Al menos veintitrés organizaciones opositoras, establecidas dentro y fuera de Nicaragua, se dirigieron a través de una carta a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) para solicitarles que declaren ilegítimo al gobierno de este país, en manos del dictador Daniel Ortega y su esposa y cogobernante, Rosario Murillo.
De acuerdo con el comunicado emitido, la carta fue enviada en reacción a las recientes decisiones tomadas en Managua, por el régimen Ortega Murillo, de expulsar a la OEA del país, retirar las credenciales de sus representantes y expropiar la sede donde funcionaba el organismo en la capital.
Las acciones ejecutadas por el régimen en menos de una semana son “un fiel reflejo del actuar y carácter represivo de la dictadura con la ciudadanía nicaragüenses” dentro del país, aseveraron las organizaciones en su comunicado.
Solicitan que sesión extraordinaria de la Asamblea General
Los opositores que enviaron esa carta señalaron que consideran oportuno y urgente una convocatoria a sesión extraordinaria de la Asamblea General de la OEA, que tenga como objetivos “lograr la liberación de todas las personas presas políticas” y que los Estados miembros de la OEA declaren ilegítimo al gobierno de Ortega, “responsable de crímenes de lesa humanidad”.
En la resolución de la Asamblea General de la OEA, del 12 de noviembre de 2021, la mayoría de los Estados miembros del organismo declararon “ilegítimas” las elecciones del 7 de noviembre de 2021 en Nicaragua, por considerar que “no fueron libres, justas ni transparentes”.
“Carecen de legitimidad y más bien sus instituciones democráticas han sido seriamente socavadas por la dictadura Ortega Murillo”, afirmaron.
Lo que las organizaciones opositoras piden ahora es que se declare ilegítimo al Gobierno de Ortega.
El profesor de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA), Carlos Cascante Segura, dijo que si la OEA desconoce al gobierno de Managua, lo llevaría a aislarlo por completo. Pero, según su criterio, “es un paso difícil” de darse “porque implicaría una serie de consecuencias para los países cercanos, como Costa Rica, Honduras y El Salvador, a los que pondría en una situación complicada con Nicaragua”.
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Enrique Martínez, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), una de las organizaciones firmantes, dijo que al declarar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ilegítimo se sienta un precedente en la comunidad latinoamericana, demostrando además que representa una amenaza regional en materia de democracia y derechos humanos.
Tamara Zamora, miembro de la Comunidad Nicaragüense en Guatemala (Conigua), expresó: “Si el pueblo de Nicaragua fue capaz de trastocar todos los cimientos de la dictadura a partir del 2018, y pagar las consecuencias, lo menos que esperamos es que este organismo internacional (OEA) actúe sin miedo y sin contemplación”.
Zamora recordó que la expropiación de las oficinas de la OEA en Nicaragua “es una agresión no sólo para los miembros de la OEA en Nicaragua, es una agresión al continente americano, donde la opción por la democracia plena y las libertades de los ciudadanos está en juego”.
Expropiación de la sede de la OEA
El régimen informó su decisión de retirar a sus representantes de la OEA, de expulsar al organismo, de declarar el local donde estaban sus oficinas de “utilidad pública” y de instalar ahí el “Museo de la infamia”.
El 28 de abril, el régimen consumó la expropiación, ya que obligó a funcionarios de la OEA a sacar sus pertenencias y la Procuraduría General de la República emitió un comunicado en el que lo oficializó y atacó nuevamente al organismo y a su secretario general, Luis Almagro, catalogándolo de “deplorable y oscuro cachivache imperial”.
El edificio donde funcionaba la OEA era un inmueble alquilado por la institución, registrado a nombre de las hermanas Luz Marina y María Auxiliadora Navarrete Guevara. La primera de ellas es esposa de Pedro Rioseco, periodista cubano de la agencia oficialista Prensa Latina.