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CONTENIDO EXCLUSIVO.En Nicaragua no existe un estado de derecho como tal. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), magistrados de Apelaciones y jueces han demostrado lealtad al dictador Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. Abogados y defensores de derechos humanos consideran que el poder judicial es un «tentáculo» más del régimen diseñado para violar la Constitución Política, leyes y normas.
En teoría, los representantes de los poderes judiciales en los países deben ser apolíticos, poseer independencia e institucionalidad. Pero en Nicaragua el rol político partidario del sistema de justicia fue explicado claramente por el exmagistrado de la CSJ, Rafael Solís, cuando renunció a su cargo el 8 de enero de 2019. Este exfuncionario jugó un papel importante en distintos momentos en la vida política e incluso personal de Ortega, de quien fue padrino de bodas.
«Han sembrado el miedo en nuestro país y ya no existe derecho alguno que se respete, con las consecuencias inevitables de la instalación y la consolidación al menos de una dictadura con caracteres de monarquía absoluta de dos reyes que han hecho desaparecer todos los poderes del Estado, dejando al mismo poder judicial al que yo pertenezco reducido a su más mínima expresión”, criticó el exmagistrado en su carta de renuncia a los dictadores y de paso a sus colegas que se han acomodado a servirles.
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LA PRENSA llamó a la presidenta de la CSJ, magistrada Alba Luz Ramos, para conocer su visión sobre el trabajo que realiza este poder del Estado, pero al identificarnos como periodistas cortó la llamada y no siguió conversando. Y es que el poder judicial desde hace varios años viene negando las entrevistas y el acceso a los diversos juzgados a este Diario, violando la libertad de prensa y la Ley de Acceso a la Información Pública.
Violaciones al debido proceso
El abogado penalista Julio Montenegro señaló que los operadores del sistema de justicia ejecutan una serie de irregularidades en contra de los procesados, aún cuando no se trata de acusaciones de tipo político. «Si suponemos que estamos en presencia de delitos comunes, aún así habría que ver con la situación por ejemplo de las inspecciones oculares que las realizan en la Dirección de Auxilio Judicial, tendríamos que ver la situación de los testigos (usados por Fiscalía) que cuando comparecen no dan mayores detalles o incidencias de lo que fueron sus actos investigativos en el escenario, la situación de que siempre los detenidos son trasladados del lugar donde se supone se cometió el ilícito a la Dirección de Auxilio Judicial, entre otras cuestiones que se consideran son violaciones a un debido proceso».
La influencia del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en el poder judicial ha sido denunciada durante años. La estructura de mando de la CSJ está dominada por magistrados de ese partido. En 2013, uno de los pocos magistrados liberales, Manuel Martínez —cercanos al caudillo liberal Arnoldo Alemán— reconoció a los medios que la influencia de los orteguistas era tal que controlaban al menos el 70 por ciento de la maquinaria judicial, lo que habría aumentado al 90 por ciento en los últimos años.
LA PRENSA llamó en diversas ocasiones a Martínez para entrevistarlo, pero no contestó las llamadas ni mensajes, mientras que el magistrado Virgilio Gurdián se excusó diciendo que no podía atender en el momento, pero luego no contestó.
El control partidario en la CSJ ha propiciado que las causas legales de aquellos nicaragüenses que adversan a la dictadura o son claros opositores políticos, estén engavetadas en los despachos de los operadores judiciales de este país.
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“El Instituto de Estudios Superiores del poder judicial da capacitaciones a los (profesionales del Derecho), pero es lo mismo, capacitan a los que ellos consideran que en su momento van a ser una pieza clave para ellos… debería haber un colegio independiente para la elección de los altos cargos en el poder judicial”, consideró la abogada penalista Yonarqui Martínez.
El poder judicial dominado por orteguistas y algunos «convertidos»
Actualmente en la CSJ existen 12 magistrados activos, de un total de 16. Los puestos vacantes se deben a que dos murieron (Antonio Alemán y Ligia Molina) y otros dos renunciaron a su cargo (José Adán Guerra y Rafael Solís). A todos estos funcionarios se les venció su período el pasado 10 de abril de 2019, pero se mantuvieron en el cargo al obedecer un decreto del dictador.
El poder judicial cuenta con 394 jueces (locales y de distrito de juicio, civil, ejecución, adolescentes, penal, único y laboral), en todas las dependencias judiciales de Nicaragua y 64 magistrados de apelaciones, quienes —según abogados y críticos del régimen— en su mayoría responden a los intereses del gobierno.
