Soraya Rodríguez junto con los eurodiputados Javier Nart y Jordi Cañas elevaron la solicitud al alto representante de Política Exterior, Josep Borrell, para que la UE incluyera a la lista de personas sancionadas a 14 jueces nicaragüenses, aliados al régimen y que han dictado sentencias y condenas a presos políticos en Nicaragua.
Los eurodiputados denuncian en la misiva enviada a Borrell que “la impunidad está aumentando en Nicaragua y los jueces deben ser considerados directamente responsables de la represión en el país” y recuerdan que en febrero pasado el régimen de Ortega inició procedimientos judiciales contra los principales presos políticos que dieron lugar a sentencias ilegítimas que tan solo confirman la deriva represiva de la dictadura nicaragüense.
“Con estas sentencias judiciales ilegítimas contra presos políticos detenidos arbitrariamente, los jueces también se han convertido en responsables de violaciones de los derechos humanos. Como señala el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre concentración del poder y debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua, existe una subyugación del poder judicial y de la Fiscalía, y no se respeta la independencia judicial y la separación de poderes. Esta situación conduce a una mayor criminalización de la disidencia mediante la manipulación del derecho penal, mientras que no hay garantías de independencia e imparcialidad”, recalcan.
Renew condena la cancelación de personerías jurídicas
El grupo político Renew Europe Group (Renovadores) —conformado por 101 miembros— se refirió a las recientes medidas represivas del régimen a través de la Asamblea Nacional y el Ministerio de Gobernación al despojar de sus personerías jurídicas a 350 organizaciones sin fines de lucro en lo que va del 2022.
Por lo anterior, hace un llamado a las autoridades nicaragüenses para que dejen de cerrar indebidamente organizaciones y restablezcan la personalidad jurídica de todas las organizaciones, partidos políticos, universidades y medios de comunicación que han sido clausurados arbitrariamente, así como para que devuelvan todos los bienes, documentos y equipos incautados indebidamente.
Resolución del Parlamento Europeo
El Parlamento Europeo (PE) aprobó el pasado 16 de diciembre de 2021, con 619 votos, de un total de 704 miembros, una nueva resolución sobre Nicaragua que demanda a la Unión Europea (EU) activar la cláusula democrática de Acuerdo de Asociación (AdA) entre la Unión Europea y Centroamérica, lo cual provocaría la expulsión de Nicaragua del acuerdo comercial, y además solicitan tomar medidas adicionales, incluidas aquellas que puedan ir más allá de restricciones individuales en las que se incorpore “sin demora” a Daniel Ortega en la lista de los sancionados.
A inicios de octubre de 2021, la UE prolongó hasta el 15 de octubre de 2022 las sanciones a 14 funcionarios del régimen orteguista, incluida la vicepresidenta Rosario Murillo.
En la resolución el bloque de europarlamentarios sostiene que la UE debe considerar “todos los instrumentos a disposición para tomar medidas adicionales, incluidas aquellas que pueden ir más allá de las restricciones individuales, mientras que al mismo tiempo apunta a evitar cualquier medida que pueda potencialmente agravar las dificultades del pueblo nicaragüense; acoge con satisfacción la inclusión de Rosario Murillo, junto con varias otras, en la lista de sancionados renovada hasta octubre de 2022; pide que se incorpore sin demora a Daniel Ortega a la lista de sancionados”.
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A la vez, rechazaron el resultado electoral de las polémicas elecciones celebradas en noviembre de 2021, y demandaron la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, activistas de oposición, defensores de los derechos humanos y del medioambiente y periodistas detenidos arbitrariamente.
Condena detención de sacerdote
El documento «Propuesta de Resolución común», condena la muerte del preso político Hugo Torres durante su encarcelamiento y la reciente detención del padre Manuel Salvador García y pide su liberación inmediata.
Asimismo a los Estados Miembros y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que, de conformidad con los artículos 13 y 14 del Estatuto de Roma, abran una investigación formal a través de la Corte Penal Internacional sobre Nicaragua y Daniel Ortega por crímenes de lesa humanidad en virtud del artículo 7 del Estatuto de Roma.
Expresa además su profunda preocupación por las represiones de los medios de comunicación libres e independientes en el país, que han obligado a más de 100 periodistas al exilio.
