El observatorio de Femicidio hasta el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, había registrado un total de 8 crímenes en contra de mujeres nicaragüenses en lo que va del año. El domingo 13 de marzo encontraron los cuerpos sin vida de Mary Martínez Fenly, en la Costa Caribe Norte, y de la joven de iniciales B.O.H., originaria de Jinotega.
El pasado 3 de enero, Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, anunció a través de su comunicación diaria que en coordinación con otras entidades del Gobierno preparaban una estrategia para la prevención y lucha contra los femicidios. Sin embargo, mujeres activistas han señalado que esto solo era parte de su discurso político y que el Estado de Nicaragua no se preocupa por la vida y los derechos de las mujeres.
«Se sigue matando a las mujeres en Nicaragua, las mujeres siguen desapareciendo. Se está normalizando de manera alarmante la violencia sexual y los secuestros a niñas y adolescente, y no veo ningún pronunciamiento, no veo ninguna acción contundente, acción preventiva, no hay investigaciones reales de los casos, para trabajar derechos humanos de las mujeres y trabajar los efectos y causas de la violencia», afirmó una integrante de la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV).
Asimismo, aseguró que en Nicaragua nunca ha existido una prioridad por los derechos de las mujeres para erradicar la violencia y los femicidios porque «si fuera así, con la Ley 779 y con un modelo de prevención integral, con campañas educativas y preventivas estuvieras hablando de una reducción grandísima de femicidios».
Una socióloga especialista en temas de violencia de género, que por seguridad prefiere omitir su nombre, señaló que la estrategia mayormente se ha basado en la reapertura de Comisarías de la Mujer, sin embargo, para que estas sean eficaces el Gobierno y las autoridades deben crear políticas públicas integrales que respalden el derecho a vivir de las mujeres. “Puede realizar las Comisarías ¿va a restituir la especialidad dentro de las Comisarías? Lo que debería de derivarse en programas, políticas, acciones y presupuestos para que las instituciones del Estado la asuman con responsabilidad”, indicó.
La coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir, Martha Flores, aseguró que esta estrategia es una «línea más de su discurso político y esta estrategia es una burla más hacia las mujeres».
Descentralización de los poderes del Estado
Para que la estrategia de prevención sea efectiva —según la socióloga— se debe de empezar por la descentralización de los poderes del Estado para que el sistema de justicia pueda encargarse de manera eficaz de los casos de violencia hacia las mujeres. “Es una mera propaganda debido a las condiciones que se encuentra el país. En el Presupuesto General de la República siguen sin mostrar ninguna inversión para esto, y mientras no sea una especialidad dentro de las Comisarías atender a las mujeres, pueden reabrirlas, tomarse la foto y un día después las mujeres llegan y no hay ningún tipo de atención especializada a ellas”, indicó.
Por su parte, Flores mencionó que se debe de recordar que los poderes e instituciones del Estado están manipulados. «Sabemos que la Ley 779 fue manipulada a través de un Decreto Presidencial, los poderes deben apartar sus funciones diferenciadas pero son un monopolio».
Comisarías de la Mujer no son la solución
“Importante decir que en la agenda de la Policía Nacional está por un lado los relanzamientos de las Comisarías de la Mujer, también la elaboración de una estrategia nueva de protección, promoción de valores, que nos permita detener los femicidios, porque bueno, eso es una plaga, una peste, una pandemia en el mundo entero, y no somos excepción, es un asunto cultural, atraso, irrespeto”, comentó Murillo.
La integrante de la RMCV aseveró que no importa cuántas Comisarías existan en el país porque los casos de mujeres víctimas de violencia siguen en aumento; las niñas siguen estando expuestas a sufrir agresiones. Resaltó que estamos en una situación alarmante que necesita respuesta urgente, pero no se ha visto ninguna acción.
«Otro obstáculo es que no están atendiendo a las mujeres, hay lugares que ni siquiera le toman la denuncia o si la toman, las culpabilizan, las hacen sentir vergüenza, las regresan con su agresor a la casa sin hacer práctica de medidas cautelares. Nicaragua tiene una crisis institucional de irrespeto a los derechos humanos gravísima y no solo en las Comisarías. Si la denuncia logra pasar, se detiene el proceso en el Ministerio Público o en los juzgados por la falta de preparación en el personal y falta de sensibilidad», afirmó la activista feminista integrante de RMCV, quien agregó que el Ministerio Público debe ser el garante de defender a las mujeres víctimas de violencia y no lo está haciendo por falta de una ruta crítica y especializada para la atención a las mujeres.
También explica que parte de la problemática es la violencia ejercida por las funcionarias en las Comisarías de la Mujer, por lo que afirma que si no hay una respuesta por parte del Estado se van a seguir cometiendo femicidios, violencia sexual y desapariciones de mujeres.
Cadenas perpetuas para femicidas no es la única solución
“Recordemos que precisamente por eso se puso en Nicaragua la cadena perpetua, prisión permanente, de vida, por los crímenes atroces que en general se han cometido contra las mujeres”, fue otra de las líneas que Murillo enfatizó en su discurso cuando anunciaba esta nueva estrategia, sin embargo, la socióloga afirma que esto no necesariamente va a detener la violencia.
La coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir afirmó que las autoridades liberan a reos comunes que son acosadores, abusadores y violadores, lo que perpetúa los crímenes contra mujeres, que tienen como máxima expresión los femicidios. «Esa estrategia que ellos anuncian no es más que populismo y más que burla, que siempre se han burlado de las mujeres, y eso nos cuesta la vida. Son muertes como decir anunciadas, porque no hay estrategias que nos permitan estar trabajando a todos los involucrados», dijo.
Además explicó que la violencia es un tema que involucra a la ciudadanía, donde la sociedad tiene que cumplir con una parte, pero el Estado está obligado a cumplir con la protección de la vida de las mujeres desde la educación o se van a seguir presentando fallas permanentes.
De igual manera, esta especialista que trabaja en temas de violencia mencionó que el Estado y el Gobierno deben de eliminar la complicidad con los agresores y los femicidas, así como la impunidad con que goza la violencia machista en el país. “¿Se van a comprometer a dejar de liberar a femicidas de la cárcel? No es la cadena perpetua lo que va a detener este problema”, aseveró la socióloga.
