El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) incluyó en la agenda de la reunión ordinaria, prevista para este miércoles a las 8:00 de la mañana, hora de Managua, el punto «La Oficina Nacional de la Secretaría General de la OEA en Nicaragua», a solicitud de Luis Almagro, secretario general del organismo.
Le puede interesar: Régimen de Ortega retira a sus representantes en la OEA y cierra la sede del organismo en Nicaragua
El tema ocupa el punto 6 de la agenda de la reunión programada a realizarse a las 10:00 a.m. hora de Washington DC, donde se ubica la sede del organismo.
Mediante una comunicación con fecha 26 de abril, Almagro solicitó la inclusión del tema a la presidenta del Consejo Permanente, Elizabeth Darius-Clark, tomando como referencia la carta remitida a esta instancia el día anterior, en la que el funcionario denuncia la ocupación de la oficina del organismo en Managua hecho que calificó como «absolutamente despreciable en términos jurídicos».
En la carta remitida este domingo a Darius-Clark, Almagro le informa al Consejo Permanente que el canciller de Nicaragua, Denis Moncada, declaró cerrada la Oficina de la Secretaría General de la OEA: «Inmediatamente después, la Policía ocupó las instalaciones de esa oficina, incautando sus archivos, junto con todo lo demás allí», denunció.
Almagro denunció que las acciones ejecutadas por el régimen de Ortega sobrepasaron los límites al asegurar que «nunca ello había ocurrido ni en tiempos de las peores dictaduras de la región, incluidas las que había vivido Nicaragua».
Además advirtió que «estamos ante la violación de las más elementales normas que regulan las relaciones entre Estados y organizaciones internacionales», por lo que afirma que se «está abriendo un precedente que la región no había conocido hasta ahora».
«De utilidad pública»
Este martes, la vicepresidenta designada y primera dama, Rosario Murillo, anunció que el edificio donde funcionaba la representación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Nicaragua se declaró de «utilidad pública».
Lea además: Gira centroamericana de AMLO no incluye Nicaragua
«La Procuraduría General de la República informa que el bien inmueble que ocupaba la oficina de la deplorable OEA, despreciable OEA, ha sido objeto de declaratoria de utilidad pública y pasará al Estado de Nicaragua, quien a través de la unidad ejecutora, en este caso el Instituto de Cultura, va a desarrollar el museo de la infamia», dijo en su alocución diaria en los medios oficialistas.
Fuentes ligadas al organismo, que solicitaron el anonimato, informaron a LA PRENSA que el edificio era rentado, además de las oficinas de la OEA, ubicadas en la primera planta, también fueron desalojados otros inquilinos, «ni tiempo les dieron para poder sacar nada», indicaron.
«Qué más infamia que ese ministerio de colonias y este acuerdo que ha dado a conocer la procuradora entrará en vigencia al publicarse en La Gaceta», agregó. «Todo esto es buena nueva», celebró Murillo.
«Expulsar y confirmar la expulsión y la ratificación además de la OEA como infame, como una infame y despreciable ministerio de colonia», añadió Murillo.
Las violaciones jurídicas
Arturo McFields, quien hasta el mes pasado era embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), afirmó que la decisión del régimen de retirar a sus representantes del organismo y cerrar la sede del mismo en Managua obedece a dos razones: la primera como respaldo a Rusia —que fue expulsada como observador permanente ante la OEA— y segundo, por la «insostenible» relación entre el país y la organización.
La acción —dijeron analistas y exdiplomáticos a LA PRENSA— es una clara violación a la Convención de Viena. «Lo que pasa es que el régimen de Nicaragua está acostumbrado a violentar las leyes, entonces violenta las leyes locales y cree que puede hacer lo mismo con el derecho interamericano», afirmó McFields.
Un exdiplomático, bajo condición de anonimato, explicó que la oficina de la OEA en Managua está protegida por el Acuerdo General entre la Secretaría General de la OEA y el Estado de Nicaragua, sobre el funcionamiento de la oficina de este organismo y el reconocimiento de sus privilegios e inmunidad del 2 de octubre de 1989, firmado durante el primer gobierno sandinista.
El 19 de noviembre de 2021, el régimen de Ortega denunció oficialmente la Carta de la OEA, con lo que iniciaba el proceso de renuncia al organismo, que de acuerdo a lo establecido, tiene una duración de dos años para hacerse efectivo, no obstante, este 24 de abril, anunció el retiro de las credenciales de sus representantes ante el organismo y la «expulsión» del mismo en Nicaragua, a partir del anuncio, la oficina de la organización hemisférica, se mantiene ocupada por la policía.
