Más de 50 organizaciones de la sociedad civil nicaragüense se unieron en un pronunciamiento para conmemorar el cuarto aniversario de la masacre del 30 de mayo, en el que también llamaron a un paro total de consumo de combustible todos los días miércoles, a partir del 1 de junio.
La opositora en el exilio, Haydée Castillo, manifestó en una conferencia de prensa virtual que el negocio del combustible en Nicaragua está en manos del régimen de Daniel Ortega y su esposa y cogobernante, Rosario Murillo, en consecuencia una acción de dejar de usar ese servicio significará un golpe económico al régimen.
“Sabemos cómo la dictadura Ortega-Murillo se nutre de los impuestos que también se pagan por las diferentes vías y lo que se pretende es quitar todo el oxígeno económico, para evitar que sigan acosando a toda la población y reprimiendo. De manera que concretamente llamamos a que este miércoles 1 de junio todos y todas podamos dejar de consumir combustible ese día, para bajar los ingresos del régimen por la vía directa de sus negocios o por la vía de pagos de impuestos”, manifestó Castillo.
El pronunciamiento fue leído por el opositor y académico Ernesto Medina, quien explicó que esta propuesta es el resultado de un diálogo entre los miembros de diferentes organizaciones opositoras, con el propósito de lograr “la anhelada unidad de las fuerzas opositoras nicaragüenses”.
Son 55 organizaciones que firmaron el mensaje, bajo la denominación de “Espacio Plural de Diálogo de Actores Nicaragüenses”.
“Estamos dispuestos a iniciar un proceso de construcción y al mismo tiempo de tender puentes con otras organizaciones hermanas. Ahora estamos en ese proceso de conversar, para tratar de identificar cuáles son sus planteamientos, sus principios, sus valores y sobre todo cuáles son las coincidencias para comenzar a trabajar sobre ellas”, manifestó Medina.
Propuesta
El pronunciamiento llama “a contribuir de forma creativa en acciones que limiten los ingresos económicos del régimen, a través de dejar de comprar en sus negocios”. Entre las acciones propuestas en el pronunciamiento señala iniciar y unirse a paros de consumo progresivos de combustible todos los miércoles de cada semana, iniciando decididamente este 1 de junio del año 2022.
También proponen “fortalecer creativamente y en silencio la organización y articulación interna del pueblo en resistencia activa”.
Diáspora y exilio
El pronunciamiento pide a la diáspora y el exilio continuar fortaleciendo su presencia y solidaridad, presionando a los organismos internacionales que financian al régimen.
Los objetivos son:
—Demandar a la comunidad internacional la creación de un mecanismo efectivo para exigir la liberación inmediata y sin condiciones de todas las personas secuestradas por el régimen que están en inminente peligro de muerte.
—Organizar visitas presenciales, en los primeros 15 días del mes de junio, ante los gobiernos socios del BCIE para demandar el retiro de fondos que financian la represión.
Lea además: Trabajar como albañil en EE. UU. ¿Cuánto pagan? y ¿cuántas vacantes hay? Acá te damos una idea
—Llevar un solo mensaje a la Cumbre de las Américas para posicionar los derechos humanos como el centro de preocupación del pueblo y de los gobiernos del continente y para que reconozcan la ilegitimidad de la dictadura Ortega Murillo y actúen en consecuencia.
—Demandar la profundización y ampliación de todos los mecanismos de presión con los que cuenta la comunidad internacional para reencauzar la democracia en Nicaragua.
—Organizar y participar en la Jornada Mundial de Ayuno y Oración en distintas ciudades del mundo con presencia de nicaragüenses durante el mes de junio, en demanda de la liberación de los presos/as políticos y en solidaridad con monseñor Rolando Álvarez y con todos los párrocos perseguidos por el régimen.
El 30 de mayo de 2018, fecha en que se celebra el Día de las Madres en Nicaragua, miles de ciudadanos salieron a marchar en todo el país en contra del régimen Ortega-Murillo, en la que se denominó “la madre de todas las marchas”. Ese día, 17 jóvenes que participaron en las protestas fueron asesinados por francotiradores y civiles armados, sin embargo, el régimen de Ortega nunca ha reconocido estas muertes.