Un grupo de investigadores, docentes, estudiantes y personas que conforman la comunidad académica en Europa, América Latina, África, Asia y Oceanía denunciaron, a través de un pronunciamiento con más de 250 firmas, los recientes ataques perpetrados por el régimen de Daniel Ortega contra al menos una decena de universidades privadas, cuyas personerías jurídicas fueron canceladas.
El régimen de Ortega ejecutó de manera arbitraria y fuera del marco de la ley el despojo de personerías jurídicas a universidades privadas, una acción que ya había emprendido contra la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), cuyo control de las instalaciones, al igual que de las otras casas de estudio, fue adjudicado al Consejo Nacional de Universidades (CNU) y la Unan-Managua, ambas entidades del Estado.
Entre diciembre y febrero los diputados de la Asamblea Nacional cancelaron las personerías de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli); la Universidad Católica del Trópico seco (UCATSE), la Universidad Popular de Nicaragua (Uponic); la Universidad nicaragüense de Estudios humanísticos (UNEH) y la Universidad Paulo Freire (UPF).
A estas casas de estudios se suman siete universidades originarias de Estados Unidos, Panamá y Costa Rica.
A través de un pronunciamiento, los 257 firmantes manifestaron que, aunque los trámites ejecutados por el Ejecutivo fueron introducidos «con carácter de urgencia», varias señales ya anunciaban la embestida contra los centros universitarios», y a manera de ejemplo citan la situación de la Universidad Centroamericana (UCA), entidad a la que nuevamente le redujeron el presupuesto entregado del seis por ciento constitucional.
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«Una de ellas ha sido el asedio financiero, político, policial y mediático sufrido por la UCA. Hace varias semanas, este centro de estudios había alertado sobre el recorte del presupuesto del 6 por ciento, constitucionalmente asignado a las universidades para financiar las becas de estudiantes de escasos recursos, muchos de los cuales proceden de los departamentos», señala el documento.
El objetivo que persigue el régimen
Los catedráticos manifestaron que las leyes «liberticidas» aprobadas por la dictadura a finales de 2020 —como la Ley de Agentes Extranjeros—, han tenido como objetivo «desmantelar los espacios de organización», contra aquellas instituciones que promueven el desarrollo comunitario, defensa de derechos humanos, libertad de expresión, ejercicio del pensamiento crítico y acceso a la educación de calidad.
«El Ministerio de Gobernación ha operado como una estructura represiva cuya estrategia es bloquear los trámites y negar los avales para las organizaciones de la sociedad civil e incluso de muchas de las universidades recientemente canceladas y expropiadas. Además de un atropello a la autonomía universitaria, el cierre y la posterior confiscación de los recintos universitarios ha interrumpido abruptamente la carrera de miles de estudiantes», indicaron los firmantes.
Hasta ahora el régimen no ha dicho si el Estado pagará a los dueños de las universidades privadas algún tipo de indeminización por las instalaciones que ahora están bajo el control del CNU, que ha anunciado que continuará cobrando aranceles a la comunidad estudiantil.
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Entre los argumentos que ha utilizado el orteguismo para quedarse con las universidades privadas figura que estas no han reportado sus estados financieros con desglose detallados conforme a los periodos fiscales y cuyas juntas directivas se encuentran acéfalas, impidiéndole al ente regulador identificar quiénes son los representantes y los asociados de la entidad.
Exponen situación de presos políticos
Por último, los investigadores, docentes y estudiantes, expusieron la situación que viven los presos políticos de Nicaragua en las diferentes cárceles del país.
«Estas condiciones de tortura carcelaria a la que las personas encarceladas injustamente están siendo sometidas han provocado el deterioro de su salud física y emocional, así como la de sus familias y, el doce de febrero recién pasado, han desembocado en la muerte del exguerrillero Hugo Torres, personaje clave en el derrocamiento de la dictadura somocista (en 1979) y durante el periodo revolucionario de los años 1980».
«Hoy, por la situación apremiante que se vive, denunciamos los ataques contra las universidades en
Nicaragua y nos solidarizamos con nuestros colegas privados hasta de su derecho a protestar», finalizó.
