El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) afirmó que en los juicios contra los privados de libertad por motivos políticos, detenidos entre mayo y noviembre 2021, se cometieron una serie de «aberraciones jurídicas» y violaciones a los derechos humanos.
Entre este grupo de detenidos se encuentran exaspirantes presidenciales, estudiantes, líderes campesinos, disidentes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), activistas feministas, exdiplomaticos, así como directivos y extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).
Estas personas fueron detenidas por estar bajo investigación de la Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, y posteriormente acusados por los supuestos delitos de «conspiración para cometer menoscabo» y «menoscabo a la integridad nacional».
El Cenidh, en homenaje a los cuatro años del inicio de la crisis política en abril 2018, presentó el informe Juicios nulos: Una acción aberrante y cruel del régimen Ortega Murillo. «El trabajo de monitoreo, seguimiento y acompañamiento a los familiares por parte del Cenidh permitió la actualización de la información y la divulgación de lo que ocurría dentro y fuera de las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial (nuevo Chipote) donde se desarrollaron las farsas judiciales en medio de una serie de aberraciones jurídicas y violaciones a los derechos humanos».
Irregularidades durante los juicios
Requisas, interrupción de la defensa y control sobre los defensores son algunas de las irregularidades que el organismo logró documentar durante las farsas judiciales, como ellos calificaron a los juicios contra los opositores privados de libertad.
Durante los juicios llevados a cabo en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), a los abogados que representan a los opositores les requisaron sus documentos necesarios para llevar a cabo su labor. Los privaron de sus computadoras y celulares, además de ser sometidos a revisiones corporales que incluyeron hasta el cuero cabelludo.
Durante la jornada de audiencias, algunos de los jueces interrumpieron la participación de la defensa y «contestaron las preguntas que este hacía a los testigos propuestos por la Fiscalía, que en su mayoría eran los mismos miembros de la Policía Nacional», señaló el documento.
Otra de las irregularidades documentadas por parte de este organismos es la nula libertad de circulación de los defensores dentro de la DAJ. No les permitían dirigirse a los lugares donde se llevaban a cabo las audiencias sin la autorización y sin ser trasladados por vehículos designados por las autoridades correspondientes. «También no les permitían salir de los lugares destinados para las audiencias sin autorización de los miembros de la Policía Nacional», indica el informe.
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Violaciones constitucionales y de derechos humanos
El documento también recolectó algunas de las violaciones constitucionales y de derechos humanos cometidas durante los juicios contra los privados de libertad. Afirmaron que fueron 16 derechos humanos violados a los 47 procesados hasta el día de hoy.
Destacaron ocho principales agresiones: a la integridad física, psíquica y moral, también su libertad individual, el respeto a su honra y reputación, el respeto a la inviolabilidad de su domicilio y sus comunicaciones de todo tipo, el derecho a la igualdad ante la ley, principio de legalidad, prisión arbitraria y el derecho al debido proceso.
La violación al debido proceso se vio violentada desde la falta de presunción de inocencia, además de que no tuvieron derecho a juzgamientos sin dilaciones por la autoridad competente porque los juicios fueron suspendidos por supuesta carga laboral. Además no les permitieron comunicarse de manera libre y privada con sus defensores antes, durante y después de los juicios.
«Fue evidente la parcialidad de las autoridades judiciales en la tramitación de los juicios: todas las solicitudes de la Fiscalía fueron declaradas con lugar e incluso se impuso exactamente la pena que solicitó la Fiscalía, aún cuando esta no estaba fundamentada, violando evidentemente el principio de igualdad ante la ley», indica el documento del Cenidh.
Detenidos sin juicios
Cuatro de los privados de libertad todavía no han sido llevado a juicios, a pesar de haber cumplido con el tiempo de investigación, como el caso del analista político Edgard Parrales quien se encuentra en prisión domiciliaria. Su juicio estaba programado para el 19 de abril, sin embargo, el Cenidh informó que sin previo aviso este fue suspendido.
Asimismo, el juicio de los empresarios Michael Healy y Álvaro Vargas, presidente y vicepresidente respectivamente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), está programado para el próximo 28 de abril. Ambos fueron detenidos el 21 de octubre del año pasado por el supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos. Llevan detenidos en la DAJ más de 180 días.
Hugo Torres, exguerrillero y disidente del FSLN, murió el pasado 12 de febrero, las causas oficiales no fueron reveladas de manera oficial. El Ministerio Público solicitó la «suspensión definitiva», sin embargo, especialistas penales explicaron a LA PRENSA que no se puede suspender en juicio definitivamente porque no está establecido en el Código Procesal Penal.
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