El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en lo que va del 2022 sesionará por segunda ocasión este viernes 18 de febrero, para abordar la situación de Nicaragua, en alusión a la crisis sociopolítica y de derechos humanos que se vive en el país desde abril 2018, y que se agudizó en el contexto de las cuestionadas elecciones de noviembre 2021. Pero, ¿qué se puede esperar de esta reunión?
Fuentes diplomáticas y cercanas a la OEA adelantaron a LA PRENSA que este viernes no habrá ninguna resolución, sino que se espera escuchar las intervenciones de la Secretaria General del organismo, liderada por Luis Almagro; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, defensores de derechos humanos, familiares de presos políticos y representantes permanentes de los Estados Miembros. El enfoque estará centrado en la situación de los reos de conciencia y los derechos humanos en Nicaragua.
La sesión extraordinaria que se llevará a cabo en forma virtual este viernes a las 2:30 de la tarde (hora de Washington DC, 1:30 p.m. hora de Nicaragua), fue solicitada por la Misión Permanente de Canadá ante el organismo, en nombre de las delegaciones de Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Ecuador y Estados Unidos.
Además, expertos en relaciones y derecho internacional consultados por LA PRENSA coinciden en señalar que en esta sesión no se puede esperar que se presente, vote o apruebe alguna resolución, no obstante, reconocen que es un buen paso para llegar a convocar a una asamblea general extraordinaria de la OEA.
¿Qué esperar de la sesión?
El politólogo y analista del Diálogo Inter-Americano en Washington, Manuel Orozco, refiere que se debe tener claro que el propósito de la sesión del Consejo Permanente es de parte de los Estados Miembros para «retraer la situación crítica por la que pasa Nicaragua».
«Esa reunión es para informar a cada país sobre la magnitud de impunidad que existe en Nicaragua. Habrán expertos, testigos, evidenciando la impunidad en todos su niveles, la premeditación para encarcelar a los presos; la transgresión al debido proceso legal, el maltrato que resalta la forma cruel e inusual de castigar a los ciudadanos, y la negación de trabajar por una solución pacífica por el bien de todos», sostiene Orozco.
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En esa misma línea, Carlos Cascante Segura, profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica (UCR), coincide con lo anterior y afirma que «según tengo entendido no buscan una resolución en este caso, sino plantear y hacer un tema noticioso, que tenga bastante resorte internacional de las atrocidades del régimen contra los reos de conciencia, especialmente tras la muerte de Hugo Torres».
El reciente 12 de febrero falleció el preso político Hugo Torres Jiménez, general en retiro del Ejército Popular Sandinista (EPS), exguerrillero y reconocido por su participación en los dos operativos más importantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) para derrocar a la dictadura somocista.
Partiendo de eso, Cascante Segura indica que lo más probable es que los representantes permanentes de los países proponentes de la reunión lo que busquen es «señalar toda las series de arbitrariedades que se producen en este tipo de juicios, o bien sanciones sumarias que está imponiendo el régimen Ortega-Murillo».
¿Qué buscan los países que propusieron sesionar?
Este 15 de febrero, la Misión Permanente de Canadá ante la OEA solicitó al Consejo Permanente de esta organización, en nombre de las delegaciones de Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Ecuador y Estados Unidos, celebrar la reunión extraordinaria este viernes 18 de febrero para abordar la situación de Nicaragua.
A lectura de Orozco, en esa sesión se planteará que «bajo estas condiciones de impunidad, para cada Estado Miembro es moral, legal y políticamente indefendible mantener el silencio sobre lo que ocurre en Nicaragua», por lo que considera que «están moviendo sus esfuerzos hacia ejercer mayor presión diplomática, política, económica para resolver la crisis en que se encuentra el país».
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Reconoce que «no hay voto, no hay resolución. Pero es un trabajo para lograr convocar una asamblea general extraordinaria».
Mientras, Cascante Segura refiere que en este caso la «estrategia de los proponentes es aumentar el volumen de acusaciones contra el régimen Ortega Murillo porque tienen la necesidad de no entrar en una situación de inercia respecto del caso nicaragüense porque si no se realiza este tipo de acciones la situación de Nicaragua podría caer en una suerte de normalidad que evidentemente favorece al régimen».
Por su parte, el nicaragüense Eddy Acevedo, asesor senior del presidente del Woodrow Wilson Center (o Centro Nacional para Académicos Woodrow Wilson de Estados Unidos), reconoce que «es hora de que la OEA actúe y no solo hablar sobre sus preocupaciones con amenazas vacías. El pueblo de Nicaragua merece mejor. Se tiene que aplicar la Carta Democrática o se pone en peligro la credibilidad de la OEA».
El año pasado, se realizaron siete sesiones para analizar la situación de Nicaragua, seis del Consejo Permanente y una en la Asamblea General, esto produjo cuatro resoluciones con la mayoría de votos de los países 34 países miembros.
Sesión tras los resultados infructuosos de Almagro
Esta sesión se da casi un mes después de que el secretario general de la OEA dio a conocer el 19 de enero, durante una sesión del Consejo Permanente del organismo, los resultados de las gestiones diplomáticas realizadas con Nicaragua, para que el régimen de Ortega permita el ingreso al país a una misión de alto nivel.
«Nuestras expectativas recibidas no constituyen progresos específicos que abrieran procesos de trabajo, tampoco es pertinente decir que ha habido hasta ahora, hasta este Consejo Permanente, un rechazo formal o definitivo a los contactos y trabajos iniciados. Definitivamente de las gestiones emprendidas no se ha recibido el beneplácito para el envío de una misión de buenos oficios de alto nivel, tal como lo ha solicitado el Consejo Permanente en su resolución de diciembre pasado. Es decir, no se ha recibido respuesta formal», declaró Almagro.
El 8 de diciembre, el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución en la que afirma que Nicaragua incumple sus compromisos con la Carta Democrática Interamericana y solicitó al régimen de Daniel Ortega aceptar una misión de alto nivel que ayude a solucionar la crisis sociopolítica del país y a conducir a la realización de reformas electorales integrales.
OEA condenó muerte de Hugo Torres
A través de un comunicado, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó el sábado reciente el fallecimiento del general en retiro y preso político Hugo Torres Jiménez, y calificó de «abominable» el hecho de que en Nicaragua se mantenga en las cárceles a reos de conciencia con enfermedades terminales.
«La Secretaría General de la OEA condena el fallecimiento del preso político general Hugo Torres, detenido por el régimen de Nicaragua, y condena categóricamente la persecución y detención arbitraria por razones políticas en el país», señala el comunicado del organismo.