Alba Luz Ramos, actual presidenta de la CSJ, tiene 71 años de edad, pero aún no ha querido jubilarse. Ha sido magistrada en ese poder del Estado desde 1988 (33 años) y preside la institución desde 2010 con el apoyo del dictador Daniel Ortega. Ingresó a las filas del partido político del régimen como colaboradora antes de 1979, en los años en que jóvenes guerrilleros luchaban contra la dictadura somocista. Ramos y trabajadores judiciales de todos los niveles se han dejado ver haciendo proselitismo en actividades partidarias, violando el principio de apoliticidad del poder judicial.
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Marvin Aguilar, vicepresidente de la CSJ, fue sancionado por Estados Unidos en diciembre pasado, acusado de reportar a objetivos de la oposición para ser perseguidos, desde el cargo de secretario político nacional del Consejo de Liderazgo Sandinista que ejerce dentro del poder judicial.
Juana Méndez, magistrada de la CSJ, fue de la extinta Seguridad del Estado Sandinista. Como juez ha llevado procesos que han beneficiado al partido, como el caso del supuesto abuso sexual de Daniel Ortega contra su hijastra Zoila América Narváez, y el procesamiento por corrupción contra Arnoldo Alemán.
Yadira Centeno, magistrada de la CSJ, presidenta de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Una militante orteguista que tiene 24 años en el cargo y con edad para jubilarse. Fue una de las que firmó la sentencia para permitir la reelección de Daniel Ortega.
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Armengol Cuadra, magistrado de la CSJ, presidente de la Sala Penal, es señalado de favorecer al régimen en sentencias contra presos políticos. Apoyó la reelección de Ortega y tiene vínculos con el FSLN desde los años 80. Es magistrado desde 1997.
Ileana Pérez López, magistrada de la CSJ, electa el pasado 25 de noviembre de 2014 por la Asamblea Nacional orteguista, forma parte de la Sala Constitucional y llevó dos casos por corrupción contra el expresidente Arnoldo Alemán. Estados Unidos le suspendió la visa en 2004.
Francisco Rosales, magistrado de la CSJ, defensor incansable de la dictadura y sus abusos. Es presidente de la Sala Constitucional y padre de la sentencia que permitió la reelección de Ortega. Exrepresentante del FSLN ante la Internacional Socialista, organización que expulsó al partido del régimen en 2019 por considerar que viola los derechos humanos de los nicaragüenses. Fue ministro del Trabajo en el gobierno de Violeta Barrios.
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Gerardo Arce Castaño, magistrado de la CSJ, es hermano del asesor económico del dictador, Bayardo Arce Castaño y otra de las piezas del orteguismo en este poder del Estado. Ocupaba el rango de comisionado mayor de la Policía cuando se retiró.
Armando Juárez López, magistrado de la CSJ, es miembro del Frente Sandinista y fue inspector general de la Fiscalía y fiscal electoral, desde donde persiguió al periodista Carlos Fernando Chamorro e ignoraba las denuncias electorales de opositores contra el régimen.
Ellen Lewin Down, magistrada de la CSJ, otra pieza del orteguismo en ese poder del Estado desde el 2014, que no ha dado declaraciones a medios de comunicación independientes. Fue juez local en el Caribe de Nicaragua y llegó a ese puesto sin haber pasado por los tribunales de apelaciones.
Manuel Martínez, magistrado de la CSJ, llegó a este poder del Estado por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), pero actualmente se le considera aliado al FSLN y no se le ha visto cuestionar los ilegales juicios en contra de presos políticos. Cercano amigo del expresidente Arnoldo Alemán y fue pieza clave en las negociaciones del pacto libero-sandinista del año 2000.
Virgilio Gurdián, 72 años, magistrado de la CSJ, llegó a través del Partido Liberal Independiente (PLI). Es miembro del Consejo de Administración y Carrera Judicial. Fue elegido en 2014 cuando el FSLN se tomó la máxima estructura del poder judicial. Fue ministro del Trabajo en el gobierno de Enrique Bolaños.
El pacto Ortega-Alemán
Abogados y opositores al régimen señalan que el momento clave para el régimen ocurrió en el año 2000 con el pacto político entre el entonces presidente Arnoldo Alemán y el ahora dictador Ortega —estando en la oposición en aquel momento— lo que permitió que se repartieran las instituciones entre adeptos de ambos líderes.
Años más tarde, ya fuera del poder, Alemán fue enjuiciado por corrupción, lo que fue aprovechado por el caudillo sandinista, quien se apoderó del poder judicial. Finalmente en 2014, el FSLN eligió a 11 sandinistas, de un total de 16 magistrados. Hoy en día no queda un solo magistrado que alce la voz en contra de las injusticias y abusos del dictador.
