El Diario LA PRENSA reportó en su edición del viernes 13 de mayo la muerte por ahogamiento en las aguas del río Bravo, fronterizo de México con Estados Unidos, del niño nicaragüense de apenas 3 años de edad Alinton Alvarenga Madrigal.
El niño iba con su madre, Jeymi Madrigal, quien intentaba entrar ilegalmente o “mojada” al territorio estadounidense. Al ocurrir la tragedia el niño iba con un amigo de la madre, quien trataba de ayudarle, pero fue arrastrado por las aguas del río fronterizo que es mortal para muchos migrantes, incluyendo ya a varios nicaragüenses.
La revista Confidencial informó el 1 de mayo corriente que “catorce nicaragüenses fallecieron en su intento por cruzar ilegalmente a Estados Unidos, entre marzo y abril de 2022”. La mayoría murió ahogada en las aguas del río Bravo. Es una impresionante cantidad de muertos en tan poco tiempo, paradójicamente por querer vivir mejor.
Obviamente no hay a quién culpar por esas muertes. Pero más obvio todavía es que sí hay un gran culpable al que lamentablemente no se le puede juzgar y condenar en un tribunal. Es el sistema económico, social y político, son el Estado y el Gobierno que teóricamente son instituciones de servicio público que deben velar por el bienestar de las personas y las familias, y garantizar su seguridad y tranquilidad.
Pero en países como Nicaragua, el Estado y el Gobierno no cumplen esos deberes primordiales, no garantizan a todas las personas la posibilidad de trabajar para prosperar, o al menos para sobrevivir con una mínima dignidad, y además les niegan sus derechos garantizados en la Constitución y en las leyes nacionales e internacionales.
El problema no es solo de Nicaragua sino de todo Centroamérica, salvo Costa Rica. Pero, ¿por qué el país vecino de Nicaragua en el sur no sufre el grave problema social y humano de la migración ilegal?
La respuesta es sencilla. Porque en Costa Rica hay libertad y democracia, porque allí la economía es de un capitalismo libre y no de amigos y cómplices, porque desde hace más de setenta años abolieron el ejército y los recursos que se malgastaban en el aparato militar se invierten en educación, salud y otros beneficios sociales.
La fuerte emigración ilegal desde Centroamérica, según el organismo de las Naciones Unidas, Acnur, “se debe a la fragilidad de las instituciones y al incremento de la violencia y de los delitos perpetrados por las pandillas y los cárteles del narcotráfico”. Y en el caso específico de Nicaragua, dice Acnur, “el desplazamiento (de gente) a gran escala sigue siendo detonado por la inestabilidad política”. Una forma diplomática, pero hipócrita, de referirse a la represión, la intolerancia y la inseguridad.
Definitivamente, mientras permanezca el mismo sistema de gobierno autoritario; mientras no haya libertad, democracia, Estado de derecho y respeto a los derechos humanos, la gente seguirá yéndose como pueda. Y muchos continuarán siendo víctimas de los criminales y de las aguas turbulentas del mortal río Bravo.