Continuando con lo que defensores de derechos humanos han llamado una «farsa judicial» contra los presos políticos, el poder judicial programó para el próximo jueves 3 de marzo el juicio contra los involucrados en el caso conocido como Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), por el que permanecen detenidas cinco personas.
Los presos políticos que procesarán en el caso son: la exprecandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios, exdirectora de la FVBCH; su hermano Pedro Joaquín Chamorro, directivo de la Fundación; y los empleados Walter Gómez, administrador financiero; Marcos Fletes, contador y Pedro Vásquez, conductor de Cristiana Chamorro.
Como el resto de juicios de los presos detenidos en las instalaciones del Complejo de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), este proceso también se realizará en dicho centro policial y no en un juzgado como establece la ley. Los cinco acusados enfrentan diversos delitos.
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Los delitos que les imputan a los cinco acusados
El juez Noveno de Distrito Penal de Juicios de Managua, Luden Martín Quiroz García, estará a cargo del proceso. Este es el mismo juez que en días pasados condenó a varios presos políticos por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional.
A Ana Margarita Vijil, dirigente de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), antes Movimiento Renovador Sandinista (MRS), le impuso 10 años de prisión; y al periodista y cronista deportivo Miguel Mendoza Urbina, 9 años. También declaró culpable del mismo delito a Mauricio Díaz, exdiplomático y dirigente de Ciudadanos por la Libertad (CxL), pero a él todavía no le dicta sentencia.
A Cristiana, de 68 años; Gómez, de 54 años, y Fletes, de 42 años, los acusan de los supuestos delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida y lavado de dinero, bienes y activos. A su hermano Pedro Joaquín lo acusan de gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida. Y a Vásquez, quien se desempeñaba como conductor de Cristiana, lo acusan de supuesto delito de colaborador necesario para el delito de lavado de dinero, bienes y activos.
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Cuatro forman parte de los presos políticos que están en la DAJ
Los cinco acusados en este proceso forman parte del grupo de 51 presos políticos capturados en la redada realizada entre el 28 de mayo y el 22 de noviembre pasado. Gómez y Fletes encabezan la lista, a ambos los capturaron de forma violenta y sin orden judicial el pasado 28 de mayo. Desde entonces están recluidos en condiciones precarias en el Complejo de la DAJ, conocido como nuevo Chipote, y sus familiares han denunciado el deterioro físico y de salud que estas les han provocado.
De los cinco, la ex precandidata presidencial es la única que permanece bajo arresto domiciliario. Le aplicaron dicha medida el pasado 2 de junio, luego de que un fuerte contingente policial allanó su casa durante más de cinco horas. Desde entonces su casa permanece bajo custodia policial.
Antes de capturarla, a Cristiana la entrevistaron dos veces en el Ministerio Público. Ella era una de las aspirantes a la candidatura presidencial que punteaba en las encuestas. En ambos interrogatorios ella se declaró inocente, ya que los fondos que manejaba la FVBCH procedían de la cooperación internacional. Por tanto, no tiene un origen ilícito y no pueden lavarse.
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En mayo empezó la cacería contra la FVBCH
Sin embargo, la cacería continuó y a los pocos días comenzaron las capturas con Gómez y Fletes el 28 de mayo. Luego, Cristiana el 2 de junio, Vásquez, de 60 años, el 15 de junio, y Pedro Joaquín, de 70 años, el 25 de junio pasado.
La familia de Vásquez teme por su vida, ya que su salud se ha deteriorado y sufre constantes subidas de presión que han ameritado el cambio de medicamento. Sin embargo, no han logrado que las autoridades judiciales autoricen la revisión médica que han solicitado.
Por este caso también fueron citados al Ministerio Público más de cincuenta periodistas, entre reporteros, directores de medios y trabajadores de la FVBCH, que nació en 1997 para liderar la defensa de la libertad de expresión y fortalecer las capacidades del periodismo nacional.
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