En pleno año de votaciones municipales, las sanciones alcanzaron a tres magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), lo que supondría nuevas reformas a la Ley Electoral (Ley 331) como las que se vio obligado a hacer el régimen Daniel Ortega en 2018, tras la primera sanción al entonces presidente del poder electoral, Roberto Rivas Reyes (q.e.p.d.).
Rivas fue sancionado por Estados Unidos en diciembre de 2017, a través de la Ley Magnitsky, que lo dejó impedido de hacer transacciones legales y administrativas, debido al alcance de esa medida que implica congelación de activos en Estados Unidos y la prohibición de realizar transacciones con empresas y ciudadanos de ese país; bloqueo de tener cualquier relación con el Sistema Financiero: tarjetas de crédito, cuentas bancarias, entre otras transacciones financieras.
En ese entonces, el régimen orteguista tomó la decisión de pasar las funciones administrativa que le correspondían a la presidencia del CSE a la vicepresidecia, aparentemente para no destituir a Rivas. Luego esta práctica se volvería una regla en posteriores sanciones a directivos y presidentes de ministerios u otras instituciones.
En el caso del CSE, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó una reforma a Ley Electoral en febrero de 2018, para pasar las funciones administrativas del presidente del CSE al vicepresidente, en ese momento, Lumberto Campbell. Aún así, Rivas renunció en mayo de 2018. El expresidente del CSE murió el pasado 5 de marzo.
Desde que Daniel Ortega regresó a la Presidencia en 2007, las elecciones se han caracterizado por la falta de transparencia y toda clase de irregularidades para mantenerlo en el poder, lo que motivó las primeras sanciones a Rivas, además de señalamientos de enriquecimiento ilícito en ese cargo en el que estuvo más de 20 años.
El CSE está conformado por 10 magistrados, siete propietarios y tres suplentes. El año pasado, la Asamblea cambió a la mayoría de los magistrados, pero esto significó la designación de personajes más leales a Ortega, con trayectoria histórica de militancia en el partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y otros afines al régimen.
Los actuales magistrados electorales responden totalmente a los intereses del régimen orteguista, lo que deja a esta institución sin credibilidad.
Nuevo golpe al CSE
En enero de este año, Estados Unidos y la Unión Europea (UE) sancionaron por separado a 12 funcionarios del régimen orteguista, entre estos, Brenda Rocha Chacón, actual presidenta del CSE; Cairo Melvin Amador, vicepresidente del CSE; y Lumberto Ignacio Campbell Hooker, magistrado electoral y anterior vicepresidente del CSE.
También el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que incluyó en la lista de “actores corruptos y antidemocráticos” —conocida como “Lista Engel”—, a estos funcionarios por “socavar los procesos democráticos o las instituciones de Nicaragua”.
Además, la UE sancionó al Consejo Supremo Electoral (CSE) y al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).
¿Nueva reforma electoral?
Ante este nuevo escenario, Ortega podría estar preparando otra reforma electoral para sortear estas sanciones a magistrados electorales, principalmente al vicepresidente administrativo, de cara a las votaciones municipales del próximo 6 de noviembre.
«Deberían volver a hacer reformas, pues de lo contrario los acreedores del CSE estarán reacios a hacer transacciones con los sancionados. Ahora bien ese es un remedio temporal, pues los que asuman esas funciones correrán la misma suerte, por ello el camino de la dictadura debe ser regresar al Estado democrático, de lo contrario caerán en un círculo vicioso», manifestó un exfuncionario público que habló con LA PRENSA bajo condición de anonimato.
«El CSE va a realizar una reforma para que los bienes sean manejados por otra persona, al igual que hicieron en la Asamblea. Las sanciones afectan el manejo de fondos, entonces no podrán desarrollar actividades», dijo otro exfuncionario.
Alcances de las sanciones
Al igual que la Ley Magnitsky, estas nuevas sanciones también prohíben a las entidades financieras hacer transacciones con los sancionados, lo que les impide a estos firmar cuentas y otros actos administrados propios de los procesos electorales.
El Departamento del Tesoro, por medio de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), bloquea todas las propiedades e intereses del sancionado que se encuentran en Estados Unidos, o bien sea que estén en posesión o control de personas estadounidenses. También bloquea cualquier entidad que sea de su propiedad, directa o indirectamente, o si es propietario del 50 por ciento o más.
También las regulaciones de la OFAC por lo general prohíben todas las transacciones estadounidenses, dentro del país, o en tránsito, que involucren cualquier propiedad de las personas sancionadas, e impide la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios en favor de estos, según el comunicado que explica los alcances de las sanciones.
Mientras que las sanciones de la UE implican congelación de activos, y las personas y entidades de la UE tienen prohibido poner fondos a su disposición. Las personas físicas también están sujetas a una prohibición de viajar a la UE.
Todo esto significa que Amador queda impedido de ejercer las funciones administrativas en el cargo de vicepresidente.
Régimen mantiene a los sancionados en sus cargos
Los críticos dijeron que otra opción podría ser quitar a Amador del cargo de vicepresidente del CSE, sin embargo, un opositor que pidió ocultar su identidad por motivos de seguridad, señaló que la política del régimen orteguista es «mantener a sus cuadros en sus cargos», así que pone en duda esa alternativa.
La práctica del régimen ha sido pasar las funciones administrativas de los directivos o titulares de instituciones sancionados, a otros funcionarios de bajo perfil, como por ejemplo los vicepresidentes o secretarios, manteniendo a sus leales en los cargos de poder, como caras visibles de la institución. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, y el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, ambos sancionados por Estados Unidos, se cuentan entre algunos de esos casos.
Un experto en temas administrativos, que también pidió ocultar su identidad, valoró que los sancionados por Estados Unidos y la UE son funcionarios que toman decisiones importantes, así que las sanciones los limitarán en sus funciones.
«La ejecucion presupuestaria, las resoluciones de adjudicación, firmar los contratos para adquisición de bienes, obras, servicios, consultoría y ya sabemos que estas gestiones administrativas son claves, especialmente en un año electoral, en el que se requiere la adquisición de muchos bienes y servicio por mencionarte una de las tantas cosas, pero ahora no tiene posibilidad de firmar estos documentos y va a suceder lo que ha sucedido con la mayoría de las instituciones donde la cabeza de las instituciones ha sido sancionado, han tenido que colocar a otros funcionarios, han dado por delegación a otros funcionarios, para que juegue este papel».
El experto explicó que si bien la institución no deja de funcionar, se vuelve una situación engorrosa pasar funciones tan importantes de una persona a otra.
«Pone traba y les crea una serie de contratiempos, porque habrá que hacer las delegaciones correspondientes a ese otro funcionario o, ya que varios están sancionados, a un funcionario administrativo financiero de la institución u otro que pueda realizar por delegación esas atribuciones», agregó la fuente.
En el caso de la sanción aplicada por la UE al CSE como institución, el exfuncionario público dijo que posiblemente se haga lo mismo que ocurre con la Policía Nacional, que es otra institución sancionada, la cual hace sus trámites y transacciones a través de otras entidades.
«El mismo patrón para todos los sancionados. No importa si es vicepresidente, presidente o la institución como tal, todo será visto como una mafia que se reparten el poder y cualquier dividendo sea tangible o no», agregó la fuente.
