La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este viernes su preocupación por la “grave situación de salud” de las presas políticas en Nicaragua.
Urgió al Estado de Nicaragua, en manos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, proveer asistencia médica especializada, de forma urgente, y tomar las medidas necesarias para garantizar su salud e integridad, tomando en consideración su condición de género y edad.
Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, en Nicaragua 14 mujeres están presas por razones políticas.
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A través de un comunicado, la CIDH dijo que el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) recibió información sobre la grave situación de salud de las mujeres privadas de libertad en el contexto de la crisis, debido a la “falta de acceso a servicios de salud especializados y oportunos, deplorables condiciones de detención y represalias en su contra por ser identificadas como opositoras al gobierno actual”.
Información preocupante de presas políticas
La CIDH aseguró que recibió información preocupante sobre las mujeres detenidas en el Sistema Penitenciario Nacional “La Esperanza”, como el grave deterioro de la salud de la presa política Eveling Pinto, de 63 años, quien no “recibiría la atención médica especializada para las diferentes enfermedades crónicas que padece”.
Destacó también el caso de la activista María Esperanza Sánchez, quien cuenta con medidas cautelares de la CIDH, y que “permanecería desde hace más de cinco días internada en la clínica de dicho centro de detención, en estado grave, sin recibir atención médica especializada, ni medicamentos adecuados”.
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Otro caso preocupante para la CIDH es el de Nidia Barbosa, de 66 años, quien “habría sido trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Amistad Japón en Granada y sus familiares desconocerían su estado actual de salud”.
Barbosa salió de la UCI el 21 de mayo y fue trasladada de nuevo a la cárcel de Granada.
La CIDH también reiteró su preocupación por las presas políticas que permanecen en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el nuevo Chipote, en especial por las mujeres mayores de edad, que “están sometidas a regímenes de aislamiento e incomunicación más graves” por su condición de mujeres defensoras de derechos humanos y activistas.
Asimismo, manifiesta que ellas “habrían sufrido un grave deterioro en su salud por la falta de alimentación suficiente, acceso al agua potable y a servicios de atención médica especializada en atención a su género y edad”.
Las mujeres que se encuentran detenidas en el nuevo Chipote son Violeta Granera, Tamara Dávila, Ana Margarita Vijil, Dora María Téllez, Suyén Barahona y María Oviedo.
Urge al régimen liberar de forma inmediata a las presas políticas
El organismo, garante de los derechos humanos y órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), le reiteró al régimen Ortega Murillo que debe proveer atención médica adecuada a las personas privadas de libertad, una obligación que deriva del derecho a la integridad personal establecido en los artículos 1.1 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La CIDH además le recordó al régimen que la obligación del Estado es respetar la integridad física de esas personas y no emplear tratos crueles e inhumanos y respetar la dignidad inherente al ser humano, se extiende a garantizar el acceso a la atención médica adecuada de las personas privadas de libertad.
Igualmente demandó con urgencia al Estado “adoptar todas las medidas necesarias, integrales y con la debida diligencia para que todos sus derechos sean efectivamente respetados y garantizados; en particular, a liberar de forma inmediata a todas las personas detenidas arbitrariamente en el contexto de la crisis en el país”.
De acuerdo con el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, el régimen Ortega Murillo mantiene a más de 180 presos políticos. Más de 170 de ellos fueron enviados a las cárceles después de la rebelión de abril de 2018.