La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), al aprobar los informes que documentan los ataques a periodistas y medios de comunicación en los países del hemisferio, concluyó particularmente que los últimos seis meses han sido «uno de los semestres más sombríos para el periodismo nicaragüense».
Sobre Nicaragua, la organización reconoce que la Bandera Nacional que ondea frente a la fachada del edificio principal de LA PRENSA y que está convertida en harapos «refleja la situación del periodismo y del país ante la dictadura» de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Durante este período la SIP registró más de 661 ataques contra medios y periodistas, en su mayoría cometidos por instituciones o funcionarios del Estado, lo que hace que en el país cada día se ejerza el periodismo en condiciones más adversas y hostiles.
Entre esas agresiones, indica la SIP, 571 fueron ataques a medios de comunicación y 89 a personas naturales y contra una organización gremial.
«Muchos ataques se dieron en el marco del proceso electoral del 7 de noviembre de 2021, altamente criticado a nivel nacional e internacional por realizarse sin cobertura amplia de prensa u observación electoral independiente y con alto índice de ataques a la prensa», sostiene la SIP.
Y lamenta que los ataques causaron que los periodistas se autocensuren y pidan protección de su identidad. A la vez, indica que en estos últimos meses, al menos 75 periodistas y dueños de medios independientes se vieron obligados al exilio, seis de ellos en febrero.
La SIP finalizó su reunión regional virtual denunciado un incremento en el último semestre en agresiones, encarcelamiento y exilio forzado contra periodistas, así como ataques contra medios de comunicación, acoso judicial, estigmatización y un saldo de 15 asesinatos de periodistas en el continente. La organización también destacó en este período la toma de dos diarios en Venezuela y Nicaragua, así como restricciones al acceso a la información.
Destacó que en Cuba, Nicaragua y Venezuela, periodistas y medios de comunicación son con «inusitada frecuencia víctimas de la persecución y represión de gobiernos totalitarios». Entre las agresiones documentadas se incluye el encarcelamiento de ocho comunicadores: seis de Nicaragua —tres reporteros y tres directivos de LA PRENSA— y dos de Cuba. Otros 77 periodistas fueron forzados al exilio: 75 de Nicaragua y dos de Cuba.
«Difícil situación de Nicaragua acaparó la atención del evento»
Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa (SIP), se encargó de dar lectura a los nombres de los países e informes. Los informes que se aprobaron son de Nicaragua, Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Canadá, Caribe, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
«Monstruo grande que pisa fuerte para describir el atropello arrollador del régimen de Daniel Ortega. En esas pocas líneas se condensa la tragedia de muchos colegas», destacó Jornet antes de iniciar la votación para la aprobación de los informes, en la que recordó la participación y testimonio de la periodista y excolaboradora de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), María Lourdes Arróliga.
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Posteriormente, se puso a consideración diez resoluciones presentadas durante la reunión donde aprovechan para analizar el panorama actual de los reporteros y medios de comunicación en América Latina.
«La difícil situación de Nicaragua acaparó en parte la atención del evento y por iniciativa de la SIP se aprobó una Declaración que fue suscrita por 27 organizaciones», recalcó la SIP.
La organización regional señala que diciembre de 2021 estuvo marcado por agresiones a las mismas víctimas, así como la congelación de procesos judiciales contra periodistas y el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH). «Las autoridades judiciales alegaron que fue por carga laboral, considerando que esto era razón de fuerza mayor», subraya la SIP.
«Fuerte autocensura» en 2022
Enseguida, la SIP sostiene que este año (2022) inició con «fuerte autocensura de los periodistas y más ataques que en meses pasados», y agrega que dicha acción hizo que los periodistas «retiraron sus firmas de los artículos».
Entre febrero y marzo —destaca la SIP— se realizaron juicios cargados de arbitrariedades en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como el nuevo Chipote. «Se trató de juicios a puertas cerradas, con policías de testigos y acusaciones bajo leyes represivas aprobadas en 2020. El 31 de marzo, el poder judicial condenó a nueve años de cárcel a Juan Lorenzo Holmann, gerente general del Diario LA PRENSA, y vicepresidente regional por Nicaragua de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, una condena que según análisis de abogados penalistas no fue probada en el juicio. A su vez, ordenó «mantener bajo custodia» las instalaciones de LA PRENSA tomadas desde el 13 de agosto de 2021 e impuso «una alta multa monetaria».
La organización subrayó que de la misma manera, Holmann fue inhabilitado durante el mismo período para ejercer su profesión, oficio o cargo y se le impuso una multa calculada en «tres veces el valor del dinero, bienes y activos» que supuestamente lavó.
A la vez, resaltó que fueron acusados y condenados periodistas, trabajadores de medios y miembros de la FVBCH. También el director de 100% Noticias, Miguel Mora, detenido por segunda vez, fue enjuiciado el 4 de febrero por el delito de «menoscabo a la integridad nacional» y condenado a 13 años de prisión.
La SIP enfatizó el caso del cronista deportivo Miguel Mendoza, quien fue llevado a juicio el 8 de febrero por el delito de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional» y fue condenado a nueve años de prisión. Otro caso fue el de Jaime Arellano, comentarista político, quien enfrentó juicio el 24 de febrero por «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional» y propagación de noticias falsas, establecidas en la Ley de Ciberdelitos. Se le impuso una condena de 13 años por ambos delitos.
Particularmente en el caso de la FVBCH, la SIP denunció que el 11 de marzo su directora Cristiana Chamorro fue condenada a ocho años de prisión por los delitos de lavado de dinero y apropiación indebida, y también su hermano, Pedro Joaquín Chamorro Barrios, fue condenado a nueve años por los delitos de apropiación y retención indebida. Además a los extrabajadores, Walter Gómez, administrador, y Marcos Fletes, contador de la FVBCH, se les impuso una condena de 13 años por los delitos de falsificación ideológica, gestión abusiva, apropiación indebida y lavado de dinero.
Mientras a Pedro Vásquez, conductor de Cristiana Chamorro, se le impuso una condena de siete años por supuesta cooperación para el lavado de dinero. En este período, 10 opositores enfrentaron procesos judiciales y fueron condenados por violar la Ley de Ciberdelitos y «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional» y menciona los demás casos de ciudadanos condenados bajo esta misma ley.
Finalmente, la SIP asegura que al cierre de este informe, las instalaciones de LA PRENSA continuaban tomadas por patrullas de la Policía Nacional.
