Tras la decisión del régimen de Daniel Ortega de transformar en «estatales» las seis universidades privadas a las que canceló su personería jurídica, la comunidad estudiantil debería de recibir de forma gratuita la educación superior y no pagar «bajos aranceles», como lo anunció recientemente el Consejo Nacional de Universidades (CNU), institución que tomó el control absoluto de estas casas de estudios.
De acuerdo con explicaciones del exrector y expresidente del CNU, Ernesto Medina, al ser nombrado el CNU como «interventor» de estas universidades, los estudiantes de los recintos cancelados deben recibir el mismo trato que el órgano rector brinda a las universidades públicas «y no pagar ni un centavo».
«No tiene ninguna lógica, por mucho que le bajen los aranceles están contraviniendo totalmente el espíritu de la Ley (89) y el discurso de ellos de que la educación es gratuita (…) por muy bonito que la pinten, al final es una inmoralidad enorme, porque vas a tener a estudiantes privilegiados de la UNAN donde no pagan nada y una universidad nacional en la que sí van a pagar», refutó Medina.
Este lunes la Asamblea Nacional aprobó con «trámite de urgencia» tres leyes que sustituyen la razón social de las universidades canceladas la semana pasada y ordenó crear tres universidades estatales, las cuales se encargarán de administrar las seis casas de estudios privadas ilegalizadas.
Las normativas aprobadas de forma expedita refieren que, en el caso de la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) pasará a ser la Universidad Nacional Politécnica (UNP), mientras que la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco (Ucatse) ahora pasará a ser Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda.
En tanto, los recintos como la Universidad Hispanoamericana (Uhispam), Universidad Nicaragüense de Estudios Humanitarios (UNEH), Universidad Popular de Nicaragua (Uponic) y la Universidad Paulo Freire (UPF) se fusionarán en una misma como Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés.
Estudiantes de la extinta Upoli confiaron a LA PRENSA que hasta ahora las autoridades no responden a sus inquietudes, por lo que están expectantes de los nuevos costos en los aranceles, pero esperan que al transformarse en estatal el CNU reconsidere la decisión y elimine estos pagos.
Régimen expropió universidades
Medina consideró que con la aprobación de estas leyes el régimen de Ortega no solo formalizó la nacionalización de la educación superior, sino que también ejecutó una expropiación de facto contra estas casas de estudios.
Entre los argumentos que utilizó el orteguismo para quedarse con las universidades privadas figura que estas no habían reportado sus estados financieros con desglose detallado conforme a los periodos fiscales y cuyas juntas directivas se encontraban acéfalas, impidiéndole al ente regulador identificar quiénes son los representantes y los asociados de la entidad.
Al apoderarse de estas instalaciones universitarias, según Medina, el régimen violenta el artículo 44 de la Constitución Política que prohíbe las confiscaciones. «Se prohíbe la confiscación de bienes. Los funcionarios que infrinjan esta disposición responderán con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos».
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«Tanto la Upoli y Ucatse tienen un patrimonio importantísimo; la Upoli tiene terrenos valiosísimos y la Ucatse tal vez un poquito menos, y aquí realmente se les está expropiando, porque quitarles la personería jurídica es una cosa, pero expropiarles los edificios y todo lo demás es otra», enfatizó Medina.
«Una universidad no es una ONG que tiene su oficina y un proyecto que otro, aquí se trata de instituciones de un personal importante que estaba beneficiando a un número importante de personas y que tenía un patrimonio y ahora se lo está apropiando el Estado sobre una ley expresa que prohíbe las expropiaciones», agregó el catedrático.
Durante la sesión parlamentaria, el diputado orteguista Moisés Absalón Pastora argumentó que con la creación de las tres universidades se está haciendo «justicia» a todos los estudiantes que habían sido afectados por los «comerciantes de la educación universitaria».
«Las universidades con todo el peso de lo que representan han sido absorbidas responsablemente por el CNU y en ese sentido asiste la razón a ubicar y corregir este tipo de situaciones (…) y decirles que no tienen por qué preocuparse, que las carreras continúan y que hemos ido en rescate moralmente que les correspondían», dijo Pastora.
Colapso de la educación
Para el especialista en educación, el argumento del régimen de rescatar la moral de la universidad bajando los aranceles no solo es una gran mentira, sino que todas estas decisiones acarrearán repercusiones graves a la calidad educativa en Nicaragua, que desde que Ortega llegó al poder ha venido en declive.
«Para bajar aranceles se necesita hacer cálculos, de cuánto me cuesta mantener los edificios, el pago de los profesores, las carreras que tengo disponibles, eso no lo han hecho y bajar de un plumazo los aranceles probablemente provocará un problema serio en las universidades y cómo lo van a resolver, despidiendo a trabajadores, ofreciendo una pésima calidad a los muchachos (…) La cuenta va a costo de la calidad», advirtió Medina.