Los diputados de México rechazaron este domingo la emblemática reforma constitucional del sector eléctrico impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador públicamente criticada por los Estados Unidos, el mayor socio económico de México.
El partido oficialista Morena no ha logrado la mayoría calificada de dos terceras partes de los diputados para que se aprobara esta reforma.
«Se desecha el proyecto de decreto», con 275 votos a favor, 222 en contra y cero abstenciones, dijo Sergio Gutiérrez, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, tras la discusión de la iniciativa que buscaba darle mayor control al Estado en la generación y distribución de electricidad.
La reforma de López Obrador planteaba revisar otra reforma constitucional de 2013 sobre la liberalización del mercado eléctrico, cuyo objetivo era, según el gobierno actual, «la desaparición de las empresas energéticas del Estado».
Estados Unidos ha advertido que se podrían desatar «litigios interminables» de aprobarse la reforma, que a su juicio vulnera las inversiones privadas estadounidenses en México.
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Para Washington, el cambio en las reglas de juego -con «normas retroactivas»- «genera inseguridad jurídica y perjuicios que afectan el clima de inversiones».
«Será la primera vez que se desecha una propuesta constitucional de un presidente porque no supieron operarla, por la soberbia del presidente y de su equipo», dijo a la AFP una fuente cercana al Coordinador parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD, izquierda), Luis Espinosa Cházaro, previo a la votación.
De ser rechazada en el pleno, «representaría una gran derrota para Morena y López Obrador porque es uno de los ejes centrales de su proyecto: estatizar la energía», comentó a la AFP José Antonio Crespo, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). El presidente mexicano restó importancia a un eventual revés parlamentario de su reforma constitucional al sector eléctrico.
La semana pasada, la Suprema Corte avaló una ley que el Congreso aprobó en 2021, que refuerza la participación del Estado en el sector eléctrico.
La reforma constitucional que se discutió este domingo establece que al menos 54% de la energía sea gestionada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), contra el 38% que maneja actualmente y el 62% en manos de privados.
