Tras la expulsión de los nicaragüenses Salvador Espinoza y Xóchitl Tapia, propietarios de Saxo Producciones, después de permanecer por 10 días detenidos arbitrariamente en las celdas de «el nuevo Chipote», la dictadura de Daniel Ortega demostró una vez más que actúa como un «secuestrador vulgar» que emplea el «chantaje» para desterrar a los nicaragüenses, violando incluso la misma Constitución Política del país, que establece que «ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad».
La pareja tiene únicamente la nacionalidad nicaragüense, y el régimen puso como condición para liberarlos que salieran inmediatamente del país, por lo que quedan como apátridas al arrebatárseles su derecho a vivir en Nicaragua.
A consideración de la abogada Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), en este caso el régimen prácticamente «canjeó» la libertad y presunción de inocencia de Espinoza y Tapia por un «chantaje perverso».
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«Me niego a aceptar lo que dicen que fueron puestos en libertad, en ningún momento ocurrió eso, ellos fueron utilizados como moneda de canje y el Gobierno actuó como un secuestrador y la persona que los sacó de la cárcel compró los pasajes de avión y los llevó al aeropuerto, actuó como un familiar chantajeado frente a un secuestrador vulgar», expuso la defensora de derechos humanos.
En el caso de Josue Monroy, vocalista de la banda Monroy & Surmenage —también detenido en la última redada del régimen contra los artistas— solo se sabe que lo enviaron a El Salvador, debido a que el músico posee doble nacionalidad.
«Fuera de las garras tiránicas»
Tras conocerse la expulsión de la pareja de nicaragüenses, Norma Rivera, mamá de Salvador, compartió en su cuenta de Facebook que su hijo y nuera ya estaban fuera «de las garras tiránicas», pero no especificó las gestiones realizadas y a qué país fueron expulsados los ciudadanos, aunque se conoció que posiblemente viajaron a Alemania.
«La familia completa ya está fuera de las garras tiránicas y dictatoriales que avasalla y oprime al pueblo nicaragüense. A toda la familia y amistades que nos acompañaron a lo largo de esta pesadilla, gracias, gracias, gracias», escribió Rivera.
LA PRENSA se comunicó con Rivera para conocer más detalles al respecto, pero escuetamente comentó que iba viajando y no podía atendernos.
«Nicaragua, una gran cárcel en la que mucha gente está presa en sus casas, en sus trabajos, en su dolor, en su luto, en sus lágrimas, en su impotencia. Presos y encadenados de manos y pies, también tienen encadenada la voz. Hay mucha gente, familia y amigas de las personas presas políticas que están tragándose el dolor y el grito por miedo a que a ellas les pase algo, o a sus familiares o amistades. Es humano tener miedo», se lee en la publicación de Rivera.
Ortega viola la Constitución Política
El artículo 20 de la Constitución Política de Nicaragua, donde se refiere a la «prohibición de privación de nacionalidad», establece que «ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad», lo que significa que la figura de expulsión «no es aplicable a ningún nicaragüense».
En el mismo acápite establece que esta calidad de nacional nicaragüense «no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad». Dicho esto, el abogado y experto en derechos humanos Uriel Pineda, consideró que frente a esta situación «estamos en presencia naturalmente de una violación a la libertad y lugar de establecimiento de domicilio» contra ciudadanos nicaragüenses.
«Bajo ninguna circunstancia se puede expulsar a un nicaragüense, tal vez únicamente bajo el requerimiento de extradición, pero constitucionalmente lo tenemos prohibido. Si no hay una disposición que busque ese fin legítimo, es decir que sea razonable donde te pidan la extradición, entonces estamos en presencia naturalmente de una violación a la libertad y lugar de establecer domicilio», declaró Pineda.
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En el caso de los extranjeros que adquirieron la nacionalidad nicaragüense, o sean turistas o residentes temporales, estos sí pueden ser expulsados a su país de origen, con base en la Ley 761, Ley General de Migración y Extranjería aprobada en marzo de 2011, que argumenta la defensa del orden público, la seguridad ciudadana y la soberanía nacional.
«Constitucionalmente, conforme a la Ley de Migración y Extranjería, solo pueden ejercer la deportación y expulsión en contra de las personas que son turistas, residentes o las personas que son nacionalizadas. Estos sí pueden ser deportados a su país de origen o tercer país que los esté requiriendo bajo la figura de extradición, pero los nicaragüenses no pueden ser deportados bajo ninguna figura legal», aclaró otra fuente bajo condición de anonimato.
Los casos más recientes de expulsiones de extranjeros son los del músico Leonardo Canales y la cantante Emilia Arienti, quienes tras varios días de la redada policial del 12 de abril, confirmaron que habían llegado bien a sus destinos. A Canales supuestamente lo enviaron a Costa Rica, mientras que a Arienti, cuyo nombre artístico es Ailime, a su natal Italia.
Sin embargo, en estos casos específicos el régimen de Daniel Ortega en ningún momento informó sobre sus detenciones y motivos, así como la expulsión.
«Esta persecución, robo y expulsión que le hicieron a este grupo de músicos no debe de verse aislado, sino que viene a engrosar el catálogo de modalidades de represión del Gobierno, una modalidad que refleja el incremento de la perversidad, donde el Gobierno está demostrando que él es el dueño y señor de la vida y seguridad de todas las personas de este país», finalizó la presidenta del Cenidh.