Por otro lado, el decreto número 3-2010 de Ortega emitido en el 2010 prorrogó en sus cargos a 29 funcionarios que estaban de facto en sus funciones. Este decreto logró fuerza constitucional en enero de 2014, cuando la Asamblea Nacional, controlada por el orteguismo, aprobó la reforma parcial al artículo 130 de la Constitución Política, que cita: “Los funcionarios electos por la Asamblea Nacional continuarán en el ejercicio de su cargo, después del vencimiento de su mandato para el que fueron electos, hasta que sean elegidos y tomen posesión quienes deban sustituirlos de conformidad a la Constitución Política”.
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«Poder judicial es despojo»
Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, considera que «del poder judicial en Nicaragua solo quedan despojos. Desde hace tres años se convirtió en un instrumento político-partidario, pero antes de la crisis política y social cumplía misiones para criminalizar a los que consideran enemigos… los magistrados defienden los intereses de un partido y el partido es la porción de los intereses de un grupo que, en relación a todo un país, es reducido».
El PLC ha tomado distancia de las decisiones del magistrado Martínez. «Honestamente, yo te digo algo: qué voy a saber yo de sus actitudes y comportamientos. Lo único que sé es que ellos entraron como PLC y entiendo que son PLC”, dijo en otro momento la diputada María Haydée Osuna, presidenta de este partido.
Únicamente el magistrado Sergio Cuarezma Terán se opuso hasta el fin a las ilegalidades del orteguismo y a la complacencia del PLC. Cumplió el mandato constitucional que establecía un período de cinco años y en marzo de 2012 entregó su cargo. Sin embargo, se había retirado de su oficina desde agosto de 2010, en respuesta a «la alteración de la voluntad del poder constituyente».
Durante ese período de un año y siete meses no devengó salario alguno ni recibió «ningún otro beneficio propio del cargo», aseguró Cuarezma en ese momento. LA PRENSA lo llamó para hablar del tema, pero se excusó diciendo que no deseaba hablar de temas políticos.
Retardación de justicia para el resto
El principio constitucional relacionado con que todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección solo ha quedado en papel mojado. Muchos nicaragüenses tienen que esperar hasta años para obtener justicia por parte de los magistrados de la CSJ, y cuando se trata de casos políticos, lo que se obtiene en realidad es injusticia.
Pero la retardación de justicia no existe cuando se trata de asuntos políticos que le interesan a Ortega. El 15 de octubre del 2009, el dictador presentó un recurso de amparo ante el Consejo Supremo Electoral con la pretensión de lograr la aprobación del poder electoral para poder participar como candidato en las elecciones generales del 2011, cuando contraviniendo la Constitución Política buscaba la reelección. Para lograrlo tuvo que hacer uso de sus operadores en la CSJ, incluyendo el mismo magistrado Solís.
Solamente cuatro días después, el 19 de octubre de 2009, la Sala Constitucional de la CSJ declaró «inaplicable» el artículo constitucional que prohibía la reelección presidencial continua. Ortega participó como candidato y logró seguir como mandatario en unas elecciones plagadas de irregularidades.
El 30 de septiembre del 2010, magistrados sandinistas de la CSJ confirmaron mediante una sentencia de supuesta corte plena que el dictador Ortega podía ser candidato presidencial en las elecciones del 2011 y ordenaron al CSE que lo inscribiera como tal.
Refundar el Estado
La sentencia se originó en otra sentencia de la Sala Constitucional de la CSJ, integrada solo por magistrados sandinistas y conjueces en la que resolvieron un recurso de amparo de Ortega y en la que declararon que el artículo 147 de la Constitución sea inaplicable para Ortega.
«Al Estado hay que refundarlo. Requiere una transformación profunda para que los casos judiciales no se sigan decidiendo por la orden partidaria, es decir, el actual régimen es el que decide quién está libre, quién está preso, quién vive, quién muere, quién es expulsado de su propia tierra, la institucionalidad está secuestrada por ese partido», dijo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +.
El informe del Departamento de Estado, de Estados Unidos, sobre Nicaragua en el año 2018 sobre prácticas de derechos humanos e informes de las comisiones interamericanas de derechos humanos, señala que la Fiscalía y los jueces bajo la influencia del partido FSLN de Ortega han facilitado y respaldado los abusos cometidos por grupos armados progubernamentales y la Policía contra los manifestantes y sus partidarios.
Actualmente Ortega está conforme con sus jueces, magistrados de apelaciones y de la CSJ por su militancia partidaria, obediencia ciega y fidelidad.
