La Asamblea Nacional, bajo el control del régimen de Daniel Ortega, aprobó este martes 29 de marzo las reformas a la Ley del Notariado y al Código de Comercio de la República de Nicaragua, que establece controles que obstaculizan la movilidad de las propiedades y la legalización de actos jurídicos de terceros. Además, violenta el principio de confidencialidad entre el abogado y su cliente, según el análisis de juristas.
Ambas reformas fueron aprobadas con 78 votos a favor, que corresponden a los 75 diputados de la bancada del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y tres diputados de la Bancada Independiente Democrática (BID). Nueve diputados de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) votaron en contra; una abstención y dos presentes.
Sandinistas niegan ruptura de confidencialidad y la emprenden contra medios independientes
La diputada sandinista y presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea, María Auxiliadora Martínez, negó que esta ley violente la confidencialidad entre abogado y cliente.
«Se define que la función del notario es indelegable, debiendo desempeñar sus obligaciones bajo los principios de responsabilidad y confidencialidad. Como vemos, la Ley está mandando a que el notario de mantener el sigilo y la confidencialidad de sus clientes, y no como lo dicen algunos medios irresponsables de la derecha, que dicen que: el notario va a romper el sigilo y la confidencialidad de su cliente», manifestó Martínez.
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La diputada agregó que esta reforma responde a las recomendaciones de los organismos internacionales de los que Nicaragua es parte, entre estos el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
En días pasados, la académica y abogada, María Asunción Moreno, valoró que aunque estas reformas se basan en recomendaciones del GAFI, al estar Nicaragua bajo un régimen represivo que no respeta el Estado de derecho, se vuelve en amenaza contra los ciudadanos opositores.
El GAFI está integrado por nueve organismos regionales. Uno de ellos es el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) que según información divulgada en su sitio web agrupa a 17 países de América, entre ellos Nicaragua.
«Con este proyecto lo que se pretende es aprobar a nivel de ley las obligaciones que deberán cumplir los notarios como sujetos obligados. Convirtiéndolos en operadores del sistema antilavado, de acuerdo con lo que se propone en el artículo 15, numerales 15 y 16 de la ley de notariado», explicó Moreno.
Para Moreno, «pese al aparente cumplimiento de criterios técnicos impuestos por el GAFI, el régimen de Ortega está aprovechando esta reforma para imponer a los profesionales del derecho que ejercen la notaría, obligaciones que claramente violentan el secreto profesional y la confidencialidad entre cliente y notario, al exigir no solo el índice de los protocolos sino que también exige dar a conocer los actos de las partes que comparecen ante el Notario».
El diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez también defendió las reformas, asegurando que estos cambios «viene a proteger la labor de los abogados y notarios públicos».
Gutiérrez reconoció que esta enmienda obliga a los abogados a entregar información a los organismos que regulan la actividad.
«El órgano regulador de los abogados y notarios públicos por Constitución y de la Constitución para abajo, es el poder judicial, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, la Dirección de Registro y Control de Abogados Públicos; por lo tanto si nos solicitan información, nuestro deber es entregarle información a estos organismos que nos regulan, que nos supervisan y que nos controlan, entonces no hay tal que haya una ruptura del sigilo profesional», dijo Gutiérrez.
La diputada del PLC, Eneyda Jerónima Escoto Mairena, adelantó que su bancada votaría en contra de las reformas, por considerar que «atenta contra los derechos constitucionales de los profesionales del derecho y también del pueblo».
«Es claro que hay una violación a la confiabilidad, la confidencialidad que debe de tenerse en la elaboración de los contratos», agregó la diputada.
Estas reformas a la Ley del Notariado y al Código de Comercio de la República de Nicaragua fueron presentadas por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos, el pasado 21 de marzo 2022.
